Martí Batres Guadarrama
Presupuesto y Fobaproa
Al momento de empezar la discusión del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, nuevamente destaca en este ámbito el problema del Fobaproa, la crisis bancaria, por el gran costo económico que representa para el país.
En el discurso oficial se habla ya de un presupuesto restringido, austero, recortado. Se dice también que debe disminuir el déficit. Acto seguido se anuncia que habrá menos recursos para el gasto social, que habrá menos gasto para inversión productiva, que desaparecerán partidas presupuestales para apoyar a las entidades federativas. Sin embargo, las causas de dicha situación parecen centrarse, desde la perspectiva del gobierno federal, en la ausencia de nuevos impuestos que esta administración ha pretendido cobrar desde su inicio.
La realidad es otra. Las insuficiencias en los ingresos, que eventualmente se destinan al gasto social y productivo que requiere el país, están relacionadas con la enorme presión que año con año representa el quebranto bancario para la nación en su conjunto. Se calcula que por los llamados vencimientos del Fobaproa-IPAB en los próximos tres años el actual gobierno federal tendría que destinar del erario 250 mil millones de pesos adicionales. A estos exorbitantes recursos se niegan a renunciar los dueños de los bancos. De ahí su negativa a que la autoridad correspondiente audite las transacciones irregulares o ilícitas que eventualmente podrían ser responsabilidad de las propias instituciones, pero que en la actualidad son pagadas con los impuestos de los contribuyentes.
Así, el discurso oficial para disminuir el déficit es más ideológico que real y genuino, porque prácticamente el gobierno foxista está proponiendo aumentar el endeudamiento y, por lo tanto, el déficit. Pero además, lo que en realidad nos pide es disminuir los recursos para inversión productiva y gasto social que hacen falta en las entidades federativas a cambio de garantizarle a unos cuantos beneficiarios que los recursos del rescate bancario no serán tocados.
Estamos ante una brutal injusticia. Por estos días Carlos Cabal Peniche, ex socio mayoritario de Cremi y Unión, depositó garantías por más de 4 mil millones de pesos de fianza para evitar la cárcel. Es algo totalmente irracional. Banca Unión quebró y fue rescatada con recursos del Estado, špero el dueño es multimillonario! En otras palabras se puede afirmar que Cabal Peniche pudo cubrir su fianza en virtud de los recursos públicos que, vía subsidios indirectos, recibió del Estado.
Lo anterior tiene que llamar la atención porque resulta paradójico que el gobierno federal y su Secretaría de Hacienda supervisen milimétricamente recursos que, por ejemplo, se desean para la UNAM o para los estados de la República -revisión en la cual terminan escamoteándoles muchos recursos- mientras que al mismo tiempo entregan carretadas de dinero a los bancos exclusivamente para el beneficio personal de sus dueños.
La Cámara de Diputados tiene que revisar esta situación con el propósito de suspender la ejecución del pago de los llamados vencimientos del Fobaproa-IPAB. Se trata de una condición básica para garantizar el desarrollo elemental del país. Se justifica suspenderlo en virtud de que los bancos se niegan a las auditorías a las que están obligados por mandato de la ley del IPAB.
Resulta muy importante destacar el acuerdo que recientemente tomó la Cámara de Diputados para entregar a los grupos parlamentarios los expedientes de Banca Unión. Como se recordará, la anterior legislatura solicitó al gobierno dicha información para continuar las investigaciones del Fobaproa, pero el gobierno del presidente Zedillo se negó.
La Cámara de Diputados acudió entonces ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y planteó una controversia constitucional, que se ganó y el gobierno fue obligado a entregar dicha información. (Cabe destacar la actuación independiente y autónoma que ha mostrado la Suprema Corte para resolver asuntos delicados. En el más reciente le dio la razón al Gobierno del Distrito Federal, señalando que las instituciones bancarias deben pagar la seguridad en sus propias sucursales.)
Hace poco más de dos años la entonces Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, después transformada en la Auditoría Superior de la Federación, recibió la información relativa a Banca Unión, pero "curiosamente" los legisladores nunca la conocieron pese a reiteradas demandas del PRD en ese sentido.
Recientemente, y de manera sorpresiva, el auditor superior de la Federación deslizó una suerte de exoneración para los involucrados en ese caso. Aseguró que en el quebranto de la institución nada tuvieron que ver los préstamos que mediante fideicomisos se hicieron para las campañas de los priístas Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo en 1994, recursos que ahora están en la panza del Fobaproa.
A pesar de ello, gracias al acuerdo alcanzado en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados -a petición expresa de una legisladora del PRD-, los grupos parlamentarios conocerán y analizarán dicha información. En tal virtud es correcto asegurar que el caso Banca Unión, hoy más que nunca, continúa abierto.
Está claro que con voluntad política el actual gobierno puede disponer de suficientes recursos para incentivar el desarrollo nacional, incrementar el gasto social y emprender acciones que fomenten la productividad. El gran problema es esta especie de cáncer que en las finanzas públicas representan hoy en día los endeudamientos del Fobaproa-IPAB. Impedir que se siga sangrando al erario para subsidiar una banca ineficiente en manos de banqueros enriquecidos es una de las grandes responsabilidades que tiene que enfrentar el Poder Legislativo.
