Emilio Pradilla Cobos
Contradicciones de la política
El proyecto de construcción del segundo piso en Periférico y Viaducto evidenció nuevamente las contradicciones de la política urbana aplicada por el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, en al menos dos vertientes esenciales: su visión pragmática de la metrópoli, armada a partir de objetivos político-electorales de corto plazo, y sus diferencias nítidas con respecto a la posición teórica, política y programática de la izquierda mexicana en cuyo nombre gobierna.
Basado en el resultado de un plebiscito carente de representatividad, que la izquierda habría cuestionado en otras circunstancias, ha embarcado a su administración, al PRD y, sobre todo, a la ciudad y sus habitantes en una costosa obra que beneficia a una reducida minoría territorialmente focalizada -el poniente adinerado- de usuarios de automóvil individual. Para ello se ha movido a los votantes cautivos de los programas oficiales, del partido y sus clientelas, que habitan en las colonias más pobres de la ciudad, más alejadas de la obra ,y que no recibirán ningún beneficio de ella.
En estas circunstancias, la política se pone de cabeza: la derecha neoliberal panista y priísta reivindica la inversión en transporte público colectivo, y la izquierda se juega su futuro en una obra faraónica que beneficia al transporte individual, a las capas medias y altas, a las trasnacionales automotrices y las grandes constructoras, y profundiza la norteamericanización del desarrollo urbano, a lo que se ha opuesto siempre y lo hace hoy en otros lugares del país o en el ámbito federal, luchando, por ejemplo, contra el aeropuerto en Texcoco o la destrucción del Casino de la Selva. Mientras tanto, el transporte colectivo (Metro, trenes urbanos y suburbanos, trolebuses y camiones, microbuses, taxis) saturado, deteriorado, insuficiente, deficiente, incómodo, tecnológicamente atrasado y contaminante, se enfrenta a la carencia o insuficiencia de recursos de inversión y mantenimiento.
La planeación urbana como instrumento de la sociedad para diseñar voluntaria, democrática y libremente el futuro en función del interés de la mayoría de la población, ha sido convertida en discurso desarticulado y justificador a posteriori de las decisiones pragmáticas y de corto plazo de la autoridad; concluido el plebiscito, tomada la decisión de construir el segundo piso vial e iniciada la obra de su megadistribuidor, se nos informa que pronto se tendrá el proyecto completo de la obra y se presentará a los ciudadanos y los legisladores para "lograr su apoyo" y que se aporten los recursos presupuestales necesarios. En lugar de impulsar proyectos urbanos integrales para concertar, orientar y regular la acción de los actores públicos, privados y sociales, en los que se concilie el interés de todos los involucrados, se utilicen los instrumentos legales disponibles para garantizar el beneficio colectivo y en particular de los sectores empobrecidos y excluidos, se entregan pedazos de la ciudad a grandes empresarios, sin convenios, condiciones ni contrapesos, y se les otorgan incentivos y subsidios en nombre de un indefinido "desarrollo urbano", del "orgullo de la ciudad" o de la hipotética y poco selectiva "creación de empleo" coyuntural; es el caso del corredor financiero del Centro Histórico, de los corredores Reforma-Centro Histórico y Catedral-Basílica de Guadalupe.
La participación ciudadana democrática garantizada por leyes y respaldada por instituciones autónomas, reclamada durante décadas por la izquierda mexicana, se sustituye por consultas telefónicas restringidas, carentes de información previa y sin resultados representativos, como las que realizan diariamente los noticiarios de televisión sobre cualquier tema; el 8 de diciembre asistiremos a un nuevo episodio de esta suplantación. Cuando los ciudadanos imponen la realización de una consulta legal y autónoma -el plebiscito-, se arma un pleito por su financiamiento con el órgano electoral autónomo, que lleva a la ausencia de recursos para difundir la información necesaria para el voto libre e informado, y al fracaso de este medio de participación democrática, con el riesgo de invalidar la forma legal misma.
Otro ejemplo más es la sustitución de una política social equitativa de derechos universales garantizados por la ley y por instituciones sólidas, por una práctica asistencialista de reparto de ayudas monetarias insuficientes, focalizadas, discrecionales, teñidas de clientelismo electoral, no garantizadas por la ley ni por instituciones sociales, similar en esencia a los programas compensatorios y asistenciales aplicados por los gobiernos y organismos multinacionales durante las últimas décadas.
Aún conservamos la esperanza de que el gobierno local y el PRD-DF abran la discusión autocrítica de estas políticas, a la luz de la posición teórica y programática de la izquierda mexicana y del partido, y se cambie el rumbo; ojalá no tengamos que reconocer luego que esta esperanza fue utopía y voluntarismo puro.
