La banda armada ha dejado una estela de impunidad al amparo del PRI chiapaneco

El operativo contra Paz y Justicia impidió que el grupo paramilitar renovara su directiva

La redada del viernes dejó intactos varios bastiones de la organización tricolor

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 14 de septiembre. La detención de miembros de Paz y Justicia este viernes abre algunas interrogantes: el gobierno estatal, ¿acepta que existen grupos paramilitares, o no?, ¿son estos los únicos cuya existencia se reconoce oficialmente? Los demás, que han causado muertes y heridos recientemente en Ocosingo, Altamirano, Chilón y Chenalhó, ¿son "pura fantasía", como lo fue durante todo el zedillato la organización priísta hoy perseguida?

En el operativo en Miguel Alemán y Tzaquil sólo participaron los cuerpos policiacos de Chiapas (Agencia Estatal de Investigaciones, Procuraduría General de Justicia, Policía Sectorial); ello explica el relativo desamparo que muestran las autoridades estatales, sin respaldo federal, y con un hallazgo mínimo de armas en poder de los detenidos. En círculos del gobierno se sospechaba ayer que los paramilitares recibieron algún pitazo. En todo caso, éstos la vieron venir.

Hoy debía celebrarse una asamblea para restructurar la dirigencia de Paz y Justicia, en el salón de fiestas Montes Azules. Desde el jueves pasado, los delegados de la organización acusaban al gobierno de "pretender controlar y avasallar" la asamblea, así como de intentar "bloquear" la restructuración de Desarrollo, Paz y Justicia. El operativo de ayer impidió, efectivamente, que la organización renovara su mesa directiva.

Existen, no existen, Cexisten, ¿no existen?

El día de la acción policial en Miguel Alemán y Tzaquil para detener a miembros de la organización priísta Desarrollo, Paz y Justicia (o lo que de ella queda), el dirigente estatal del PRI hizo público un texto de su autoría, titulado "Los paramilitares en Chiapas"; allí el líder tricolor, Aquiles Espinosa García, negaba la relación entre su partido y esta clase de grupos. "Conjeturas descabelladas", consideraba Espinosa García las acusaciones que pesan sobre diversas organizaciones de filiación priísta desde hace seis años.

Escrito por lo menos un día antes de la presuntamente sorpresiva acción de las policías estatales ayer en Tila, el documento de Espinosa alertaba contra "las denuncias y acusaciones" que pesan sobre sobre su instituto político, debido a "intereses políticos y económicos", y minimizaba (en el tono que han usado otros priístas en las semanas recientes) la mera existencia de grupos civiles armados.

"Por supuesto que una historia donde se habla de guerra de baja intensidad, de desplazados, de milicianos indígenas pobres y dignos, no vendería por sí sola sin la presencia de los malvados paramilitares, entrenados, financiados y dirigidos por el estado", ironiza el dirigente tricolor sobre la "historia inventada o recreada" de que existen.

Reconoce, no obstante, que "en algunas regiones del estado ha habido expresiones de violencia. Hay civiles armados que han tenido que hacerlo para defenderse ante la ausencia de un auténtico estado de derecho".

Apunta: "Otros se han armado para delinquir, como Los Aguilares, que han sido etiquetados como paramilitares cuando sus acciones corresponden a una banda de asaltantes". En esto sí coincide con la población indígena de Chilón, asolada por esta banda; sólo omite mencionar la protección que el ex gobernador priísta Roberto Albores Guillén otorgó a Sabastián Aguilar y sus secuaces, y la cercanía que estos asaltantes mantuvieron por años con la fuerza pública de los gobiernos priístas.

Considera "totalmente falso" presentar como paramilitares a presuntos "grupos de choque de nuestro partido". Al dirigente estatal no se le escapan, sin embargo, las contradicciones en que han incurrido el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y otros funcionarios. Recordó que como senador priísta y miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), y luego como candidato opositor al propio PRI, Salazar Mendiguchía denunció la existencia de estos grupos.

"A dos años de aquellas airadas denuncias", dice Espinosa, el hoy gobernador ha asegurado que "los paramilitares no existen". Lo mismo que han sostenido siempre los priístas. Este viernes, mientras el texto de Aquiles Espinosa veía la luz, el gobierno chiapaneco emprendió una redada de "paramilitares" en Tila. Encabeza la lista de detenidos Sabelino Torres Martínez, ex regidor priísta de dicho municipio chol.

El talón de Aquiles del PRI

Asesinatos, saqueos, violaciones, desplazamiento forzoso de centenares de familias zapatistas y perredistas se sucedieron en los municipios de Tila, Sabanilla, Salto de Agua y Tumbalá desde 1996. En la que llegó a denominarse la "guerra chol", durante la cual murieron cerca de 300 indígenas en la zona norte -según cifras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC)-, Desarrollo Paz y Justicia emprendió la campaña de contrainsurgencia más violenta de cuantas se ha efectuado en las montañas de Chiapas desde 1995. Prácticamente impune hasta ahora, aquella "guerra" cobró más víctimas que la matanza de Acteal.

