Apelaremos al juicio popular, advierte Leonel Cota Montaño

Formal libertad, con reservas de ley, al ex gobernador Guillermo Mercado

PEDRO JUAREZ MEJIA CORRESPONSAL

La Paz, BCS, 15 de octubre. Luego de casi dos años de proceso, la juez de primera instancia del ramo penal, Rosalía Cota Domínguez, dictó auto de formal libertad, con las reservas de ley, a Guillermo Mercado Romero, ex gobernador del estado, y a Raúl Antonio Ortega Salgado, ex secretario general de Gobierno, a quienes se acusó en 1998 de desviar fondos del erario por casi 40 millones de pesos. Los recursos habrían sido destinados a la campaña de Antonio Benjamín Manríquez Guluarte, candidato priísta a la gubernatura de Baja California Sur.

De esta forma, Mercado Romero logró ser exonerado de dos de los tres presuntos delitos de los cuales lo acusó la fiscalía especial que encabeza Valentín Moreno Soria, quien anunció que apelará del fallo.

En un principio se atribuyó al ex mandatario un peculado por la supuesta enajenación de un inmueble propiedad del gobierno estatal, pero Mercado Romero comprobó que no vendió la propiedad, sino que la donó al Centro de Investigaciones Científicas de Ensenada.

Posteriormente, la juez Cota Domínguez giró una orden de aprehensión contra el ex mandatario y Ortega Salgado, por un presunto desvío a campañas proselitistas del PRI. A pesar de que eventualmente Rosalía Cota sentenció a prisión a los ex servidores públicos, el juez segundo de distrito, Salvador Fernández León, les concedió un amparo con el argumento de que la fiscalía especial basó su acusación en copias fotostáticas de documentos bancarios.

Actualmente, Guillermo Mercado afronta un juicio por uso indebido de funciones, que inició la fiscalía especial en cuanto a que todos los boletos de avión que se compraron en los últimos 18 meses del sexenio mercadista fueron adquiridos en una agencia de viajes propiedad de Concepción Casas, esposa de Mercado Romero.

Por su parte, el actual gobernador, Leonel Cota Montaño, aseguró que sí se desviaron fondos estatales a la campaña de Manríquez Guluarte. "Sí hay delito que perseguir, porque el desvío está debidamente acreditado, hay declaraciones de funcionarios y personas que participaron en el proceso electoral (de 1998-1999) que confirman que hubo desvío de dinero del erario estatal a la campaña" del PRI, dijo el mandatario en entrevista.

Añadió que apelará "al juicio popular", y para ello entregará a los medios de comunicación el expediente del caso, para que de esta manera, "cada sudcaliforniano pueda emitir su fallo".