Posición patriótica, demandan líderes sindicales de América a políticos mexicanos

El SME llamará a huelga nacional si Fox insiste en privatizar el sector

El incremento de las tarifas eléctricas no es necesario; el gobierno crea ambiente de linchamiento, afirma Flores

PATRICIA MUÑOZ RIOS

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) podría convocar a una huelga nacional si el presidente Vicente Fox insiste en su reforma eléctrica privatizadora y considera, incluso, la posibilidad de llamar a la ''resistencia civil'', ya que el incremento de las tarifas eléctricas no es necesario ni justificable, el sector tiene posibilidades de mantener bajo el costo del servicio, y el gobierno sólo ha buscado crear un ambiente de linchamiento, de animadversión de parte de la población contra los trabajadores y las paraestatales para justificar su venta y desmantelamiento, denunció ayer el secretario general de esta organización, Rosendo Flores.

En conferencia de prensa sostuvo que la negociación que se llevó a cabo entre la Secretaría de Energía, Luz y Fuerza del Centro, legisladores y ciudadanos para revisar los desmedidos cobros que han tenido que absorber los consumidores ''no resuelve nada, es un paliativo''; lo correcto sería ir al fondo del problema, es decir, pedir la revocación del decreto que retiró los subsidios a una parte de la población, los consumidores domésticos, porque no se elevaron las tarifas para industriales ni prestadores de servicios.

Para el primer mandatario, señaló el dirigente, sería muy fácil revocar este decreto porque los 10 mil millones de pesos que piensa obtener con esta medida los puede tomar de los 40 mil millones que anualmente le quita a este sector y hasta le sobraría. Así es que el sector eléctrico sí puede seguir manteniendo las tarifas bajas, pero el gobierno no quiere, apuntó.

''Las tarifas no tenían ni tienen razón de incrementarse, porque el sector eléctrico tiene por sí solo la posibilidad de ser autofinanciable, de seguir manteniendo tarifas bajas que cumplan un objetivo social. Algunos podrán decir que esto no es cierto, pero también deberá responder la Secretaria de Energía, el gobierno, sobre cómo a Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad, a través de una figura llamada aprovechamiento, les quita anualmente 40 mil millones de pesos'', remarcó Rosendo Flores.

En su opinión, el retiro de subsidios tiene la intención de crear un ambiente de linchamiento en contra de los trabajadores de las dos empresas, porque además el mismo gobierno ha impedido que se mejoren los mecanismos de trabajo para optimizar el servicio. El gobierno ''a una petición del rey de España, pagó un contrato por 13 millones de dólares a la empresa Unión Fenosa para que desarrollara los sistemas de trabajo y esos son los que operan y ha habido una constante negativa a revisarlos'', planteó el líder sindical.

Dentro de su estrategia y embestida contra el sector, añadió, el gobierno también ha atrasado casi medio año la entrega del presupuesto a la CFE. Los recursos que se tenían asignados desde diciembre de 2001 empezaron a entregarse en mayo de este año y la mayor parte de los mismos todavía se encuentran retenidos por la Secretaría de Hacienda, y muy probablemente, se darán a finales del año, pero por el momento no se han podido ejercer, no se han podido comprar equipos, ni material y tampoco se han podido atender servicios. Todo ello para seguir dañando la imagen de estas empresas.

El líder vaticinó que lo más probable es que el presidente Fox modifique algunas tarifas entre diciembre de este año y enero de 2003, cuando ya estén más cerca los próximos comicios electorales, lo que sería otro ''engaño'' más de este gobierno.

Las prestaciones no están en juego

El secretario del Exterior, Ramón Pacheco, se refirió a los cuestionamientos que se han dado sobre las prestaciones de los trabajadores de la industria y apuntó: ''Las prestaciones de ley que tienen los trabajadores no están en juego'', particularmente la que se refiere a que no pagan el servicio, que se ha ''satanizado'', pero es un beneficio que se tiene desde hace 60 años y no representa un importante volumen de dinero.

