Stella Calloni

Venezuela: el golpe judicial

Caracas. El gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, enfrenta estos días una dura ofensiva de la oposición, la cual, a pesar del fracaso del golpe de Estado del pasado 11 de abril y las divergencias públicas de los agrupados en la llamada Coordinadora Democrática (CD), no ceja en su empeño por derrocarlo.

Los indicadores de la realidad muestran que el golpe ha dinamizado y consolidado todas las estructuras de apoyo al gobierno, lo que no parecen ver los grupos más radicalizados de la CD, que se debate entre sus propias contradicciones, aunque hace uso de un poder que es visible en el manejo de los medios masivos, los órganos supremos de justicia y de algunos jueces, además de sectores gravitantes de la economía.

Sólo así se explica que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya resuelto que no hubo golpe en abril pasado, y en una disposición más reciente -en lo que muchos analistas consideran un "exabrupto político-jurídico"- dejó sin castigo a los oficiales de las fuerzas armadas que participaron abiertamente en la acción que costó vidas y dejó un tendal de víctimas.

La absolución de los culpables es, quizá, una de las gotas que están desbordando el vaso. Hacia el exterior ha mostrado lo que sería capaz de hacer la justicia en "manos de los que reclaman la democracia como sus dueños".

La Coordinadora Universitaria Democrática-Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, ha manifestado su indignación ante la resolución del TSJ, "pues persigue liberar de toda culpa a un conjunto de oficiales de alta graduación, quienes violando el juramento de defensa de la Constitución participaron durante los sucesos ocurridos entre el 11 y 14 de abril pasado de manera pública y notoria en la ejecución de un golpe de Estado en contra del estado de derecho y las autoridades legítimas del régimen democrático venezolano".

Considera que la resolución de la mayoría de los miembros del TSJ es una decisión que consagra la impunidad "de los sectores que se rebelaron y llegaron a abolir el orden constitucional venezolano, suprimiendo la vigencia de los derechos humanos fundamentales, destituyeron a las autoridades legítimas e instalaron en su lugar otras ilegítimas".

A juicio de la coordinadora universitaria, la decisión de los magistrados cuestiona la "vigencia de las instituciones democráticas nacionales, en particular del mismo Tribunal Supremo de Justicia, colocando a quienes apoyan estas intenciones peligrosamente al margen de la ley, y anula la vigencia del estado de derecho que los venezolanos hemos aceptado darnos a nosotros mismos, dejando la puerta abierta a la ocurrencia de nuevos intentos de rebelión militar".

Se advierte también que la comunidad internacional, en su inmensa mayoría, coincide en reconocer que ocurrió un golpe de Estado en Venezuela, al sustituirse un gobierno legítimo a través de mecanismos inconstitucionales, y que "la decisión del TSJ introduce en el ambiente político local factores adicionales de división social" que podrían dar lugar, como en otros países, a prolongados procesos de inestabilidad política.

Otro señalamiento común con esta visión es que el uso con fines políticos de los tribunales y demás instancias judiciales del país "amenaza con desligitimar los medios pacíficos de resolución de conflictos al interior de la sociedad y con anular la vigencia del estado de derecho actual".

En las calles esto se refleja cuando las manifestaciones pro gubernamentales -como en una historia del mundo al revés- piden justicia en favor de sus autoridades. "Sí hubo golpe", dicen las pancartas de miles de marchistas en Venezuela, que ahoran observan con incredulidad y furia cómo los multimedios intentan volver la acusación del golpe y sus consecuencias a las propias autoridades afectadas.

Quizá uno de los hilos más débiles y dolorosos es lo sucedido con los familiares de los muertos y con los que sufrieron daños físicos cuando grupos armados identificados con la policía metropolitana, manejados por el opositor alcalde Alfredo Peña, así como francotiradores de la oposición, dispararon contra los manifestantes que defendían al gobierno.

Para estas víctimas no existe justicia ni piedad en los medios de comunicación, pero esa es una historia por contar. Para los círculos bolivarianos, que se parecen a las asambleas de vecinos de Argentina y a los que los medios intentan satanizar, la sentencia del TSJ es "golpista". Muchos hablan de un "golpe de sobornos". Analizando la sentencia del TSJ, se concluye que es un "verdadero atentado contra la justicia, el derecho y la moral". Juristas latinoamericanos la consideran "un verdadero golpe de Estado judicial", así como los intentos opositores por acusar de esa misma acción golpista al presidente Chávez, quien fue detenido en tres cuarteles militares sin haber renunciado en ningún momento.

Las injusticias cada vez más visibles de ese poder mediático-judicial y económico aparecen como extremadamente irracionales y peligrosas, si uno observa del otro lado de la calle el impacto que producen sobre la mayoría de la población, que hasta estos tiempos nunca había participado realmente en política.

Y menos aún en la fiesta de una clase social que se adjudicó las riquezas provenientes del petróleo en un festejo que parecía interminable y que arrojó a la exclusión social a las mayorías empobrecidas en extremo.

Estos excluidos fueron los que precisamente se expresaron en 1998, cuando Chávez ganó las elecciones con casi 60 por ciento de los votos, lo que en los hechos expresó el fin del bipartidismo y un retorno de participación popular de las clases marginadas, las cuales no parecen dispuestas a ser sacadas de un escenario democrático y que aspiran a consolidar la verdadera justicia.