Admite la justicia española recusación de Batasuna

La Comisión Europea rechaza el proyecto soberanista de Ibarretxe

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 22 de octubre. La Comisión Europea dijo hoy que su principal norma jurídica, el Tratado de la Unión, "no puede, en ningún caso, constituir la base jurídica" o amparar la iniciativa de "Estado libre asociado" para el País Vasco presentada por el presidente del gobierno de esa región.

El lehendakari Juan José Ibarretxe, quien planteó el pasado 27 de septiembre ante el Parlamento vasco la propuesta para un nuevo marco de relación entre España y Euskadi, recibe así otra negativa en las dos últimas semanas, después de la del Ejecutivo español, el conservador José María Aznar, de la oposición socialista, de la suspendida coalición Batasuna y de los empresarios vascos.

El pronunciamiento del órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) se produjo a raíz de una pregunta que presentó la europarlamentaria socialista española Rosa Díez, quien pidió a la Comisión Europea que informara si el tratado podría amparar una figura como la de "Estado libre asociado", a lo que se respondió con una negativa.

Díez consideró que esta advertencia de la UE pone de manifiesto que, de llevarse a cabo, la iniciativa "representaría la pérdida de la nacionalidad europea para los ciudadanos vascos y nos colocaríamos en la cola de los países que pretenden la integración, detrás de Turquía".

Ibarretxe, quien ayer se reunió durante tres horas con quien fuera vocero de Batasuna, Arnaldo Otegi, sólo ha recibido el apoyo de sus socios de gobierno, Izquierda Unida-Esker Batua (IU-EA) y Eusko Alkartasuna (EA), cuya presidenta, Begoña Errazti, explicó que la iniciativa "nos abre a posibles soluciones al conflicto".

La dirigente nacionalista, quien se reunió hoy con Ibarretxe, añadió que "frente a posturas excluyentes, maximalistas, frente al todo o nada, frente a aquellos que no vienen a hablar de las cosas, como EA, entendemos que este es otro paso más que vamos a dar (...) dentro de lo que para mi partido supone ese futuro de una Euskadi independiente y mejor".

De su lado, el vocero del gobierno vasco, Josu Jon Imaz, reiteró que no se llegará a ningún acuerdo con la suspendida Batasuna hasta que ésta "exija de manera clara y firme a ETA (grupo del cual se le acusa ser brazo político) que abandone la violencia".

En otro asunto, el Tribunal Supremo admitió a trámite una recusación presentada por los abogados de Batasuna contra otro de los magistrados que forman la Sala Especial, que serán los que decidan las demandas de ilegalización de la formación abertzale (nacionalista). Esta vez se trata del magistrado Angel Rodríguez, por sus vínculos con el gobierno, que busca declarar ilegal a la coalición. La otra recusación, también admitida a trámite, es contra la juez Milagros Calvo, quien participó en una acto de apoyo a la decisión de Aznar de disolver a Batasuna.

En tanto, fuentes judiciales dijeron que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó a México la investigación de las cuentas bancarias del presunto miembro de ETA Juan Angel Otxoantesana Badiola, quien vivió una temporada en ese país y ahora está detenido en Francia.

Buscan ilegalizar otro partido político

Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó este martes al juez Garzón que decrete la suspensión de actividades y el cierre de las sedes del Partido Comunista de España reconstituido (PCEr), una formación marginal considerada por los servicios de inteligencia como el brazo político de los Grupos Antifascistas Primero de Octubre (Grapo). La medida sería idéntica a la iniciada contra Batasuna por el juez.

El fiscal Enrique Molina consideró que el PCEr es la "rama política de una organización criminal", pues "nutre ideológicamente a los Grapo, fija la táctica y la estrategia de la lucha armada, eligiendo objetivos, consiguiendo la infraestructura y recursos económicos, escogiendo los responsables de las acciones armadas".

Los Grapo están prácticamente disueltos después de algunas operaciones contra varios sus dirigentes y militantes, mientras el PCEr tiene escasos seguidores en Galicia. La última detención de miembros de los Grapo se produjo el pasado julio, cuando la policía española y francesa arrestaron a 14 presuntos miembros.