Luis Linares Zapata
Avanti, Presidente, avanti
Al caso Pemex-STPRM aún le falta la tercera parte de la ecuación presuntamente delictiva: el PRI. La puñalada al antiguo régimen todavía no llega al corazón de lo que configuraba el partido de Estado, es decir, aquel que recibía financiamiento ilegal a través del erario, para que la administración de Fox pueda dejar asentado entre la ciudadanía que la voluntad de cambiar hacia otros modos de hacer política es una realidad comprobable por cualquiera. Todavía se duda de la reciedumbre del gobierno para proseguir las pesquisas que el procurador general ha dicho que están a punto de concluir. Pero circulan rumores, trascendidos y opiniones que hablan de acuerdos cupulares para detener todo el proceso justamente donde se encuentra hoy, y no continuarlo hasta sus últimas consecuencias.
Evitar la huelga en Pemex, con toda la importancia económica y tranquilidad social que implica, no basta. Instalar la Comisión Instructora para analizar la procedencia de desafuero, tampoco. Es preciso que la UEDO concrete las investigaciones que hace casi un año inició. Se sabe que el vínculo entre el dinero extraído de Pemex por sus directivos y el sindicato, y canalizado al PRI, existe y sería válido ante tribunales. La autorización extendida por el tesorero Ricardo Aldana Prieto para que varios funcionarios de ese partido sacaran de la cuenta Banorte del sindicato cantidades enormes (500 millones) está documentada. Y también se sabe que en la contabilidad del PRI no aparecen tales montos en sus declaraciones al IFE. De ser cierto tal circuito se estaría en presencia de lo que cae bajo la denominación de delincuencia organizada. Esto implica que todos los indiciados, antiguos funcionarios de la paraestatal, los líderes en vías de desafuero y otros más de sus compañeros, así como militantes priístas que actuaban durante la campaña de Labastida Ochoa, se pusieron de acuerdo para delinquir. En adición a tal figura bien podría adicionarse el delito de lavado de dinero porque con varias maniobras se trató de ocultar el destino de esos recursos extraídos de manera ilegal de Pemex. Y por ello deben ser llevados ante la justicia. Estos sí son delitos graves y se penalizan con varios años de cárcel sin derecho a fianza. Pero -se insiste- hay dudas y rumores de que hubo ya un arreglo entre las altas autoridades, en concreto entre el mismo presidente Fox y la "colaboradora" dupla formada por Madrazo y Gordillo, para no proseguir hasta el final la triangulación y dejar suelta y difusa la parte terminal de este desaguisado.
Pero, al mismo tiempo que se tienen esos temores se vislumbran los réditos que se obtendrían al finiquitar, como es debido, el asunto desatado alrededor de Pemex. Más aun, no puede escamotearse la prosecución de los delitos electorales por más acuerdos en lo oscurito que pudieran concertarse. El IFE, como entidad autónoma del Estado que es, los perseguirá, pues la PGR está obligada, por ley, a informarle en detalle sobre su investigación. No puede, entonces, dejarse de lado el factible escenario de un PRI penalizado con una multa multimillonaria que afectara su habilidad para competir en elecciones venideras, aunque tal penalidad le fuera impuesta en cómodos abonos. El rendimiento político que el gobierno podría extraer de una Cámara de Diputados con una correlación distinta de fuerzas partidarias es enorme, aun cuando en la de senadores subsista predominio priísta. Fox y su administración podrían intentar reformas adicionales o necesarias a la estructura productiva, laboral o política, que por ahora se visualizan imposibles o en extremo disminuidas. La voluntad de combatir la corrupción del gobierno no está establecida entre la ciudadanía de manera permanente y sufrirá mermas con los posibles resultados de los juicios en los tribunales que no serán, de varias formas y modos, contundentes contra los indiciados. Lo más factible es que esquiven, por la habilidad de sus defensores, por las triquiñuelas de siempre o por la misma debilidad de los ordenamientos jurídicos, las penas que la ley debiera imponerles.
Incluir la fase última (PRI) cerraría el círculo para poner sobre aviso a los futuros infractores de lo que les espera. Y prepararía el terreno para modificaciones tanto al financiamiento partidario como para normar, con la transparencia adecuada, la vida interna de los sindicatos, ahora tan permisiva en detrimento de la vida organizada de la sociedad. Asuntos que bien podrían formar parte de la pendiente conclusión de la reforma del Estado. Muchas ventajas que se perderían de concretarse los rumores sobre acuerdos malsanos allá por el rumbo de Los Pinos. Ya se verá cómo se escribió esta interesante historia de los peculados, uso indebido de atribuciones y, por determinar, delincuencia organizada.