Lo que sí es significativo, anotó, es el monto del consumo ilícito de luz, el cual sólo en el Distrito Federal es de alrededor de 4 mil millones de pesos, que es más de 50 por ciento de lo que el gobierno pretende obtener por la reducción de subsidios, es una cantidad muy importante para los ingresos de la empresa, por lo que cualquier medida que tienda a reducir este fraude será bien vista, como la tarjeta de prepago que se quiere establecer.

Por último, informó que ya sostuvo una reunión con el dirigente del SUTERM, Leonardo Rodríguez Alcaine, para tratar el asunto de la reforma foxista. Informó que el dirigente le manifestó estar de acuerdo en tratar de impedir que esta propuesta fructifique en el Senado. Hubo coincidencia en las consecuencias negativas que traería para el país esta iniciativa y ''acordamos volvernos a reunir para analizar los avances que se estuvieran dando en los grupos parlamentarios que han sido constituidos para el análisis de la propuesta, y determinar si podemos llevar adelante acciones conjuntas o no; eso dependerá de una futura reunión con este líder''. Pacheco recordó, sin embargo, que tienen como mandato de asamblea llamar a huelga nacional si se insiste en esta iniciativa privatizadora.

Respaldarán la lucha del sindicato de electricistas

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Líderes sindicales y sociales de siete países del continente americano emitieron ayer la Declaración de México, en la que instan a las instituciones políticas mexicanas a asumir una ''posición patriótica'' y a que desistan de la pretendida privatización de la industria eléctrica; se comprometieron además a respaldar por todos los medios posibles la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a llevar a cabo acciones conjuntas para impedir que continúe la política de entrega de las empresas estratégicas de energía de la región.

En el foro internacional La privatización eléctrica en América, que se llevó a cabo en México, los dirigentes de trabajadores y organizaciones sociales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador y México -entre otros- acordaron esta declaración en la que expresan su enérgico rechazo a las políticas de apertura de los mercados y a la privatización de los servicios públicos, así como de las empresas estratégicas ante las perjudiciales consecuencias que ya se observan en varios países de América Latina.

En el documento leído por el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar de Plata y de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República de Argentina, José Rigane, se señala que las principales organizaciones sindicales del sector apoyarán en todos sus alcances ''la lucha que ha emprendido el SME en contra de las reformas constitucionales que pretende la apertura del mercado eléctrico mexicano a las trasnacionales''.

Instan a las instituciones políticas mexicanas a asumir una posición patriótica frente a esas políticas neoliberales, que no significan otra cosa que la entrega de la soberanía nacional a las grandes corporaciones internacionales, además de graves perjuicios para los usuarios y las empresas, así como despidos masivos acompañados de un severo deterioro de los derechos laborales.

Otro de los puntos de acuerdo de los asistentes a este foro fue intensificar los esfuerzos para articular acciones de carácter continental, dirigidas a impedir que continúen esas políticas de entrega de las empresas estratégicas energéticas y buscar la recuperación del patrimonio de los pueblos que fueron enajenados.

Las delegaciones internacionales presentes advirtieron que sus acuerdos fueron tomados ante la delicada situación internacional, en la que se vienen imponiendo políticas económicas neoliberales que afectan la soberanía e independencia de los Estados y que tienen entre sus principales objetivos que los grandes países capitalistas desarrollados, especialmente Estados Unidos, ''tengan el control de las fuentes energéticas mundiales''.

Estas privatizaciones en América Latina, advierten en su declaración, han implicado no sólo el pase de servicios estratégicos de manos públicas a privadas, sino el traslado de la propiedad y de los centros de decisión a las trasnacionales, con el consiguiente afán de obtener las máximas ganancias a costa de los usuarios; pero, además, han ocasionado fuga de capitales, deterioro del medio ambiente, subvaluación de los activos estatales vendidos, incremento de las tarifas para los sectores productivos y usuarios residenciales, despido masivo de trabajadores, así como el favoritismo hacia las corporaciones internacionales que compran estos sectores con la casi eliminación de sus cargas tributarias.