Consigna a ex funcionarios de Pemex y de finanzas del PRI; ninguno está localizable

Abrió la PGR otra indagación sobre campaña priísta

El gobierno se va a quedar con "sardinitas", dice representante del tricolor ante el IFE

GUSTAVO CASTILLO Y ENRIQUE MENDEZ

La Procuraduría General de la República (PGR), por conducto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), abrió una nueva indagatoria en torno a los gastos de campaña de Francisco Labastida Ochoa, y sólo consignó penalmente acusaciones contra ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y los ex responsables de la Secretaría de Finanzas del PRI en 1999 y 2000.

El representante del tricolor ante el IFE, Rafael Ortiz Ruiz, afirmó que el gobierno federal "se va a quedar con sardinitas", porque no atrapará a los peces gordos de los que habló el secretario de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas.

No fueron acusados ni Francisco Labastida Ochoa, ex candidato del PRI a la Presidencia de la República en 2000, ni otros importantes funcionarios de su campaña electoral, como tampoco los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana Prieto, Leocadio Mendoza, Fernando Pacheco, Ramón Hernández Toledo y Pablo Pavón Viñales.

Sin embargo, la Fepade consignó a los presuntos responsables por haber acordado que desde Pemex se transferirían recursos al PRI, mediante el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Según las indagatorias que obran en poder del juzgado decimotercero de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Sur, los cinco ex funcionarios de Pemex que ahora son buscados por Interpol como probables responsables del delito de peculado y ejercicio indebido de atribuciones: Rogelio Montemayor Seguy, Carlos Juaristi, Juan José Domene y Julio Pindter, cometieron el delito de peculado electoral por un monto de 640 millones de pesos.

Igual cargo fue presentado contra Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón y Joel Hortiales, secretario, subsecretario y secretario técnico de finanzas del PRI, respectivamente. Según fuentes gubernamentales, los mandamientos judiciales no se han librado aún, pero ya se considera solicitar a Estados Unidos su colaboración para que localice a los ex funcionarios de Pemex y se les detenga para un juicio de extradición o un procedimiento de deportación.

La acusación penal contra los ex funcionarios de Pemex y los ex dirigentes partidistas fue turnada desde hace tres semanas al juzgado decimotercero de distrito, y se mantuvo el sigilo en torno a esa consignación, incluso con los juicios de amparo interpuestos por los dirigentes petroleros, que exigían conocer los detalles de la investigación de la Fepade. El secreto, contaron fuentes gubernamentales, fue que los que buscaban amparo no están en el listado de órdenes de aprehensión, y los que ahora pretende llevar a juicio la PGR no están localizables, por lo que Interpol tendrá que rastrearlos, se informó.

Por otra parte, Rafael Ortiz Ruiz afirmó que su partido se deslindará cuando se compruebe el uso irregular de recursos públicos a los ex funcionarios del partido antes mencionados.

Admitió que se les puede fincar responsabilidad a partir de lo que establece el artículo 412 del Código Penal para el Distrito Federal, en el sentido de que "se impondrán de dos a nueve años al funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que, a sabiendas, aprovechen ilícitamente fondos, bienes y servicios en los términos de la fracción III del artículo 407 de este código. En la comisión de este delito no habrá beneficio de la libertad provisional".

Afirmó que en el caso de Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex, y sus colaboradores, la PGR no podrá fincarles responsabilidades, porque "no hay elementos para acusarlos de peculado ni por delitos electorales".