Orlando Delgado
Déficit fiscal y empleo
Las primeras metas para 2003, dadas a conocer por el secretario de Hacienda, establecen que el crecimiento será de 3 por ciento, el precio del crudo llegará a 17 dólares por barril y el déficit fiscal propuesto será de medio punto porcentual del producto. También sabemos, porque el Banco de México lo ha señalado repetidamente, que la meta de inflación buscará 3 por ciento: si el crecimiento propuesto se alcanzara, tendríamos que en el primer trienio de Vicente Fox la economía se habría expandido apenas 3.9 por ciento, lo que significa un magro 1.3 anual, lejano del planteamiento de campaña y de las necesidades apremiantes de la población.
Con una economía estancada naturalmente el crecimiento del empleo formal no ha existido. Los trabajadores asegurados en el IMSS cayeron 2.82 por ciento en 2001, lo que significa 358 mil 587 puestos de trabajo, y en este año han crecido 0.57 por ciento, 70 mil 778 trabajadores, lo que da cuenta de que el millón 300 empleos anuales prometidos se esfumaron al igual que el resto de las demás promesas foxistas. En lo que sí se ha cumplido es en el déficit fiscal comprometido y en la inflación: en 2001 el déficit fue de 0.73 puntos porcentuales del PIB, en 2002 se estima que cerrará en 0.78 y se piensa que en la discusión parlamentaria para aprobar el presupuesto resulte una meta de 0.75; los precios, por su parte, crecieron 4.4 el año pasado y en éste crecerán 5 por ciento.
Para quienes definen los objetivos presupuestales, el equilibrio fiscal es un dogma fundamental. En el inicio de la era neoliberal, a principios de los años 80, los argumentos básicos que justificaban la reducción del déficit fiscal eran que el gobierno utilizaba una parte importante del crédito disponible, lo que reducía el crecimiento potencial de la economía, junto con el carácter inflacionario del gasto público. Estos argumentos ya no pueden ser usados: prácticamente no hay déficit y el crédito a las empresas privadas no existe por otras razones, al tiempo que los precios han reducido su ritmo de crecimiento sustancialmente. Sin embargo, se sigue sosteniendo que no debe haber déficit fiscal.
El tema se discute en el mundo entero. En Europa, la reducción paulatina del déficit público está entre los compromisos de los países adherentes a la Unión Económica y Monetaria. Dichos compromisos están contenidos en el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, sin embargo, los dos países grandes de la Unión, Alemania y Francia, así como Italia y Portugal tienen un déficit mayor al promedio: más de tres puntos porcentuales del producto y han establecido que la reducción está limitada por la evolución del empleo. Si las metas de creación de empleos nuevos no se cumplen, entonces la meta de déficit público tampoco puede cumplirse. No hay en esto una determinación ideológica, ya que el gobierno alemán es socialdemócrata y el francés de derechas, lo que hay es una clara priorización de los compromisos del gobierno. Por eso el debate actual se ocupa de la relación entre estabilidad y crecimiento.
Lo que dejan claro esos países es que el problema no radica en el déficit fiscal, sino en el uso que se le da. Se entiende que lo fundamental es que los recursos que excedan los ingresos del gobierno se inviertan de modo que generen un ingreso mayor que su costo. El déficit se financia con deuda, que tiene un costo, el que tiene que ser menor que la rentabilidad generada por la inversión. Si esto se cumple el déficit es eficiente. Se entendería que aunque esto se cumpliera, el déficit no sería necesario si los requerimientos de empleo y de capitalización estuviesen resueltos o bien que el costo financiero del propio déficit fuera impagable. Nuestra economía tiene requerimientos urgentes de nuevos empleos que ofrezcan posibilidades de inserción a los miles de jóvenes que no encuentran trabajo, lo que acredita la necesidad de recursos públicos.
Nosotros, en cambio, discutimos a partir de que el dogma del déficit fiscal menor a uno por ciento del PIB es inamovible, aunque el país esté en situación complicada. Existen, sin la menor duda, alternativas de inversión de los recursos públicos que son rentables económica, política y socialmente, pero que se desechan con el prurito del déficit y a pesar de que generarían cientos de empleos. Al gobierno no le importa, le interesa más cumplir con la ortodoxia presupuestal imperante.
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