Hay contubernio con gobiernos, aseguran Greenpeace y otros
Denuncian a grandes corporaciones que introducen transgénicos en AL sin control
La introducción de organismos modificados genéticamente en los cultivos bajo el argumento de que son necesarios es una imposición de las grandes corporaciones trasnacionales farmacéuticas y de semillas, aseguran la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, Greenpeace y el Grupo de Estudios Ambientales.
Esas corporaciones, agregan, buscan un marco legal que dé certidumbre y legitimidad al saqueo de los recursos biológicos y su conocimiento asociado, así como su privatización mediante patentes. Ello ocurre sobre todo en América Latina, donde este proceso se realiza sin dar información ni consultar a los posibles afectados, señalan.
Sostienen que se trata de negociaciones entre gobiernos y el capital trasnacional, que no escuchan preguntas de los diversos sectores; sin marcos legales o con leyes hechas para controlar lo menos posible el uso y la liberación al ambiente de transgénicos y el saqueo de recursos. Tampoco, añaden, hay definición de responsabilidades para quienes desarrollan los transgénicos en caso de daños a la salud y al ambiente.
Destacan que en México los temas se han hecho públicos gracias a que varias organizaciones civiles impulsaron la apertura de discusión y el cuestionamiento tanto de las corporaciones como de las autoridades por los permisos de explotación de los recursos genéticos, los cuales en algunos casos fueron ilegales, sin fundamento en las normas para la importación y liberación de cultivos transgénicos.
Desde septiembre de 2001, exponen, el investigador mexicano Ignacio Chapela reveló la contaminación genética de maíces nativos en Oaxaca y Puebla, sin que un año después el gobierno federal haya definido un plan de urgencia para revertir y controlar los efectos dañinos a esas plantas.
En junio de 2000, abundan, una coalición de organizaciones sociales y ecologistas presentaron una denuncia ante las autoridades ambientales por la firma de un convenio ilegal de búsqueda de genes (bioprospección) en diversas zonas de la República.
El documento fue signado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la compañía estadunidense Diversa, lo cual derivó en noviembre de 2000 en una recomendación de la Procuraduría Ambiental (Profepa) para el Instituto Nacional de Ecología, aún no cumplida.
En dicha recomendación se demandaba realizar una "amplia consulta pública que permitiera a la sociedad y al gobierno precisar las políticas y las normas necesarias para que el acceso a dichos recursos se realice en pleno cumplimiento de la letra y el espíritu de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Convenio de Diversidad Biológica".
ANGELICA ENCISO
