SOS rural al Legislativo

La agricultura nacional es un barco que se hunde. Es el clamor que ahora llena toda nuestra geografía... Los más diversos actores sociales y políticos, desde los puntos más distantes de la patria, con los tonos y las formas más diferentes exigen lo mismo: ¡suspendan el TLCAN en materia agropecuaria y saquen a la agricultura de cualquier nuevo acuerdo de libre comercio!

Primero son las manifestaciones campesinas e indígenas que bullen por todo el país el 12 de octubre. Sobre todo de campesinos pobres, productores de granos básicos y de productores endeudados, empobrecidos por las políticas neoliberales. Toman las plazas. Bloquean carreteras y puentes internacionales. Se pronuncian fuerte contra el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), negociado a espaldas de los pueblos en una agenda impuesta por los intereses estadunidenses y trasnacionales. Exigen que antes de firmar este nuevo tratado el Ejecutivo realice un plebiscito para que el pueblo exprese su opinión sobre el mismo.

Pero los productores ven también otro peligro más inminente aun que el ALCA. El primero de enero de 2003, en menos de dos meses y medio, se desgravan todas las importaciones agroalimentarias procedentes de Estados Unidos y Canadá, a excepción del maíz, el frijol y la leche en polvo. Por eso todas las tribunas del país empiezan a llenarse de pronunciamientos y llamados a la sensatez a un gobierno que no parece captar la gravedad de la situación.

Los porcicultores se posesionan de la misma Secretaría de Gobernación. Señalan que con la desgravación de las importaciones de carne de puerco se pone en riesgo 70 por ciento de 300 mil empleos directos que generan.

Los avicultores presentan cifras apabullantes: el costo de producción del pollo en México es superior en 68 por ciento al de Estados Unidos. Y al eliminarse el arancel de 59.4 por ciento el primer día de 2003 van a ser arrasados 30 mil empleos de esa industria en un solo año. En huevo, los productores estadunidenses tienen costos de producción 21 por ciento menores que los nuestros y ahora se va a quitar el arancel de 9 por ciento, así que no hay nada que hacer tampoco en este rubro.

Los más diversos despachos de consultoría lanzan señales de alerta. El Grupo de Economistas Asociados hace ver que los más afectados por la desgravación de 2003 serán los productores pecuarios y los manzaneros. La ANEC calcula que el país importa ya 40 por ciento de los alimentos que consumimos y que en pocos años nuestra dependencia en esta materia estratégica será de 70 por ciento.

Las voces de alarma llegan hasta el Senado. En la Comisión de Comercio Exterior los senadores Humberto Roque Villanueva, del PRI, y Demetrio Sodi, del PRD, dudan de la eficacia del blindaje agropecuario foxista. Señalan que es necesario duplicar el presupuesto para el campo el próximo año y aplicar aranceles a todos los productos importados que reciban subsidio. Esto quiere decir que a todos, dados los ingentes apoyos del gobierno a las exportaciones agroalimentarias estadunidenses.

Cómo estarán las cosas que hasta el titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga, empieza a querer dar señales de abandonar su redomado optimismo. Se pronuncia reconociendo que "hubo errores en la negociación del TLCAN", y que "no se aprovecharon los 10 años que van del 92 a la fecha para preparar al sector agropecuario para la total apertura".

El Banco Mundial va más allá que Usabiaga. Reconoce que "han resultado decepcionantes las drásticas transformaciones operadas en la agricultura mexicana la década pasada". Y que la agricultura "no se ajusta ni está preparada para la competencia que se avecina con el TLCAN". Va más allá: evalúa como titubeante la decisión del presidente Fox de montar un blindaje para proteger a los agricultores mexicanos de la competencia con sus socios del norte.

El consenso, aun viniendo de actores tan disímbolos y hasta contrarios, es muy evidente: la desgravación agroalimentaria que entra en vigor el próximo primero de enero será letal para nuestro sector agropecuario y el blindaje anunciado por el gobierno de Fox es tan pretencioso y frágil como el del Titanic. Por eso, a oídos sordos del Ejecutivo es el Legislativo quien debe hacer suyas de inmediato las demandas de los productores agropecuarios que luchan en todos los rincones la patria: moratoria a la desgravación programada para el primero de enero, duplicación del presupuesto federal para desarrollo rural, suspensión por tres años del TLCAN en materia agropecuaria y no inclusión del sector en ulteriores tratados de libre comercio.