Los trabajadores del gremio exigen un incremento salarial negociable de 12%

A debate, la subsistencia del contrato ley en la industria azucarera; comenzará revisión el 17

Escindido por conflictos, el sindicato se prepara para iniciar pláticas con gobierno e IP

FABIOLA MARTINEZ

El próximo jueves, gobierno, empresarios y sindicato de la industria azucarera comenzarán la revisión del contrato ley, uno de los siete documentos de ese tipo en México que nuevamente se encuentra en peligro de desaparecer.

Tras la expropiación de 27 de 60 ingenios -el 3 de septiembre de 2001-, el gobierno federal dejará en claro, ahora en calidad de patrón, si está dispuesto a conservar los contratos ley o encuentra en este proceso el momento adecuado para liquidarlos.

Mientras tanto, sobre el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM), Enrique Ramos Rodríguez, pesa una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por presunto fraude, interpuesta por integrantes del gremio, la cual le podría costar su fuero como diputado federal priísta.

"šA mí que me quiten el fuero, que me lleven al juzgado que quieran y presenten pruebas, pero que no me quiten mi contrato ley! (...) Yo no confío en el gobierno, pero estoy seguro de que no pasarán las mutilaciones al contrato que tanto pretenden", afirma el líder de 48 mil azucareros en entrevista con La Jornada.

La comisión de trabajadores acordó solicitar un incremento salarial "negociable" de 12 por ciento (con emplazamiento a huelga al primer minuto del 16 de noviembre), que beneficiaría a los trabajadores de los 60 ingenios, de los cuales cuatro pertenecen a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y el resto están en control del STIASRM.

Tras diversos conflictos de tipo penal y con una creciente disidencia, la dirigencia del sindicato azucarero basa su optimismo en que "el gobierno-patrón tiene mayoría de 50 más uno" de los ingenios, respecto a volumen de producción y número de empleados.

De esta forma podría mantener a raya a los grupos industriales del azúcar, que desde hace varios lustros tienen en la mira finiquitar o reducir a su mínima expresión el contrato ley, y a quienes, dice Ramos, "les toca protestar porque son minoría". Por ello confía en alcanzar un arreglo con el gobierno, representado por la Secretaría de Agricultura, instancia que en los hechos "deberá presidir" a la Cámara de la Industria Azucarera.

Sin embargo, lo que quizá olvidan los dirigentes azucareros es que los propios funcionarios del la Secretaría del Trabajo han calificado este tipo de documentos de "inoperantes en la actualidad", por el monto que representa pagar las mismas prestaciones en todos los ingenios, independientemente de los niveles de producción de cada uno.

La dirigencia nacional del gremio reconoce la dificultad de obtener un incremento salarial superior al tope de 5.5 por ciento, que se ha otorgado en promedio este año. Sin embargo, expresa, los compañeros petroleros no pudieron romper el tope, pero "como sea le vamos a hacer la lucha, aunque la situación es delicada".

En el pliego petitorio del sindicato destaca el cumplimiento del convenio del 16 de noviembre de 1995 para la construcción de 15 mil casas y, por supuesto, el tema de jubilaciones.

A Ramos Rodríguez le llueve sobre mojado

Desde su ascenso a la secretaría general del sindicato azucarero, en octubre de 1995, a Ramos Rodríguez le ha llovido sobre mojado. Heredó una situación financiera endeble, grupos disidentes en ascenso y cuentas -por pagar y por cobrar- por incumplimiento en prestaciones básicas del gremio. Actualmente, afirma, "se nos adeuda cerca de 65 millones de pesos, 32 millones del gobierno y el resto de los empresarios".

Fue entonces cuando los industriales empezaron a impugnar que el sindicato manejara a discreción fideicomisos millonarios para jubilación, vivienda, seguro de vida y fondo de ahorro, así como los recursos para la operación de clínicas, tiendas, deportivos y otros inmuebles.

Luego, en los últimos días del gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, la autoridad laboral declaró ilegal la huelga de los azucareros, decisión que fue respaldada por la administración de Vicente Fox. A partir de ese conflicto se firmaron una serie de acuerdos derivados del contrato ley y como alternativa para salvar a los ingenios, aunque un año después finalmente fueron expropiados.

Ramos acepta su responsabilidad cuando en 1994 la cúpula del sindicato azucarero, encabezada entonces por Salvador Esquer, acordó modificar el reglamento de jubilaciones, incluido el aumento de la edad para el retiro de 60 a 65 años, problema creciente que constituye una bola de nieve por una serie de conflictos internos.

Un año después 3 mil trabajadores de la industria azucarera estaban en derecho de jubilarse, pero durante un congreso nacional sus representantes oficializaron el nuevo esquema de jubilaciones con un fondo de mil millones de pesos, que se convirtieron en "un millón por aquello de la eliminación de los tres ceros al peso".

Ramos reconoce que ese monto "no da" para pagar a todos los jubilados y mucho menos a unos 3 mil jubilados de los ingenios quebrados en 1992-1993: Emiliano Zapata y Zacatepec, en Morelos; El Mante, Tamaulipas; Santa Rosalía y Tenocique, Tabasco, y La Primavera, Sinaloa, entre otros.

La magnitud de los conflictos en el gremio ha llegado incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la cláusula de exclusión contemplada en los estatutos del sindicato azucarero como herramienta de control para echar fuera a los grupos disidentes.

Así, a partir de este mes retornará el debate sobre los históricos contrato ley de las industrias azucarera, de radio y televisión, textilera y lo que resta de la hulera, que subsisten pese a la oposición de generalizada de los empresarios.