Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 20 de octubre de 2002
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Política

Demanda ONG ante la CIDH un marco jurídico específico para esa actividad

Desprotegidos aún, los defensores de derechos humanos en México, denuncian

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

A un año de la muerte de la abogada Digna Ochoa, la protección a defensores de derechos humanos "no ha mejorado sustancialmente". Muestra de ello es que entre 2001 y lo que va de este año se han registrado 15 casos de ataques, denunciaron ayer organismos no gubernamentales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En un informe que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) presentó ayer, en Washington, señaló que durante el gobierno de Vicente Fox la protección de esas garantías sigue siendo uno de los temas de "mayor preocupación" para los organismos civiles.

La muerte de Ochoa evidenció la "grave situación de vulnerabilidad" en que desarrollan su labor los defensores de derechos humanos en el país, la cual, hasta el momento había sido minimizada por el gobierno mexicano, afirmó en el documento.

Ante esta situación, propuso que el gobierno mexicano establezca un marco jurídico específico para la protección de los defensores de derechos, que defina un catálogo de medidas de seguridad y que la Secretaría de Gobernación haga un seguimiento puntual a las investigaciones sobre este tipo de ataques para evitar que queden impunes.

Destacó el caso de los activistas de derechos humanos que trabajan en los estados de la República, donde "se recrudece aún más" la violencia, sobre todo donde hay conflictos y un "clima que genera impunidad", como en Chihuahua y Chiapas.

En un recuento de los ataques a defensores, dijo que van desde persecuciones, amenazas telefónicas y por correo electrónico, injerencias en sus domicilios, detenciones arbitrarias y violencia física, hasta los ataques más sofisticados, como la difamación y hacerlos sujetos de investigación judicial.

Como presuntos responsables de estas amenazas, la CMDPDH señaló a las instancias de procuración de justicia, "lo que hace aún más grave la situación si consideramos que son precisamente estas instancias las que deberían ser garantes de la seguridad jurídica".

En un listado sobre agresiones a defensores de derechos humanos entre enero y agosto pasados, detalló nueve casos de activistas y periodistas. Incluyó el de Pedro Raúl López, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, quien fue atacado a tiros en su automóvil y domicilio.

Cita la campaña de difamación contra Esther Chávez Cano, de Casa Amiga (en Chihuahua); las amenazas contra Fernando Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos en la Ciudad de México, así como el secuestro de Juan Anzaldo Meneses, de la revista Ce-Acatl, y las amenazas de muerte que recibió Arturo Requesens, de la Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura.

Incluye el desalojo violento contra integrantes del Frente Cívico Casino de la Selva y la detención de 30 de ellos porque mantenían un plantón para oponerse a la tala de árboles y a la construcción de dos centros comerciales.

La ONG dijo que tras la muerte de la abogada Ochoa, el discurso del gobierno comenzó a ser de pleno apoyo al trabajo de los defensores de derechos humanos, sin embargo, esto no ha sido adoptado en la práctica por las instituciones del Estado.

Aunque reconoció que el gobierno mexicano ha mostrado una actitud de mayor apertura al tema, advirtió que ciertos grupos de poder sienten amenazados sus intereses e intentan contrarrestar esto atacando a los defensores de derechos humanos.

Sobre las mesas de trabajo que se instalaron en la Secretaría de Gobernación después de el deceso de Ochoa, expuso que representan esfuerzos del gobierno mexicano, pero todavía incipientes y que tampoco llegan a otros ámbitos.

Por ello, dijo, resulta indispensable que el gobierno mexicano se comprometa a acciones concretas en ciertos ámbitos con el propósito de garantizar la protección de la vida e integridad personal de los defensores de derechos humanos y para que mejoren sustancialmente las condiciones en las que desarrollan su labor.

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