Recursos del ramo 33 serían desviados para remodelar el rancho del Presidente

Demandan PRI, PRD y PT auditar San Francisco del Rincón

GEORGINA SALDIERNA

La Cámara de Diputados remitió a la Auditoría Superior de la Federación una solicitud de PRI, PRD y PT para que se realice una auditoría en el ayuntamiento de San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde se presume que recursos del ramo 33 fueron desviados a la remodelación del rancho de Vicente Fox, con motivo de la visita del presidente estadunidense, George W. Bush.

El requerimiento de revisión fue promovido por el PRI al interior de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, donde obtuvo el apoyo del PRD y del PT; el PAN se abstuvo de firmar el documento.

El diputado priísta Víctor Infante González confió en que el auditor de la Federación iniciará la investigación luego de revisar la petición, y de no ser así, resultaría un grave precedente, puntualizó.

Como parte de la exposición de motivos por los cuales se pidió la auditoría, explicó que se incluye una declaración del secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, en la que afirma que no tiene competencia para investigar las inversiones realizadas en un rancho particular, al parecer propiedad del actual Presidente de la República, en virtud de que estas inversiones las realizó el municipio con recursos del ramo 33.

Al respecto, el priísta demandó que se aclare si es lícito que dicho ayuntamiento invierta 10 millones de pesos en un bien privado, y bajo qué régimen de propiedad están ahora las obras físicas efectuadas en el rancho de Vicente Fox, esto es, si pertenecen al gobierno municipal o son del propietario del inmueble.

El legislador priísta explicó también que se demandó la revisión porque los recursos públicos deben utilizarse en el bienestar de la comunidad, el desarrollo de infraestructura que sirva a todos y el alivio de las necesidades de quienes menos tienen. Recordó que en ningún caso la legislación vigente prevé que esos fondos sean utilizados para mejorar las instalaciones y los servicios de las propiedades privadas de los funcionarios de la administración federal, por alto que sea su rango.