Sería tanto como revisar la Ley Agraria de 1915, considera el magistrado en la sentencia
Desestima juez petición de Acazulco de que se anule reparto de tierras de 1946
ROSA ROJAS
El noveno tribunal unitario agrario, con sede en Toluca, declaró ayer improcedente y decretó que se archive la demanda del poblado de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, estado de México, en el sentido de que se anule la resolución presidencial de 1946, de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales de San Pedro Atlapulco, lo que habría afectado además a las comunidades San Juan Coapanoaya y Asunción Tepezoyuca.
Con esta resolución se aleja la posibilidad de que se desate "una guerra entre comunidades", que habría provocado el hecho de que prosperara la pretensión de Acazulco, según consideraron los representantes de las comunidades involucradas en la demanda, al señalar que ''sólo generaría división e incertidumbre legal sobre las tierras, las cuales están siendo invadidas por grandes empresas inmobiliarias" (La Jornada, 8/07/2002), manifestó el comisariado de bienes comunales de Atlapulco, Mario Flores Juárez.
El magistrado Jorge J. Gómez de Silva Cano consideró en su sentencia que ''los actos cuya nulidad se invoca'' cumplieron con las previsiones establecidas en la Constitución y las leyes agrarias que en su momento estuvieron en vigor, y pretender que el tribunal conozca, ''a más de 50 años de distancia, sobre resoluciones presidenciales que se emitieron para satisfacer las demandas agrarias de los campesinos y que han quedado firmes por su consentimiento, al no haber sido impugnadas en tiempo y forma o que habiéndolo sido se confirmaron por la autoridad competente, sería tanto como pretender que se someta a revisión de los tribunales agrarios todo el procedimiento del reparto iniciado por la Ley Agraria de 1915...".
Más adelante apunta: ''es inconcebible hoy intentar que las resoluciones por las cuales se constituyeron más de 29 mil ejidos y casi 3 mil comunidades agrarias... se sometan a revisión para alentar añejas rencillas entre los campesinos, en beneficio de intereses ocultos que hoy en día se dan en el campo mexicano, con el ánimo de dejar sin efecto los alcances del reparto agrario que hizo justicia a la clase campesina de este país, por ello no puede este tribunal agrario, por ningún motivo, aceptar una competencia que cuestiona el devenir histórico de México...''.
El magistrado Gómez de Silva dictaminó además la ''falta de personalidad'' y "falta de legitimación procesal activa" de quienes se ostentaban como miembros del comisariado de bienes comunales del poblado de San Jerónimo Acazulco, dado que éste constituye, junto con el pueblo de Santa María Tepezoyuca, una sola comunidad agraria, y "en el caso se advierte que la elección de que quienes se ostentan como presidente, secretario y tesorero de San Jerónimo Acazulco fueron designados por una parte de los miembros de la comunidad agraria, pues no participaron en dicho proceso los habitantes del pueblo de Santa María Tepezoyuca".
El comisariado Flores Juárez afirmó por su parte que con esta resolución del magistrado Gómez de Silva "se confirma que San Pedro Atlapulco tiene, con sus argumentaciones jurídicas e históricas, el derecho sobre estas tierras, cuya disputa datan del siglo XVI. Han existido muchas pretensiones de Acazulco sobre el territorio de Atlapulco, y hoy que alcanzan un valor incalculable por el valor turístico e inmobiliario que tienen, reiteramos que la integridad territorial de Atlapulco sigue en pie y se va a defender, no sólo en lo legal, sino también en lo social, ya que los municipios de los alrededores van creciendo".
Subrayó que los intereses que menciona el magistrado Gómez de Silva "se ven frenados, porque con esta sentencia hay certeza jurídica para todos los poblados, incluyendo Acazulco, ya que anular las resoluciones presidenciales como se pretendía es dejar el paso a inversionistas que codician estas tierras y se las arrebaten a sus dueños originarios".
Respecto del tipo de ambiciones que hay sobre las tierras de la región, mostró la copia de una carta que el entonces presidente municipal de Xalatlaco, Fernando Ferreyra Olivares -actualmente diputado local priista- envió a Carlos Hank Roon (sic) el 16 de febrero de 2000.
El munícipe se dirige al empresario "para informarle sobre la franja comunal que tanto anhela usted y que se encuentra del lado norte de nuestro municipio, ya están abandonadas por parte de la delegación de Atlapulco, pero los vecinos de Santiago Tilapa reconocen estas tierras, pero eso no es nada lo cierto es que ellos no cuentan con sus títulos de propiedad. Ellos no tienen nada que reclamar y por lo tanto esa franja puede tomarse y por el lado sur la delegación de Coatepec de las Baleas tampoco cuentan con títulos de propiedad de esa zona boscosa, esa zona se denomina el Cuilote, también puede tomarse y por último la zona oriente de Xalatlaco, Agua Grande".
"Le informo a usted que al pueblo lo tengo ya controlado al ciento por ciento y el proyecto puede iniciarse cuando usted lo determine", agrega. Ferreyra Olivares finaliza la misiva con un "quedo de usted como su infinito servidor".
