Incurrió en "prevaricación" en sus autos judiciales contra Batasuna, acusa

Presentará el gobierno del País Vasco una querella criminal contra el juez Baltasar Garzón

El Parlamento regional no suspenderá las actividades del grupo legislativo independentista

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 17 de septiembre. El gobierno vasco, presidido por el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, decidió hoy presentar ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, a quien acusa de haber incurrido en prevaricación en sus recientes autos judiciales contra la coalición Batasuna.

De forma simultánea, el Parlamento vas-co consideró "nula de pleno derecho" la petición del magistrado de suspender de sus actividades al grupo parlamentario de Batasuna por sus lazos con la organización separatista vasca ETA, que sin embargo fue disuelto la víspera en la Cámara navarra.

El portavoz gubernamental vasco, Josu Jon Imaz, dijo tras el consejo de gobierno que la querella se produce por considerar que las decisiones relativas al ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación que el juez ha tomado contra Batasuna suponen una restricción infundada e ilegítima de las normas aplicables del ordenamiento en vigor.

Explicó que las medidas adoptadas por Garzón, entre ellas la de disolver la marcha del sábado en Bilbao, crearán "una situación de inseguridad jurídica", y "suponen una ex-pansión desorbitada de los efectos del auto de suspensión de Batasuna a personas y col-ectivos que no están encausados en los procesos ni tienen que ver con la organización".

Por tanto, el gobierno de Ibarretxe decidió acusar a Garzón de "incriminar a la mayoría de la sociedad vasca que no está de acuerdo con la ilegalización de Batasuna y que considera que los autos del juez son injustos, menoscaban las competencias del gobierno vasco y abocan a una extensión indiscriminada y arbitraria de graves limitaciones el ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación".

El vocero justificó además la presentación de la querella con el argumento de que los autos contradicen la interpretación que, sobre las limitaciones, impone la Convención Europea de los Derechos Humanos a la que se encuentra vinculado, y las relativas al derecho a la protesta pacífica, además de que vulnera un derecho fundamental que es básico para la sociedad.

Todo esto en relación con la decisión de Garzón de suspender las actividades de la coalición, el cierre de sus sedes y locales y la prohibición de cualquier manifestación dirigida o impulsada por Batasuna.

La decisión del Ejecutivo vasco coincidió con la sesión parlamentaria en la Cámara regional en la que se rechazó suspender a Ba-tasuna como grupo parlamentario, como pi-de Garzón, quien solicitaba medidas iguales a las adoptadas en Navarra, que integró a los legisladores de Batasuna en el grupo mixto.

El Parlamento vasco también anunció que estudia presentar una querella contra Garzón por "usurpación de funciones".

Los legisladores se basaron en un informe elaborado por los servicios jurídicos camarales, que resolvió que el auto es "nulo de pleno derecho en lo referente a la Cámara vasca", y al considerar no hay base ni en el reglamento ni en la resolución judicial para la disolución de un grupo parlamentario.

El presidente del Congreso, el nacionalista moderado Juan María Atutxa, explicó que esta decisión "no se trata ni de desacato, ni de desobediencia, sino de poner las cosas en su sitio, pues la decisión va en pos de la defensa del respeto que se merece esta institución, y a su capacidad de autogobierno".

Pero la decisión parlamentaria contó con la oposición de los partidos Popular y Socialista de Euskadi, que señalaron que éste es "un día triste para la democracia" porque se "abre un conflicto interinstitucional de consecuencias impredecibles".

El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, calificó la decisión de "profundo error", y sostuvo que es "insólita, que no tiene precedentes en la historia de los gobiernos autonómicos".

De su lado, José María Michavila, ministro de Justicia, dijo que existen un gobierno y un partido político que están en contra de que se suspendan las actividades de quienes financian el terrorismo, y denunció que el gobierno y el Partido Nacionalista Vasco no encuentran nunca ocasión para luchar decididamente contra el terrorismo, pero sí para poner obstáculos al estado de derecho.

Entre tanto, el consejero vasco de Interior, Javier Balza, atribuyó a un supuesto reparto de cocteles molotov entre los manifestantes del sábado pasado en Bilbao, el origen de la actuación violenta de la policía autonómica, que dejó unas 40 personas heridas.

Balza consideró que la actuación de la Ertzaintza fue "proporcional a las circunstancias y resolvió una situación compleja con profesionalidad".

Por último, el gobierno español calificó de "magnífica noticia" la detención, el lu-nes en Burdeos, de dos etarras, uno de ellos el presunto jefe del aparato militar, Juan Antonio Olarra Guridi, y Ainhoa Mujika.

El ministro español del Interior, Angel Acebes, informó que el gobierno pedirá a Francia la extradición de los dos dirigentes de ETA, quienes, dijo, eran los que fijaban los objetivos y facilitaban los medios materiales a los comandos de la organización armada en Francia para cometer atentados.

Tras señalar que también fueron detenidos Saroia Gallaraga y Bruno Josie, ambos franceses, el ministro dijo que Olarra y Mu-jika, que integraban los comandos Donosti, Levante y Madrid -que participaron en nu-merosos atentados mortíferos-, eran una de las prioridades de la policía desde 1994.

Con estas detenciones, puntualizó Acebes, la organización armada está "cada vez más débil y menos preparada".

Por otro lado, el Parlamento Europeo de-cidió retener parte de las dietas del diputado Koldo Gorostiaga, de Batasuna, hasta cobrar 58 mil euros -casi igual cantidad en dólares-, que la Cámara le solicitó rembolsar por estimar que se utilizó para financiar esta formación.

La Cámara europea había pedido a Go-rostiaga que devolviera esta suma antes del 15 de septiembre, lo que no ha sucedido pues el diputado comunicó que no tiene el dinero ni la manera de recuperarlo.