Ramón Vera Herrera
Ni modo: ante el gambito, la moratoria
Recientemente, el gobierno ha declarado, sin escuchar ni dar argumentos, como lo hizo el presidente Fox en la Cumbre de la Tierra en Johannesburgo: "La única manera de proteger la biodiversidad es beneficiar directamente a las comunidades indígenas que, a pesar de vivir en zonas de gran riqueza natural son las más pobres y marginadas". ƑSuena bien? Ahí está el gambito.
Mientras se declara esto, pesa una prohibición sobre el uso popular de 85 plantas medicinales (no así para su uso industrial), según decreto del 7 de diciembre de 1999. La Secretaría de Salud y el Instituto Nacional Indigenista se empeñan en certificar la actividad de miles de médicos y médicas tradicionales de las comunidades indígenas de México. Persiste la importación de maíz transgénico y hay indicios -aportados por el Instituto Nacional de Ecología- de que existe contaminación del maíz mexicano en por lo menos dos zonas (la Sierra Norte de Oaxaca y algunas comunidades poblanas) con material transgénico que parece provenir de las 22 mil tiendas campesinas de Diconsa.
Es decir, hay trampa. En México no se ha querido reconocer los derechos colectivos fundamentales de los pueblos indios. Sin este reconocimiento no hay sujeto jurídico definido que pueda defenderse, por la vía legal, de ninguno de los daños que la privatización de biodiversidad pueda ocasionar. Las legislaciones esbozadas en materia de biodiversidad, reparto de beneficios, servicios ambientales, práctica médica tradicional, uso de plantas curativas e impacto de los transgénicos son unilaterales. Los pueblos indios no cuentan para nada.
La iniciativa (que es mexicana) del Grupo de los Países Megadiversos Afines sobre biodiversidad y patentamiento de especies por parte de las trasnacionales plantea grosso modo que estas últimas deben repartir beneficios a los pueblos indios por las patentes de especies que se apropian para el desarrollo de sus productos farmacéuticos. Este argumento, repetido antier por Víctor Lichtinger, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (La Jornada, 19 de septiembre), no considera un difícil debate efectuado en nuestro país durante dos años, en el que un sector de la sociedad civil rural y urbana cuestiona el fondo del reparto de beneficios porque: 1) legitima el despojo (privatiza, mediante patentes, bienes universales); 2) se lava la cara repartiendo migajas; 3) se ejercería en la desventaja de no contar con un piso constitucional que reconozca jurídicamente a los pueblos indios; 4) se impulsa al tiempo de buscar coartar (certificando a los médicos tradicionales, prohibiendo el uso popular de las plantas, importando maíz transgénico) a quienes han cuidado desde siempre dichos recursos y el saber tradicional que es el fondo de lo que se roba; 5) no garantiza que los recursos enajenados sirvan a toda la humanidad. Los beneficiados son unas cuantas megaempresas.
Ante eso, más de 500 médicos y parteras tradicionales (pertenecientes a 31 pueblos indios y 20 entidades federativas, que se reconocen como parte del Congreso Nacional Indígena) acordaron el pasado 16 de septiembre una moratoria unilateral "hacia el exterior de nuestros pueblos con relación a toda actividad de investigación, exploración o prospección de los recursos naturales que se encuentran dentro de los territorios de nuestras comunidades y con relación al intercambio de los conocimientos tradicionales generados por nuestros pueblos, en tanto no se generen condiciones globales pactadas con los propios pueblos indígenas, que permitan el aprovechamiento libre y universal de dichos recursos y saberes".
En ejercicio de su autonomía, las organizaciones y comunidades reunidas en el Foro en Defensa de la Medicina Tradicional, en Atlapulco, estado de México, reivindican el derecho a defender la biodiversidad, el uso popular de las plantas medicinales, el cultivo del maíz, y a ejercer, sin cortapisas, la medicina tradicional como parte del tramado de saberes ancestrales que son el centro de su vida.
Suena fuerte, lo es. Sin embargo, los pueblos indios saben que no se trata de cerrar sus fronteras ni de frenar la investigación científica. Siguen propugnando en su declaración por expandir el intercambio de saberes en torno de muchas especies entre los propios pueblos, pero están empeñados en no transigir ante el despojo de los recursos naturales de sus territorios y de la nación, ni a cambio de muchos dólares.
