Audiencia de la procuraduría militar sobre homicidios durante la guerra sucia

Quirós Hermosillo demanda que se indague el papel de mandos superiores

JESUS ARANDA

El general Humberto Quirós Hermosillo demandó a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) que investigue a los "mandos superiores" que tenía cuando ocurrió la muerte de 143 campesinos de Guerrero en el marco de la guerra sucia. Al celebrarse ayer una audiencia en el marco del proceso penal en su contra -y del general Mario Arturo Acosta Chaparro por el delito de homicidio calificado-, Quirós insistió en su inocencia y recordó que en el Ejército "la línea de mando es vertical, no horizontal".

En este contexto, trascendió que el militar estudia la posibilidad de que sean llamados a declarar los oficiales que fueron sus superiores en los años setenta, aunque esta petición tendría que ser valorada por el juez de la causa para determinar su procedencia.

Fuentes relacionadas con el proceso en contra de Quirós y de Acosta Chaparro -quien también está acusado de homicidio calificado junto con el mayor retirado Javier Barquín Alonso- señalaron que la estrategia de la defensa del primero de los nombrados se centrará en demostrar su inocencia y en el hecho de que no se mandaba sólo, por lo que exigirá que la procuraduría castrense demuestre con pruebas y documentos su presunta culpabilidad, lo cual involucraría necesariamente a altos mandos del Ejército que tomaron parte en operaciones contra de la guerrilla, principalmente en el estado de Guerrero.

Cabe recordar que los tres oficiales ya recibieron el auto de formal prisión por presunto homicidio calificado y su proceso se encuentra en la etapa de presentación de pruebas de cargo y descargo.

La denuncia en su contra se inició con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los años de la guerra sucia; la declaración de un testigo protegido que reconoció haber participado en la muerte de las víctimas y cuando sus cuerpos fueron tirados al mar frente a las costas de Guerrero, y las acusaciones de organizaciones de desaparecidos que le permitieron a la procuraduría militar reunir elementos de prueba en su contra.

En su momento, el procurador militar, Jaime Antonio López Portillo, afirmó que aun cuando no hay evidencia material de que los cuerpos de las 143 víctimas fueron tirados al mar, el Ministerio Público Militar cuenta con evidencias de que la última vez que las víctimas fueron vistas con vida fueron detenidas por militares, además de testimonios, pruebas documentales y periciales, así como peritajes realizados en los lugares en los que ocurrieron los hechos.

La procuraduría militar ha insistido en que esos delitos fueron cometidos en actos de servicio, por lo que los oficiales serán juzgados en el fuero de guerra, porque los oficiales "no estaban francos, ni tampoco llevaban a cabo actividades particulares".

Según la procuraduría militar, las indagaciones siguen abiertas y no se descarta que otros oficiales resulten involucrados.