Erradicar esas prácticas, asignatura pendiente en la entidad, indica la CEDH

Indaga Amnistía Internacional caso de tortura en Zacatecas

El afectado demandará al gobierno Averiguaciones ha retenido el procedimiento

ALFREDO VALADEZ RODRIGUEZ CORRESPONSAL

Zacatecas, Zac., 22 de octubre. La oficina de Amnistía Internacional para casos de tortura en México y Centro América, con sede en Londres, Inglaterra, abrió un expediente para investigar casos de tortura ocurridos en Zacatecas durante 1999, perpetrados presuntamente por efectivos de la Policía Ministerial del estado aún en funciones, contra ciudadanos detenidos para indagatorias judiciales, informó el diputado local perredista Carlos Pinto Núñez.

El legislador es también abogado de Rogelio López Ibarra, ciudadano que en 1999 fue acusado del robo de tractores New Holand en el municipio de Pinos, mismos que hallaron en su propiedad, pero que habrían sido sembrados en su rancho Los Reyes, dándose también testimonios falsos, obtenidos luego de que la policía ministerial torturó a dos de sus empleados, según la averiguación previa PGJE- 21/II/99.

Hoy, a tres años de los sucesos, López Ibarra consiguió un amparo de la justicia federal y está libre, informó en entrevista su hijo, Francisco Javier López Alvarado, quien adelantó que en coordinación con el abogado Pinto Núñez se está preparando una "estrategia jurídica" para demandar, por más de un millón de dólares, a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y al gobierno de Zacatecas.

Por su parte, el doctor Eladio Navarro Bañuelos, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Zacatecas (CEDH), aseguró en entrevista que a cuatro años del gobierno de Ricardo Monreal Avila, la práctica de tortura por parte de agentes policiacos "sigue siendo una asignatura pendiente".

El ombudsman explicó que aunque las recomendaciones emitidas por el delito de tortura (entre ellas las consignadas en los expedientes CEDH/99/202 y CEDH/2000/70) han sido aceptadas por el gobierno, no se ha avanzado en el tema.

Lo que es peor, señaló Navarro Bañuelos, es que en la actualidad el problema de la tortura continúa presentándose en Zacatecas.

En abril pasado, dijo, la CEDH documentó en el municipio de Concepción del Oro la retención ilegal de dos ciudadanos, José Angel Villanueva Hernández y Joel Vallejo Cepeda, quienes fueron torturados por el comandante de la corporación en esa localidad, Lauro Castillo Sánchez, y agentes de la Policía Ministerial a su cargo (CEDH/57/2002).

En la procuraduría estatal se encuentra virtualmente congelado el dictamen que elaboró hace 15 meses el fiscal especial para casos de tortura, Félix Vázquez Acuña, en relación con el caso de Rogelio López Ibarra, en el que se encontraron elementos sobre la presunta responsabilidad del ex director de la corporación, Miguel Angel Hernández, y otros 10 elementos de esa corporación, "por los delitos de tortura, retención ilegal de la libertad, robo, abigeato y los que resulten".

Sobre ello, el ombudsman aseveró que para el órgano defensor de los derechos humanos, "este es un asunto preocupante, un caso que no se ha cerrado".

-¿Estamos ante un caso de negligencia?

-Sí. Es un evidente diferimiento en la resolución, y eso es lo que recientemente hemos estado exigiendo al señor procurador, para que nosotros podamos cerrar el caso, porque no podemos quedarnos con un caso abierto. Desde luego, el instrumento debe darnos alguna explicación suficiente, el por qué no se ha consignado a todos los efectivos ni se tiene el resultado de la investigación, de la averiguación previa.

En entrevista aparte, al procurador de Justicia del estado, Aquiles González Navarro, se le preguntó por qué se ha detenido la consignación ante un juez penal de los 11 policías ministeriales, supuestamente responsables de tortura.

"Sí, tenemos ese pendiente. Y tiene que resolverlo definitivamente el director de Averiguaciones (José Luis Aparicio de la Torre, su subordinado). No hemos querido cambiar (el caso) a otra agencia porque son varios tomos que él conoce. Lo ha estado revisando bien, porque también se da el caso de que algunos policías pudieran a veces recibir un mandato indebido y pues, finalmente, habría que revisar si tienen responsabilidad o no", justificó.

Sin embargo, el 10 de enero de 2001, el procurador estatal turnó un escrito al director de Averiguaciones Previas, que éste no acató.

Por el oficio PGJE/466/2001 se ordenó a su subordinado "resolver antes de que concluya el presente mes, a más tardar, la indagatoria".

En ese oficio, Aquiles González recordó a Aparicio de la Torre que "existe el compromiso ante la legislatura del estado de resolver el asunto señalado antes de que concluya el presente año y deberá hacerlo con toda libertad de criterio, de acuerdo con los principios que rigen al Ministerio Público".

-¿Hay intereses políticos en este caso, procurador?

-Posiblemente. Ha sido el asunto más grave para nosotros, más delicado, el cual finalmente fue el que dio motivo a los cambios a nivel institución, que han sido positivos.

No obstante, el procurador de Justicia se mostró en desacuerdo con el señalamiento de la Comisión de Derechos Humanos, en el sentido de que la tortura policiaca persiste en la entidad, y aunque aclaró que el ombudsman de Zacatecas "es mi amigo personal", los abusos policiacos, dijo, son cosa del pasado.

"Tengo entendido más bien que él se refiere a algunas formas de vejación que todavía propician otros cuerpos policiacos preventivos, no tanto la ministerial. Al inicio del sexenio nosotros tuvimos más de 50 quejas por diversas infracciones cometidas por la Policía Ministerial, entre ellas algunas de tortura, que eran las más graves. Pero hoy no tenemos una sola queja de tortura. En este año solamente tuvimos seis o siete quejas de la policía por cuestiones menores".

Dichas "cuestiones menores" obligaron al procurador, apenas el pasado martes primero de octubre, a remitir un oficio al presidente de la CEDH, Eladio Navarro, a propósito del caso de tortura contra dos ciudadanos en el municipio de Concepción del Oro.

En el documento, le informa al ombudsman que "la procuraduría ha determinado allanarse a la queja mencionada. En todo caso, se informa que el procedimiento administrativo mencionado continúa en trámite, en contra de todos y cada uno de los efectivos de la Policía Ministerial que pudieron participar en los hechos referidos en la queja y averiguación previa".

Pero el viernes 11 de octubre, el propio ombudsman informó que la CEDH emitirá una recomendación a la PGJE por un nuevo caso de abuso policiaco, toda vez que siendo un delito de lesa humanidad, "la tortura no se allana ni se concilia, y la comisión exigirá a la procuraduría que continúe la investigación y procedimiento administrativo contra los policías ministeriales involucrados, sin sustraerse de la línea de tortura".

Mientras tanto, el investigador español Oscar Ramudo, quien encabeza la oficina de Amnistía Internacional (AI) para casos de tortura en México y Centro América, envió cartas al procurador Aquiles González Navarro, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Felipe Borrego Estrada, y al ombudsman zacatecano, en las que externa la "preocupación" de Amnistía Internacional por diversos casos de tortura policiaca que se presentan en Zacatecas, así como la tardanza en impartir justicia.