Miembros de Paz y Justicia amenazan con desalojar
a bases del EZLN
Instalan nuevo campamento militar en la zona norte
de Chiapas; hostigan a 4 comunidades
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristobal de las Casas, Chis. 17 de septiembre.
Un nuevo campamento militar se instaló
este mes en la zona norte del estado. Se encuentra ubicado a la entrada
de Tumbalá, en el acceso al municipio autónomo La Paz. Esta
movilización castrense ocurrió poco antes del incremento
de tropas (al menos mil efectivos más) en el norte de la selva Lacandona
y las inmediaciones de Montes Azules, a finales de agosto.
Coincidiendo con la denuncia de un posible desalojo en
el municipio autónomo La Paz, se acaba de instalar una Base de Operaciones
Mixtas (BOM) del Ejército, que se suma a la que ya opera en la cabecera
municipal de Tumbalá. Un grupo de familias del Nuevo Poblado Progreso
Agua Azul, bases de apoyo del EZLN, informaron que desde finales de agosto
han recibido amenazas de desalojo por parte de miembros de Paz y Justicia,
quienes afirman contar con el respaldo del Ejército y la policía
estatal.
Según denunció, por su parte, la Red de
Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, el nuevo campamento militar
en Sasamtic hostiga directamente a las poblaciones Xanil, Xanil segunda
sección, San Juan Chichnitic y Chaban (municipio oficial de Chilón).
Desde que llegaron 40 soldados al crucero de Sasamtic, bajo el mando del
comandante ingeniero Nicolás Rodríguez, ocupan una parcela
sin el consentimiento de los ejidatarios.
Estas tropas, asegura la red, "salieron del predio Toniná
y se pasaron a este lugar contando sólo con el permiso del dueño
de la parcela, el señor Juan López Morales, con quien "supuestamente
firmaron un convenio". Por tal motivo, las autoridades ejidales le llamaron
la atención al dueño, "pero no hizo caso porque le dijeron
los soldados que no tenga miedo, ya que está respaldado y tienen
buenas armas, que a los militares nadie les puede hacer nada, porque tienen
orden del Presidente de la República y van a llegar más de
7 mil soldados y se instalarán en varios sitios, como en las cascadas
de Agua Azul, El Mango y Sacun Cubwits".
La presencia de tropas impide el acceso al ojo de agua
de Sasamtic, además de contaminarlo, y las mujeres de los pueblos
han sido molestadas e incluso obligadas a trabajar para los soldados. "También
están tumbando árboles para construir sus casas, sin permiso
de las autoridades ejidales ni del titular de las parcelas". Además,
los militares recorren las comunidades cercanas al campamento; los pobladores
indígenas "se intimidan, sienten que ya no tienen libre tránsito
para realizar sus trabajos cotidianos y temen que más tarde sucederá
lo que pasa en otros campamentos militares: la prostitución, divisionismo,
fortalecimiento de los grupos paramilitares que vienen actuando en la zona,
patrullajes militares, hostigamiento y vuelos rasantes de naves militares".
Los convoyes con tropas han incursionado hasta el desvío
de Alan Sacjun y El Mango, interrogando a los campesinos. Los habitantes
de dichas comunidades exigen, por conducto de la red de defensores, "la
salida inmediata del Ejército de la zona, ya que no dejan trabajar
en paz ni libremente, y los niños no pueden asistir a la escuela
porque no están acostumbrados a vivir con personas extrañas".
Los campesinos afirman que "el Ejército no tiene
nada que hacer en esta zona, porque las propias comunidades saben cuidarse
y protegerse".
Nuevas interrogantes tras el operativo contra
Paz y Justicia
Una observadora internacional, profunda conocedora de
la problemática en la zona norte y participante en las tres misiones
de la CCIODH, escribe a La Jornada expresando algunas "perplejidades"
que le provoca la aprehensión de Sabelino Torres Martínez
y otros miembros de Paz y Justicia, en Tila.
"Toda esta acción da la impresión no de
una voluntad de resolver el problema en la zona norte, sino de encender
un contra-fuego", dice. Respecto del anuncio oficial de que la policía
permanecería en la zona "para resguardar el orden" después
del operativo, se pregunta: "¿No está admitiendo el
gobierno, indirectamente, que podría haber pateado un avispero?"
La observadora expresa que "no se puede lamentar ni mucho
menos lo que tantas veces se ha reclamado: la detención de los paramilitares.
Sin embargo, ésta ocurre en un momento delicado, cuando la opinión
pública internacional tiene la mira puesta en el fallo de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (sobre la ley indígena)".
En consecuencia manifiesta cierto temor de que los recientes acontecimientos
"no sean buen augurio", pues las venganzas consecutivas podrían
ser graves y con ello se fomentaría un ambiente de provocación
que justificara eventuales operativos militares o policiacos para
"mantener el orden".
Refiere la activista que a principios de agosto (cuando
la CCIODH entregó su informe en la zona norte) "nos comunicaron
de las negociaciones que se estaban dando para el retorno de los desplazados
de Masojá Shucjá y Tzaquil". En el último caso, los
indígenas mencionaron presiones para que las familias aceptaran
el retorno y la reubicación en "áreas urbanas" (cuya construcción
aún no se definía).
En ese momento también existían negociaciones
con los priístas de Miguel Alemán para el retorno de los
desplazados. Se planteaba a los futuros retornados que pagaran los impuestos
prediales atrasados correspondientes al tiempo en que no estuvieron.
"Al parecer las negociaciones se hacían entre el
PRI y el PRD (o los recién convertidos a los programas sociales
traídos por los representantes locales de este partido) a nivel
local, dejando fuera a otras organizaciones. ¿Tendrá que
ver, entonces, el operativo con el fracaso de las negociaciones
o la negativa a entrar en ellas (como aparentemente sucedió en el
caso de Diego Vázquez en febrero pasado)?"
La CCIODH supo que en las negociaciones para el retorno
"se contemplaban los famosos proyectos productivos; en este caso se trataba
de la instalación de plantaciones. Llama la atención que
originalmente se trate de tierras ganaderas. ¿Habría allí
conflictos de interés entre el lobby ganadero (y sus paramilitares
leales) y otros más "modernos"?, concluye sus "perplejidades" y
su carta la observadora internacional.
