El Congreso no puede eludir el llamado a una reforma integral en la materia, dice

Posible, aprobar una ley de radio y tv que privilegie al ciudadano: Corral

El senador tiene un anteproyecto que contempla transparentar el régimen de concesiones

ANDREA BECERRIL

Inmerso aún en la polémica que desató en su partido, el PAN, el senador Javier Corral Jurado, consideró que está abierta la posibilidad para que el Congreso apruebe una nueva Ley Federal de Radio y Televisión, que democratice la relación del Estado con los medios electrónicos de comunicación y que ponga por delante el interés de los ciudadanos.

Advirtió que el Congreso no puede eludir el llamado que han formulado un centenar de intelectuales, investigadores, académicos y personalidades, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, para que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto y acometa una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión.

"Yo les contesto que voy, que le entro y que, además de seguir dialogando con senadores y diputados de otros partidos, voy a buscar un encuentro con los dirigentes de los partidos políticos para explicarles la urgencia, el infinito valor para la transición que significaría modificar el marco jurídico que rige a la televisión y la radio".

Espacio radioeléctrico y derecho de réplica

Precisó que tiene ya un anteproyecto de ley que incluye redefinir los tiempos oficiales, hacer que los concesionarios de radio y televisión paguen en efectivo el derecho por el uso del espectro radioeléctrico, ese 25 por ciento que cubrían en especie con el 12.5 de tiempo -que el secretario de Gobernación acordó disminuir a 1.25-, crear un verdadero derecho de réplica de los ciudadanos y constituir un nuevo régimen de concesiones, acotando la discrecionalidad política que conserva la ley actual.

En entrevista con La Jornada, Corral Jurado precisó que es fundamental la respuesta del Congreso para legislar y lograr que ese Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, que reformó el pasado 10 de octubre el presidente Vicente Fox mediante un decreto "sea algo efímero, transitorio".

El senador por Chihuahua aclaró que en forma alguna lo silenció el Partido Acción Nacional, y que si bien aceptó los argumentos para no ir a la controversia constitucional contra esa cesión del 12.5 por ciento del tiempo oficial, su partido se comprometió a trabajar en un proyecto de ley en la materia, para presentarlo a la brevedad. De ahí que, precisó, por principio sostendrá encuentros con legisladores de todas las fuerzas políticas, para discutir algunas de las ideas y de los alcances que deberá tener el nuevo marco jurídico para los medios de comunicación electrónicos.

De entrada, explicó, se requiere incluir en el cuerpo de la ley lo referente a los tiempos para el Estado, toda vez que las modificaciones que convino el secretario de Gobernación con los concesionarios de los medios electrónicos en realidad sólo beneficia al Ejecutivo federal, ya que el 1.25 que quedó es sólo para éste.

"Hay que revertir esa apuesta mediática, de la que los grandes ganadores son las televisoras, con una legislación que eleve el porcentaje del tiempo para el Estado, a una tercera parte de ese 12.5 por ciento y que, además, sea repartido entre todos los poderes de la Unión, para que incluya a los partidos políticos."

Además, otro cambio debe ser en el sentido de "ver qué contraprestación deben pagar en efectivo los concesionarios a cambio de ese 12.5 por ciento cedido, que en realidad fue desde 1969 un pago en especie por el uso del espectro radioeléctrico del país".

Hay un concepto que se llama derecho de antena, que se paga en todo el mundo, también en México, por el uso de ese espectro, excepto la radio y la televisión. "Bajo las reglas de la nueva legislación, tendría que revisarse ese 25 por ciento de impuesto que está en la Ley Fiscal y, aunque nadie en su sano juicio puede plantear que se les cobre ese porcentaje a las televisoras y radioemisoras, tampoco se puede pasar a condonarles todo; tiene que haber una forma en que retribuyan el uso de un bien del dominio público de la nación."

El legislador, quien además preside la Comisión de Comunicaciones del Senado de la República, resaltó que a escala mundial las concesiones para televisión y radio son unos de los instrumentos de mayor rentabilidad económica y debe, por ello mismo, establecerse una contraprestación. En muchos países, dijo, los medios electrónicos privados hacen aportaciones con las que se financia a los medios públicos; se promueven los fondos cinematográficos e incluso se crean sistenas de comunicación comunitaria.

Además, la nueva ley deberá democratizar y distruibuir de forma más eficaz entre las instituciones del Estado, los 30 minutos diarios de que dispone -con base en el artículo 59 bis de la actual legislación- y que están destinados a la transmisión de información educativa, social o cultural.

Otro punto toral, incluido en su anteproyecto, es el referente a un nuevo régimen de concesiones, que acote la discrecionalidad política que hoy conserva la actual ley y que reafirma el reglamento. "Necesitamos mecanismos que transparenten ese régimen, con criterios muy objetivos, tanto para el otorgamiento como el refrendo y la cancelación de las concesiones."

Para ello, se propone un órgano de regulación del Estado, pero con independencia política y técnica de los otros dos poderes. Podría rendirle cuentas al Congreso, pero sin una dependencia operativa. Un órgano autónomo de esta naturaleza podría garantizar que las solicitudes de la ampliación de la oferta comunicacional en México tenga transparencia.

También fundamental, detalló, es incorporar a la legislación un verdadero derecho de réplica, ya que en la actualidad depende de la voluntad de los concesionarios otorgarlo o no; deben evaluar la procedencia del reclamo, pero encima de ello, el afectado debe ejercerlos en 48 horas. "Dura más tiempo vivo un huachinango fuera del agua que el ejercicio de este derecho de réplica, que quedó tal cual en el reglamento del pasado 10 de octubre."

Incluso, dijo, hay un modelo de derecho de réplica mucho más vigoroso en la Ley de Imprenta de 1917.

Precisó que otro capítulo relevante es el de competencia, con miras a que la ley desarrolle no sólo lineamientos o límites a la propiedad cruzada en medios electrónicos, sino también porcentajes, tanto de plazas como a nivel de emisoras que un concesionario puede tener. "Debemos crear una regulación antimonopólica, como un dato fundamental de la competencia, para evitar el esquema de alta concentración de medios y, dentro de este esquema, incorporar reglas claras de distribución en materia independiente.

Es decir, obligar cuotas específicas, dentro de la producción nacional, de producción independiente. Fundamentar un nuevo estatus legal de los medios públicos para que tengan una conversión que hoy es necesaria en el momento de transición del país. No me refiero a que dejen de ser medios de Estado, sino a convertirlos en medios de Estado del servicio público, dotados de autonomía política, con posibilidades de financiamiento y, por supuesto, con autonomía de producción y de conducción de su programación.

-¿Qué posibilidades hay de consensuar la nueva ley?

-Me queda claro que si hay Congreso habrá nueva Ley Federal de Radio y Televisión. Sólo la ley dará seguridad jurídica a la relación con los medios electrónicos. Lo que no está en la ley se pierde. Ya sabemos ahora ¡cómo se cambian los reglamentos!