Considerada oficialmente fenómeno aparte del conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la campaña de Paz y Justicia fue vista como confrontación religiosa entre católicos y protestantes, o bien una cadena de "vendetas" intercomunitarias. Un secretario de Gobernación de la época, Emilio Chuayffet, igual que sus operadores, la llamaba "la guerra del cura" (en referencia al obispo Samuel Ruiz García, cuyas "huestes zapatistas" habrían sido culpables de la violencia).

Paz y Justicia fue defendida a capa y espada por los gobiernos de Ernesto Zedillo y los interinos chiapanecos Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén.

El haber atestiguado una ceremonia oficial de entrega de recursos a dicha organización en sus años de auge marcó negativamente la carrera política del general Mario Renán Castillo, entonces máximo jefe militar en el estado. En su momento, sin embargo, el hecho revelaba la cercanía y amistad de las fuerzas armadas con la mencionada agrupación civil.

Otro defensor histórico de los miembros de Paz y Justicia fue Gustavo Hirales, miembro de la delegación gubernamental durante los diálogos de San Andrés, quien siempre los presentaba como "organización productiva", mientras los campos de Tila y Sabanilla se cubrían de sangre.

El dirigente de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Samuel Sánchez Sánchez, diputado priísta en ese entonces (y luego fugaz prisionero del gobierno de Salazar Mendiguchía), es uno de los fundadores de Paz y Justicia. Hace siete años, Sánchez señalaba que la creación de la organización obedecía "al proceso de radicalización de orientación de los simpatizantes zapatistas y perredistas en los ejidos y comunidades" (ver nota de Rosa Rojas y Gaspar Morquecho en La Jornada, 14 de noviembre de 1995).

En su informe "Ni paz ni justicia" de 1996, el CDHFBC subrayó: "El grupo se concibe como parte de una estrategia de contrainsurgencia comandada visiblemente por políticos locales". También apuntó la vinculación estrecha de Socama (Solidaridad Campesina Magisterial, del SNTE) y los ganaderos de Salto de Agua, Palenque, Playas de Catazajá y "la elite ganadera de Tila", con Paz y Justicia desde su origen.

Estos terratenientes participaron en la creación de un "cordón sanitario" que protegiera sus grandes ranchos en el norte de Chiapas y el sur de Tabasco, y pusieron sus guardias blancas a disposición del proyecto, que echó a andar en marzo de 1995.

Las primeras denuncias de sus acciones llegaron desde el ejido Emiliano Zapata, de Tumbalá, donde la violencia y la fabricación de acusaciones falsas condujo a la cárcel a gran número de perredistas y bases de apoyo del EZLN. Fue sólo el comienzo.

Campamentos para refugiados

Las hostilidades de Paz y Justicia se siguieron en cascada y produjeron decenas de asesinatos, desalojos violentos en Masojá Shucjá (Tila) y Los Moyos (Sabanilla), desplazamiento de centenares de familias de diversas poblaciones, destrucción u ocupación de escuelas y centros comunitarios, cierre de templos católicos, tráfico de armas, terror generalizado.

La principal sede paramilitar de Paz y Justicia se ubica desde entonces en El Limar, municipio de Tila, donde se instalaron una Base de Operaciones Mixtas del Ejército federal, un cuartel policiaco y hasta un Ministerio Público. Este viernes, la acción de la justicia chiapaneca no alcanzó El Limar ni otros bastiones del grupo, hoy dividido en diversas corrientes, algunas de las cuales se han vuelto perredistas y hasta panistas, o bien se estarían deslindando de los sectores aún armados de la organización original.

Paz y Justicia alcanzó auge "militar" en 1996 y mantuvo bajo control territorios indígenas y recursos gubernamentales hasta fines de 2000. Desde los ejidos Miguel Alemán y Las Limas, en Tila, Los Moyos en Sabanilla y las distintas cabeceras municipales de la zona norte, los paramilitares dominaron los caminos.

Aquella "guerra" llevó a la fundación de Nueva Revolución, San Marcos, San Rafael y otros campamentos de refugiados en los que, hasta ahora, esperan justicia (y oportunidad de retorno a casa) miles de indígenas, en su mayoría bases de apoyo del EZLN.

Desde principios de los años 80, el grupo de caciques y maestros que daría vida a Paz y Justicia ha sido el azote de la región. En los abundantes hechos de violencia de los últimos 20 años, se repiten los mismos nombres: Wulfrano Torres, Marcos Albino Torres, Sabelino Torres, Samuel Sánchez, Diego Vázquez, Juan Martínez Pérez. Sucesivos presidentes municipales de Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón y Palenque brindaron protección a Paz y Justicia, y la agrupación siempre tuvo a su disposición algún diputado federal o estatal y a las asociaciones ganaderas.

En marzo de 1995 el presidente municipal de Tila, Jesús Celis Guillén, asesinó con un R-15 al joven Pascual Sánchez. La crisis municipal que llevó a la caída del edil marcó el origen del conflicto chol. ¿Es ocioso señalar que todos, absolutamente todos los actores de aquella escalada (salvo disfraces posteriores a 2000), pertenecían y pertenecen al PRI?