Aznar, protector del franquismo

Abrir los archivos y condenar el genocidio de esa dictadura, clamor

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Barcelona, 23 de octubre. La dictadura de Francisco Franco (1939-1975) desarrolló un complejo sistema represivo: 192 campos de concentración albergaron a los cerca de medio millón de personas aprisionadas tras el alzamiento militar contra la Segunda República española, y desde ahí se intentó ''doblegar'' a cientos de miles de prisioneros, según una de las conclusiones del congreso Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la Guerra Civil y el franquismo, que finalizó hoy en el Museo de Historia de Cataluña de esta ciudad.

Los historiadores y periodistas que participaron en el primer foro de estas características apelaron a la ''justicia histórica'' para reclamar al Estado español que propicie la apertura de todos los archivos relacionados con este negro episodio.

El congreso, que reunió durante dos días a destacados investigadores, sacó a la luz una serie de datos recabados por medio de la tradición oral y de la información pública que se ha abierto al escrutinio de los historiadores, y que ha permitido que ahora, según datos fiables en términos historiográficos, se pueda afirmar que la dictadura franquista provocó la muerte a alrededor de 150 mil personas y condenó a otro medio millón a sufrir los estragos de los campos de concentración, las cárceles y los trabajos forzados.

Según la tesis de Javier Rodrigo, historiador del Instituto Universitario Europeo de Florencia, fueron precisamente los campos de concentración franquistas ''el primer eslabón'' de la compleja ''cadena depuradora y represiva sobre el ejército republicano derrotado, en el sentido militar, intendente, estratégico, funcional, económico, moral, ideológico y social''.

Desde estos siniestros lugares, diseminados por todo el territorio y que se caracterizaban por las condiciones infrahumanas y el hacinamiento, se establecían las clasificaciones de los prisioneros: el grado "A" era el de los "afectos" al régimen y que se traducía en la libertad inmediata o el traslado al frente de batalla, según la época; el "B" los definía como "voluntarios en las filas republicanas sin responsabilidad"; el "C", los ''enemigos de la patria que podían ser acusados de rebelión militar'', y el "D" eran los supuestos responsables de delitos comunes. Estos últimos fueron sometidos a trabajos forzosos o consejos de guerra, que muchas veces derivaron en ejecuciones sumarias y fusilamientos colectivos.

Carmen Molinero, de la Universidad Autónoma de Barcelona y una de las organizadoras del congreso, explicó a La Jornada que ''las investigaciones de la represión franquista son muy largas en el tiempo, porque al terminar la dictadura se convirtió en uno de los temas de investigación. Desde entonces se ha trabajado mucho en distintos ámbitos, sobre todos los relacionados con las víctimas mortales, que implicó una gran labor, porque la investigación siempre se hace a partir de la fuente oral y localizando documentos fiables en los registros de cementerios y hospitales, pues en el Registro Civil no aparece si los muertos habían sido víctimas de la represión".

Molinero reconoció que "nunca" será posible dar una cifra definitiva y exacta de las víctimas mortales de la dictadura, "porque de una parte importantísima de esas ejecuciones tenemos solamente los nombres de las personas, pero no sus cuerpos, por lo que no es de extrañar que recientemente se hayan hecho las exhumaciones de fosas comunes" en diversos territorios de España.

Rodrigo añade a este debate la constatación de que "los campos cumplieron su función represiva y en ellos se dejaron sentir las tendencias de grado totalitario en el trato a los prisioneros de guerra. Esto se puede afirmar no sólo por las pruebas que de ellos nos dan la inquietante presencia de agentes de la Gestapo en San Pedro de la Cardeña o las demenciales investigaciones sobre siquismo marxista y la pureza de la raza hispánica del Gabinete de Investigaciones Sicológicas de Vallejo-Nágera, sino también por el endurecimiento de las condiciones de vida en los campos, el mantenimiento a veces indefinido del internamiento y por la articulación de programas de reducación ideológica, moral y religiosa sobre los prisioneros"

Desafortunadamente todavía "no podemos acceder a mucha información sobre lo ocurrido en el franquismo, para empezar la Fundación Francisco Franco (regentada por familiares del ex dictador, que es al mismo tiempo la organización civil más beneficiada con aportaciones económicas por el Ministerio de Cultura del Ejecutivo español de José María Aznar) se niega a ceder la documentación que se llevó".

Expone Molinero: "Significa que ciertamente hay poca voluntad del Estado para aclarar ese pasado inmediato, por eso reivindicamos la generación de memoriales democráticos para que desaparezca el olvido institucional sobre el que se ha asentado nuestra democracia, y se reivindique la lucha de cientos de miles de personas que se dejaron la vida y lucharon contra la dictadura durante tantos años".

Durante la etapa de transición española y en la amnistía de 1977 "se decidió no indagar en la responsabilidad franquista en esta serie de actos para hacer más fácil el proceso de democratización, además de que en ese momento las fuerzas antifranquistas y democráticas colaboraron; pero consideramos que en este momento esta postura no se puede mantener. Ninguna sociedad de-mocrática se puede mantener sobre la base del olvido y el desconocimiento de su pasado, por lo que se hace necesario reivindicar la memoria de los hombres que lucharon por una sociedad más libre y más justa, que en la historia oficial fueron llamados los antiespaña", dijo la historiadora.

Molinero también reconoció que la postura de Aznar y su partido de negarse a condenar ante el Parlamento el alzamiento mi-litar que provocó esta matanza, es muestra de que si "hay nexos de unión entre el franquismo y la clase política española", pues "no se condena el franquismo porque se considera que no fue tan malo".

A esta polémica su sumó Michel Leiberich, de la Universidad de Perpiñán, quien consideró "urgente y necesario conocer la verdad sobre los campos de concentración para evitar los tics de totalitarismo que pueden aparecer en cualquier sistema democrático. Las dictaduras, los totalitarismos y los periodos oscuros pueden desaparecer ahogados en transiciones amnésicas".