Desarrollo, Paz y Justicia

EAl viernes 13 de septiembre fueron detenidos en Chiapas 27 integrantes del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia. Más de 200 asesinatos, emboscadas y 8 mil expulsados en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua fueron el saldo trágico de los operativos de esta organización.

La violencia en el norte de Chiapas comienza el 19 de marzo de 1995. Ese día Jesús de Celis, presidente municipal de Tila perteneciente al PRI, asesinó a un joven perredista. El crimen, y el largo malestar acumulado por represalias contra las comunidades que en las elecciones de agosto de 1994 votaron por Amado Avendaño como candidato a gobernador, causaron que la población tomara el palacio municipal del lugar. A partir de ese momento se sucedería una espiral de violencia.

Cuando fue aprehendido habían pasado cuatro años, 10 meses y ocho días desde que, en el municipio de Tila en Chiapas, atentaron contra el convoy en el que viajaban los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera.

Las detenciones descabezan a una facción de Desarrollo, Paz y Justicia, reacia a negociar con el gobierno del estado y sumarse a su programa de reconciliación. Fueron ejecutadas dos días antes de la asamblea en la que se planeaba desconocer al líder Cristóbal Gómez Torres por sujetarse a los intereses del gobierno de Pablo Salazar. A pesar de las detenciones, el grupo hizo su reunión y nombró nueva directiva.

Las pugnas intestinas no son nuevas. Las elecciones internas del PRI para escoger candidato a la presidencia dividieron a la organización entre una corriente seguidora de Francisco Labastida y otra afín a Roberto Madrazo. Algunos de los dirigentes que no se plegaron a las órdenes del gobierno en turno fueron temporalmente encarcelados por la administración de Roberto Albores.

En los comicios estatales de 2000 una de las fracciones del grupo apoyó la candidatura de Pablo Salazar. Meses después, Socama, la organización de la que provenían, se alió al nuevo gobernador sin abandonar su militancia priísta.

La región norte, cuna y territorio de acción principal de Desarrollo, Paz y Justicia, tiene, junto con la Sierra, los índices de pobreza y marginación más altos del estado. Las instituciones gubernamentales de desarrollo y asistencia tienen allí muy poca presencia y las partidas presupuestales fueron (y siguen siendo) muy limitadas. Sus tierras son hoy parte de un proyecto para convertir a la región en un nuevo enclave, estableciendo allí una gran plantación forestal. Su población, casi 220 mil almas (Palenque incluido), vive en una región étnicamente compacta. Sesenta y dos por ciento de los habitantes más de cinco años habla chol. El porcentaje de la población indígena creció en los últimos años. Entre 1980 y 1990 pasó, en el municipio de Tila, de 79 a 95 por ciento. Esto es, se ha reindianizado. La presión sobre la tierra y los recursos naturales afecta no sólo a los propietarios privados, sino a las mismas comunidades.

Este grupo paramilitar surgió, según un informe redactado por autoridades locales antes de la visita a la región de legisladores federales en octubre de 1995, "como respuesta a la incertidumbre que genera la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional... Posteriormente esta organización comienza a fortalecerse con la incorporación de dirigentes de la zona que militan en organizaciones oficiales". (Secretaría de Gobierno de Chiapas: Situación del municipio de Tila, Chiapas, sin fecha, páginas sin numerar).

Efectivamente, Desarrollo, Paz y Justicia está integrada por miembros que pertenecen al PRI. Muchos de sus dirigentes son integrantes, también, de Solidaridad Campesino Magisterial (Socama), organización que en el estado de Chiapas obtuvo cuantiosos recursos del gobierno federal y estatal, y con la cual se acordó la entrega de 15 mil 986 hectáreas.

En su financiamiento participan también las asociaciones ganaderas de la región y las de playas de Catazajá, y finqueros. Hasta ahora, ha operado en la región con absoluta impunidad, a pesar del enorme despliegue de tropas del Ejército Mexicano. Sus integrantes controlan caminos y comunidades sin que nada se haga para detenerlos.

Más allá de las circunstancias que explican el operativo policiaco del 13 de septiembre, la aprehensión de los integrantes de Desarrollo, Paz y Justicia es un desmentido a quienes aseguran que los paramilitares no existen en Chiapas. La acción no puede ocultar, sin embargo, que otros grupos similares siguen libres y actuando en el estado. Entre ellos se encuentran los responsables de los últimos cuatro asesinatos de bases de apoyo zapatistas, que la propaganda del gobierno del estado ha querido ocultar.