Acusaciones mutuas entre ombudsman local y federal por el acuartelamiento en Guamúchil

Amplía juez plazo para definir situación de militares vinculados con el narcotráfico

IRENE SANCHEZ Y JAVIER VALDEZ CARDENAS CORRESPONSALES

Mazatlan, Sin., 18 de octubre. Con el propósito de determinar la procedencia o no del auto de formal prisión contra dos de los 48 miembros del Ejército Mexicano acusados en Sinaloa de recibir dinero del narcotráfico, el juez militar Enrique Palacios García amplió el plazo constitucional a 105 horas.

Este viernes sólo el subteniente Fidencio Hernández Martínez y el sargento de infantería Inocente Santana García se encontraban recluidos en la prisión de la tercera Región Militar.

Trascendió que la situación del primero es una de las más complicadas debido a que se le encontró dinero presuntamente proveniente del narcotráfico.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprendió al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jaime Cinco Soto, por las declaraciones que hizo en torno al caso del 65 Batallón de Infantería con sede en Guamúchil.

"Sorprende que, en el caso señalado, usted y sus colaboradores pongan en entredicho la actuación de la CNDH al manifestar, sin fundamento, que nadie ha visto a los visitadores del organismo en la zona militar y tampoco se ha informado a la Comisión Estatal de las diligencias llevadas a cabo en ese lugar", expresó mediante un oficio interno Federico Gómez Pombo, director general de comunicación social de la CNDH

Criticó y disintió del ombudsman local sobre el tratamiento que éste dio al ''arresto'' y la incomunicación en que se mantuvieron durante 11 días a 600 soldados del 65 Batallón de Infantería, en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado.

Los familiares de los militares afectados pidieron la intervención de la CEDH, ya que durante varios días se les impidió ver a sus esposos e hijos, quienes fueron ''concentrados'' luego de que participaron en operativos de destrucción de plantíos de mariguana en la sierra de Badiraguato, Sinaloa de Leyva y Mocorito.

El caso ameritó la intervención del organismo nacional, que envió a la entidad dos visitadores y un perito médico para corroborar supuestos casos de tortura y violación de derechos humanos.

Cinco Soto declaró que el personal enviado no se había comunicado con ellos, que habían pedido su intervención; medios informativos reportaron además que los visitadores no habían sido localizados en Culiacán ni en Guamúchil.

El presidente de la CEDH lamentó que por tratarse de una institución del gobierno federal mandos militares les impidieran el acceso al cuartel para investigar las denuncias.

Aunque no se tienen facultades para elaborar recomendaciones por tratarse de una institución federal, no debe haber inconveniente para que estas supuestas irregularidades sean investigadas por organismos locales de derechos humanos, con el objetivo de eliminar la burocracia y priorizar la tarea de defender la integridad de los ciudadanos, destacó Cinco Soto.

Gomez Pombo aseguró que ninguna disposición obliga a los visitadores de la CNDH a establecer comunicación con las comisiones locales en quejas que son exclusivas del organismo nacional y "es lamentable que prejuzgue un asunto tan delicado cuando comenta, como usted lo ha hecho, que la Comisión Nacional tiene que emitir una recomendación en el caso de Guamúchil".

La visita de la CNDH "parecía arreglada"

En su respuesta a la misiva, Jaime Cinco Soto calificó las expresiones de Gómez Pombo de autoritarias y sin razón, por lo que rechazó sus afirmaciones, y censuró el hecho de que el documento se haya dirigido a la comisión y a los medios locales al mismo tiempo.

Si tanto es el celo de la CNDH, agregó, no se explica por qué no se dio por enterada y no hizo nada ante el estado de sujeción y "acuartelamiento" que durante 11 días vivieron los integrantes del 65 batallón.

"Esa omisión, como es claro, en el mejor de los casos no revela sino el descuido de la CNDH en el cumplimiento de su deber de proteger los derechos humanos de todos, incluso de los militares, y es que, a semejanza del principio según el cual justicia que no es expedita no es justicia, así también puede decirse que protección de derechos humanos que no es expedita será lo que se quiera pero no es protección", señaló.

Al margen de competencias legales de una y otra instancia, insistió, la facultad para conocer de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos implica investigar, y en eso no debe haber limitaciones para nadie.

Cinco Soto defendió al organismo que preside, al que calificó de impecable, y rechazó las afirmaciones de que actuó de manera ilegal.

''En el caso de la denuncia que recibimos la noche del sábado 12 de octubre, en el sentido de que alrededor de 600 militares integrantes del 65 Batallón de Infantería, con sede en Guamúchil, se encontraban detenidos e incomunicados, y que algunos de ellos habían sido torturados, la atendimos de inmediato, fue no sólo por el llamado apremiante que se nos hizo, sino también por un acto de responsabilidad y de convicción", comentó.

La actuación de las comisiones de derechos humanos, expresó, debe ser desburocratizada, y la llegada de los visitadores fue tan tardada y sigilosa que generó suspicacias, "tanto que se llegó a comentar por algún reportero que la inspección de la CNDH parecía arreglada, que se estaban dilatando tanto para dar tiempo de que limpiaran la casa".