Bloquean durante hora y media la avenida 20 de Noviembre; pedían audiencia

Denuncian indígenas exclusión del proyecto de renovación del Centro

El GDF no ha cumplido su compromiso de darles espacios para vender sus artesanías, dicen

Violan autoridades el Convenio 169 de la OIT al no respetar su derecho al trabajo, señalan

SUSANA GONZALEZ G.

Los indígenas han sido excluidos del proyecto de renovación del Centro Histórico, pues pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió desde hace dos años a brindarles espacios para vender sus artesanías, hasta el momento no se les ha proporcionado un espacio fijo, denunciaron dirigentes de la Coordinadora de Artesanos Indígenas de la Ciudad de México, cuyos integrantes bloquearon ayer, a las siete de la mañana, la avenida 20 de Noviembre, exigiendo una audiencia con el funcionario.

"Nos están corriendo del Centro Histórico y tampoco nos tienen considerados para el corredor turístico de Paseo de la Reforma, que va de Chapultepec a La Villa, que es donde podríamos vender nuestros productos. Desde principios de año, cuando Carlos Slim, presidente de grupo Carso, comenzó a dar dinero para estos proyectos, se redujo paulatinamente el espacio y las oportunidades que teníamos para trabajar", se quejó Juan Acevedo, del Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatistas (MAIZ).

Explicó que solamente cuando hay romerías en los meses de septiembre, diciembre y durante abril, las autoridades les otorgan permisos para vender, y si antes podían hacerlo hasta por 15 días, ahora sólo se les autorizan tres, mientras que el resto del año tienen que torear en las calles del Centro para evitar que la policía les recoja su mercancía o los multe.

Unos 150 hombres, pero sobre todo mujeres triquis, mazahuas, otomíes, zapotecas y nahuas, con varios años radicados en el Distrito Federal, impidieron durante una hora y media el tránsito vehícular sobre 20 de Noviembre, porque no fueron recibidos por el Ejecutivo local, a pesar de que la noche del martes, César Cravioto, director de Concertación Política, "nos aseguró que López Obrador nos atendería", dijo Pascual de Jesús González, dirigente del Movimiento Unificado y Lucha Triqui (MULT).

A manera de plantón, los indígenas instalaron sus puestos en el costado poniente de la plancha del Zócalo desde el lunes pasado. En su nombre, la Coordinadora de Artesanos Indígenas entregó a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal una queja en la que acusan al las autoridades capitalinas de violar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación de los gobiernos para fortalecer y fomentar la comercialización de artesanías. Acevedo dijo que las autoridades locales no respetan su derecho a trabajar y tampoco los ha consultado para la elaboración de políticas públicas que afectan sus intereses, como es el caso del Programa de Reordenamiento de Comercio en Vía Pública.

"Nosotros no queremos ser vendedores ambulantes. Además, lo que vendemos son artesanías, no productos piratas ni robados, y requerimos lugares fijos para vender, porque así podríamos regularizar nuestra situación, establecernos y pagar una contribución a la Tesorería del Distrito Federal", añadió.

Los indígenas demandaron la creación de un corredor comercial de artesanías a un costado de la Catedral Metropolitana, donde les permitan instalar 168 puestos. Asimismo, pidieron permisos para colocar 55 puestos en la Zona Rosa, en la Plaza de las Vizcaínas, las inmediaciones del Monumento a la Revolución, sobre Puente de Alvarado y Buenavista; 25 para avenidas de la delegación Venustiano Carranza y 53 más para la Benito Juárez, así como otros 96 para la temporada navideña y en ferias itinerantes.

Para la coordinadora, las autoridades no han atendido sus peticiones escudándose en la aplicación del bando que prohíbe el comercio ambulante en el primer cuadro, aprobado en 1993 por la Asamblea Legislativa. Desde entonces a la fecha, dijeron, ha habido un "proceso de tolerancia discrecional de venta", pues calles como Pino Suárez, Corregidora y Correo Mayor son controladas por diferentes organizaciones de vendedores ambulantes que exigen una cuota por cada espacio. "Tal parece que el gobierno nos quiere orillar a que nos sumemos a esas organizaciones", dijo Acevedo.