Bajo arraigo, anterior presidente municipal de Tila
Investigan red de ex funcionarios que habría financiado a grupos armados
ANGELES MARISCAL Y ANDRES T. MORALES CORRESPONSALES
El ex alcalde de Tila, Carlos Torres López, fue puesto bajo arraigo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a partir de una línea de investigación sobre las fuentes de financiamiento de la organización Paz y Justicia que abrió la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE). La dependencia consideró que Torres López habría sido integrante de una red de ex funcionarios estatales y federales que con recursos públicos financiaron y fomentaron las actividades del presunto grupo paramilitar.
En tanto, grupos no gubernamentales comenzaron una campaña para pedir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que responda a la reclamación ACD-19-96, que presentaron unos 12 mil indígenas de Chiapas, quienes pidieron se exhorte al gobierno mexicano a reformar la actual ley indígena y se apegue a lo estipulado en el convenio 169 de la institución.
La procuraduría chiapaneca indicó que al detener el pasado viernes a 27 integrantes de Paz y Justicia, obtuvo evidencias sobre la participación de ex funcionarios en la formación del grupo armado. En un comunicado, señaló que "este martes se localizó y arraigó a Torres López, a quien se le investiga por su probable participación en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, peculado y ejercicio indebido de funciones".
Añadió que Torres López, edil entre 1999 y 2001 en Tila, municipio considerado bastión de Paz y Justicia, sería unos de los "ideólogos y principal financiero" de la organización paramilitar. Según la PGJE, durante su periodo de gobierno apoyó al grupo dándole vehículos, gasolina y dinero del erario, así como una amplia red de radios de comunicación.
Por su parte, la Contraloría de Chiapas dio a conocer que, según la averiguación previa UESP/098/02 y tras una auditoría practicada a recursos del ramo 33 en Tila, se detectó que durante 2001 Torres López incurrió en irregularidades por 3 millones 155 mil 991 pesos, en cuanto a obras inconclusas o no realizadas como carreteras, escuelas y puentes.
La Contraloría indicó que de 1995 a 1998 la Secretaría de Desarrollo Social entregó a Paz y Justicia 4 millones 600 mil pesos por intermediación del entonces comandante de la séptima Región Militar, el general ahora retirado Mario Renán Castillo Fernández.
Mientras tanto, fueron arraigados en una casa de seguridad de Tuxtla Gutiérrez los 27 integrantes de Paz y Justicia detenidos durante operativos en las comunidades Miguel Alemán y Tzaquil, junto con su líder, Sabelino Torres Martínez.
Estos arraigos se debieron a que la PGJE no había recabado las pruebas necesarias para consignarlos ante un juez, pese a encontrarlos en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. La procuraduría dijo esperar que en los 30 días que durará el arraigo, obtendrá de la Unidad Especializada para Grupos Armados, dependiente de la Procuraduría General de la República, datos para conformar los expedientes respectivos.
