Las medidas de represión deberán ajustarse a derecho, aclara

Ratificará el Senado el convenio antiterrorismo

El documento, aprobado en comisiones El país se compromete a tipificar como delito el entregar o detonar un artefacto explosivo

ANDREA BECERRIL

El Senado de la República aprobó ya en comisiones la ratificación del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero advierte que las medidas que cada país tome en la lucha contra "ese flagelo de la humanidad" deberán ser de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, para evitar medidas unilaterales que atentan contra el espíritu de cooperación.

En el dictamen, que se pasará a la aprobación del pleno el próximo martes, los senadores de todas las fuerzas políticas resaltan que México siempre ha manifestado que el combate al terrorismo debe inscribirse en el marco de la jurisprudencia internacional, por medio de acciones concertadas, y por ello, las normas aplicables deberán regirse por una interpretación genuina del derecho a la legítima defensa, y en todo momento y circunstancia adecuarse a los parámetros de proporcionalidad.

Asimismo, los legisladores hacen notar que, en el transcurso de los años, la comunidad internacional ha establecido un amplio marco jurídico en materia de terrorismo, y el instrumento que habrá de aprobarse forma parte del mismo, en un afán de "mantener la paz, la seguridad internacional y el fomento de la cooperación mundial en la solución de problemas que no reconocen fronteras ni soberanías.

La decisión de someter el convenio a análisis y votación obedece a la resolución 13/73 del Consejo de Seguridad de la ONU, emitida a consecuencia de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, para que todas las naciones que forman parte de ese organismo tomen acciones directas en la materia, principalmente con la incorporación de todos aquellos tratados o acuerdos encaminados a combatir el terrorismo.

En ese sentido, al ratificar el Senado el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, el gobierno mexicano se comprometerá a tipificar como delito, conforme a su Código Penal Federal, el "entregar, colocar, arrojar o detonar un artefacto o sustancia explosivos u otro aparato mortífero en o contra un lugar público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura". Ello, además, "con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales, o con el propósito de provocar una destrucción significativa en ese lugar, instalación o red que produzca o pueda producir un gran perjuicio económico".

Se considerará culpable a quien haya actuado como cómplice

De acuerdo con el convenio, adoptado por la ONU el 15 de diciembre de 1997, se considerará que cometió ese acto ilícito quien haya actuado como cómplice, al organizar o dirigir a quien hubiera lanzado la bomba o a quien "contribuya de algún otro modo a la realización de ese delito por un grupo de personas que actuán con un propósito común".

Las comisiones dictaminadoras consideraron pertinente que se ratifique ese instrumento internacional, "puesto que resulta prioritaria la solución del problema terrorista en el mundo, para lo cual se requiere la inmediata cooperación de la comunidad internacional en la aplicación de mecanismos que repriman eficazmente a los causantes de tan deleznables actos".

Hacen notar, asimismo, que en el Código Penal Federal se tipifican ya los delitos, por lo que no será necesario legislar para incorporarlos, como se establece en el convenio.