Miguel Concha

Derecho humano a alimentarse

El pasado miércoles se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación o, para decirlo con más propiedad, el día mundial del derecho humano fundamental a alimentarse adecuadamente, que está en íntima relación con el derecho al trabajo y a un salario suficiente. De acuerdo con los instrumentos internacionales que lo reconocen y garantizan, su contenido básico comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficiente, aceptables culturalmente, y sin sustancias nocivas; y la accesibilidad a los mismos en formas que sean sostenibles y no dificulten el goce de otros derechos.

Con el objeto de hacer efectivo este derecho y erradicar la desnutrición, dice el Protocolo de San Salvador, vigente en México desde el 16 de abril de 1996, los estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, y para ello se comprometen también a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales.

Sin embargo, el problema básico para el cumplimiento de este tipo de derechos es el de su exigibilidad por parte de la ciudadanía, para lo cual se requieren mecanismos jurídicos y medidas legales nacionales que los hagan efectivos por parte del Estado, así como políticas públicas que los implementen.

En México el derecho humano a alimentarse adecuadamente no está garantizado por la Constitución, ni existen leyes que lo hagan obligatorio a escala federal, pues aunque la fracción 39-E del artículo 73 faculta al Congreso "para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto, y otras que tengan como fin la producción suficiente de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios", no se señalan las líneas maestras que deben orientar dicha legislación, como tampoco se establece la obligación del Congreso para expedir tal normatividad. Por lo cual, en lugar de proveer legalmente a la satisfacción de este derecho y a la seguridad alimentaria del país, se delega en el Ejecutivo la obligación de resolver estos problemas, mediante programas asistenciales cada vez más regresivos, focalizados, y que no resuelven los graves problemas alimentarios que padecemos en México.

El último párrafo del artículo 4Ɔ establece en cambio el derecho de los menores, en relación con sus padres, de satisfacer sus necesidades y las exigencias de su salud física y mental, dejando en manos del derecho civil, y a veces del penal, los medios de control y defensa del mismo, pero sin que el Estado asuma ninguna obligación especifica al respecto, es más, incluso rechazándola, pues la Constitución señala que su intervención, en caso de darse, consistirá en los apoyos que la ley establezca.

El párrafo segundo fracción 6 del apartado A del artículo 123 establece también que "los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos", pero ya sabemos que en México el salario mínimo no cumple con el requisito de cubrir la canasta básica, y se ha convertido en un simple indicador económico.

Por ello el pasado miércoles la Red Internacional para la Información y Acción por el Derecho Humano a la Alimentación (FIAN, por sus siglas en inglés), y la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, iniciaron de nueva cuenta una campaña para demandar que se eleve a rango constitucional el derecho humano a alimentarse, y que se reglamente la ley que lo haga exigible y efectivo en la práctica. Demandan también salarios justos para hombres y mujeres, que garanticen la alimentación de sus familias, y que se garantice el alimento para todas y todos. Exigen además una política de producción de alimentos que incluya a las mujeres y hombres campesinos, y demandan que se prohíba el uso de semillas transgénicas alteradas que pueden dañar la salud.

Tomando en cuenta las consecuencias negativas de la globalización neoliberal, piden que los productos del campo no estén en los tratados de libre comercio. Confiamos en que esta campaña tenga más éxito entre nuestros legisladores que el que tuvo hace años el Frente por el Derecho Humano a Alimentarse, el cual presentó a la 55 Legislatura de la Cámara de Diputados una propuesta para legislar los derechos alimentarios de todos los mexicanos, el 16 de octubre de 1992.