Los niegan, pero ahí están sus crímenes, dicen en Chiapas

Autoridades, cómplices de grupos armados: ONG

Ernesto Zedillo encabeza la lista de agresores en un informe publicado por el centro de derechos humanos Fray Bartolomé

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 16 de octubre. Según consenso de los organismos de derechos humanos que laboran en Chiapas, todos los grupos de civiles armados responsables de la violencia contra comunidades en resistencia, sean paramilitares auspiciados por el gobierno y el Ejército (Paz y Justicia, paramilitares priístas de Chenalhó y otros), o bien, bandas delincuenciales como Los Aguilares, Los Plátanos y Los Puñales, existen y persisten gracias a la complicidad, de las autoridades federales y estatales.

Mientras oficialmente no existen ni han existido tales bandas contrainsurgentes, sus crímenes siguen impunes y su hostilidad no ha cesado.

En mayo del presente año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) publicó un amplio "informe especial sobre desplazados de guerra en Chiapas". Su capítulo sexto, titulado El rostro de los paramilitares (pp. 227-235) consiste en una larga lista de unos 200 nombres (sin contar algunos como los de Sabelino Torres Martínez y Samuel Sánchez, que se repiten varias veces). Encabeza la "lista de agresores" el ex presidente Ernesto Zedillo, y lo siguen Julio César Ruiz Ferro, Roberto Albores Guillén, otros seis ex funcionarios chiapanecos y tres generales (uno de ellos, el militar retirado Jorge Gamboa Solís, prófugo de la justicia; igual que José Luis Rodríguez Orozco, ex director de la Policía de Seguridad Pública).

Siguen pendientes las investigaciones a los ex servidores públicos "que no tomaron precauciones para evitar la consumación de los hechos", apunta el documento del CDHFBC, en referencia a los ataques paramilitares entre 1995 a 2000.

"Dichos servidores incurrieron en responsabilidad por omisión. No cumplieron su obligación de guardar y hacer guardar la Constitución", agrega el informe Caminando hacia el amanecer (CDHFBC, San Cristóbal de las Casas, mayo de 2002), para luego identificar a los responsables de más de 30 ataques a comunidades en la zona norte y San Pedro Chenalhó. En el caso de los atacantes de Acteal, el documento enumera a los presos, que no suman ni la mitad de los paramilitares que siguen libres en Chenalhó.

Respecto a las acciones de Paz y Justicia en Tila, Salto de Agua, Yajalón y Sabanilla, Sabelino Torres Martínez (actualmente arraigado por la procuraduría estatal, que "busca pruebas" todavía) aparece denunciado como participante en los ataques a las comunidades choles y tzotziles de Cruz Palenque, Miguel Alemán, Nuevo Limar, San José El Limar, Tzaquil y Los Moyos. Otros nombres que aparecen repetidas veces son Samuel Sánchez y Marcos Albino Torres (ya detenidos y liberados por la procuraduría), Diego Vázquez Pérez y Raymundo Hernández Trujillo.

Recordemos que de aquellos ataques resultaron decenas de muertos y desaparecidos. Y miles de desplazados que a la fecha no han podido retornar pese a las "reconciliaciones" promovidas por el actual gobierno.

Existen decenas de averiguaciones previas no concluídas, y varias órdenes de aprehensión sin ejecutar. Un caso especial, señalado por el CDHFBC, es el de Jorge Enrique Hernández Aguilar, ex secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quien logró una "suspensión incidental en amparo contra órdenes de aprehensión", lo cual viene siendo una forma vergonzante de fuero.

El ex servidor público fue, además de juntacadáveres la noche de Acteal, responsable de la paramilitarización en la zona, al igual que el ex subsecretario de Gobierno Uriel Jarquín, quien ni siquiera necesitó un amparo para seguir tan campante.

La cómoda "suspensión incidental" permite a Hernández Aguilar ser coordinador editorial de una sección fija que pública prácticamente a diario un periódico de Tuxtla Gutiérrez, afín al actual gobierno estatal.

Guardias blancas

Fiel a sus tradiciones, la clase propietaria chiapaneca aún recurre a las guardias blancas, que uno diría superadas por los "modernos" grupos paramilitares. En algunas partes, dichas guardias (pistoleros de los patrones) dieron origen a los grupos armados que desde 1995 desataron una ofensiva criminal contra las bases de apoyo del EZLN y otras organizaciones independientes.

Esto lo acaban de demostrar los finqueros Jorge Meza, Antonio Santiago, Alfredo Velasco, Miguel Hernández Velasco y Rigoberto Méndez de la Cruz, quienes mandaron atacar este fin de semana a miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) de Guadalupe La Cuchilla, municipio Venustiano Carranza.

Cien campesinos e indígenas, "asalariados de los grandes terratenientes", ocuparon 500 hectáreas de la finca Concepción, el pasado 12 de octubre, a las 5 de la mañana. A las 7, el delegado del gobierno, Alberto Fernández Valdivieso, "dio la amenaza de desalojo". A las 11 horas, unos 200 efectivos de la Policía Sectorial recuperaron con violencia las tierras ocupadas.

Sin perder de vista lo expedita que resultó la acción policiaca, cabe destacar que luego del operativo policiaco, cuando los campesinos "se retiraban pacíficamente" fueron atacados a balazos por el grupo de guardias blancas de Arturo Gómez González, Carlos González Solano y Manuel Gómez González.

Quienes comandaban este sábado a los guardias blancas "son en realidad los propietarios, que andan con apariencia de campesinos para engañar a la opinión pública, para que diga que entre ellos se están peleando", dicen los denunciantes. "Hacemos un llamado a los defensores de derechos humanos a que estén pendientes de los campesinos que siguen siendo esclavos, y son pisoteados por los caciques."

Fecha de la denuncia oceísta: 15 de octubre de 2002. Y qué dijeron, Bruno Traven ya se murió. Pues resulta que sus historias no.