Adolfo Sánchez Rebolledo
El dinero, las elecciones y los partidos
Una de las enfermedades más graves que aquejan nuestra vida pública es la hipocresía de algunos políticos prominentes. Una muestra de este padecimiento secular la han dado los diputados que se apresuraron a rechazar airadamente el presupuesto presentado por el Instituto Federal Electoral, que alcanzará la muy considerable cifra de11 mil 816 millones de pesos. Están en su derecho, no faltaba más, de criticar los costos que aún debemos pagar por tener elecciones sanas, pero lo menos que se espera de ellos es que sepan distinguir entre los distintos componentes del presupuesto y discernir cuáles de ellos serían susceptibles de un recorte. No dicen, por ejemplo, que la organización electoral sólo aumenta 3.5 por ciento, no obstante que el padrón electoral ha crecido en más de 9 por ciento, y se escandalizan por el aumento de 45 por ciento que, en realidad, corresponde a las prerrogativas a los partidos con registro que tienen representación en el Congreso.
Que los partidos reciban en unas elecciones intermedias la cantidad de 5 mil 650 millones de pesos es una aberración que viene a reforzar la idea de que también la política democrática es un negocio a cuenta de las finanzas del Estado. Pero si a esa sospecha se añade la certeza de que el grueso de esos recursos va a parar a las arcas de los medios, hay razones para pensar que algo está podrido en nuestra Dinamarca democrática.
Si los diputados y sus respectivos partidos fueran realmente responsables, hace mucho que se habrían pronunciado en favor de un cambio en la ley electoral para ajustar los gastos de campaña y, en general, el financiamiento de los partidos, que es la variable de la que depende el crecimiento exponencial del presupuesto en materia electoral. No se trata, como demagógicamente se ha propuesto, de imponer condiciones más severas al ingreso de nuevos partidos, recortando de manera arbitraria la pluralidad y el derecho de asociación que la Constitución protege, sino de reformar la ley electoral que en ese tema, como en muchos otros, se ha quedado muy atrás del desarrollo político de la sociedad mexicana.
No es el IFE el que arbitrariamente decide cuánto han de recibir los partidos en tiempos electorales, pues el Código Electoral establece una fórmula obligatoria para fijar los costos mínimos de campaña y asignar los recursos. La paradoja está en que a mayor número de partidos, a mayor volumen de recursos, los más grandes reciben un incremento superior de sus prerrogativas. Además, en época de campaña, las prerrogativas ordinarias se duplican.
Como ha explicado el investigador Ciro Murayama en un estudio publicado en la revista Voz y Voto, "a pesar del nombre que el Legislador les dio, los costos (mínimos de campaña) no necesariamente implican la erogación mínima que debe hacer un partido en cada una de las campañas en que postule candidatos federales (pues de hecho los partidos que obtuvieron su registro en 1999 y contendieron por sí mismos en la elección federal pasada no contaban con un financiamiento que cubriera, por ejemplo, el 'Costo Mínimo de una Campaña para Presidente de la República). Los CMC son, en realidad, el multiplicador base que se utiliza para fijar posteriormente el financiamiento para actividades ordinarias permanentes, el financiamiento público para gastos de campaña, los topes a los gastos en campaña y el financiamiento para las agrupaciones políticas nacionales... la fórmula legal de determinación es la siguiente: se toma el CMC de una campaña para diputado, se multiplica por el número de diputados a elegir (500) y por el número de partidos políticos nacionales con registro y representación en el Congreso de la Unión." En las elecciones presidenciales y de senadores se suman, además, los costos mínimos de campaña para cada una de esas elecciones.
En síntesis, si los partidos y sus representantes en el Congreso desean reducir el presupuesto en esta materia deberían comenzar por revisar la ley para diseñar un nuevo mecanismo en la asignación de los recursos que hoy son, ciertamente, demasiado altos, racionalizar los gastos para hacerlos más transparentes y, sobre todo, pugnar por un modelo de competencia electoral más modesto y republicano.
