Casi 200 pacientes yucatecos denuncian ante la SCJN violación al derecho a la salud

Demandan seropositivos sin atención médica la intervención de Vicente Fox

En misiva al mandatario, ONG califica de ''virtual pena de muerte'' la decisión del IMSS de retirar fármacos a enfermos no derechohabientes Hasta $14 mil mensuales cuesta el tratamiento

JENARO VILLAMIL

El Frente Nacional de Personas que Viven con VIH envió una carta al presidente Vicente Fox solicitando su intervención para restituir el tratamiento de mil 119 personas seropositivas, que han dejado de recibir medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social desde el pasado 2 de julio. En tanto, casi 200 afectados de Yucatán solicitaron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en protesta por esa medida.

El frente, encabezado por Hugo Estrada, subraya en su misiva al Presidente que desde esa fecha el IMSS canceló el servicio médico a los ex derechohabientes afectados por la epidemia que estaban siendo atendidos en función del acuerdo 11 mil 924 del Consejo Técnico del instituto.

El frente advierte al Ejecutivo federal que la decisión del IMSS constituye la aplicación virtual de una ''pena de muerte'' y subraya que legalmente sólo se puede revertir la medida con la intervención del Presidente de la República, con la finalidad de incrementar la prórroga y se continúen dando los medicamentos. Considera que el IMSS está violando el derecho a la salud de los más de mil pacientes, ya que administrativamente los medicamentos estaban presupuestados y adquiridos con anticipación.

De acuerdo con un despacho de CNI en Línea, la representante de los seropositivos yucatecos, Ligia Vera Gamboa, afirmó que el objetivo del recurso interpuesto ante la Corte es revisar las normas internas del IMSS, que contravienen el derecho a la salud.

Ssa, sin capacidad de atención

La suspensión del tratamiento antirretroviral para cualquier paciente seropositivo provoca el avance de la enfermedad. Estudiosos como el doctor Juan Sierra Madero, del Instituto Nacional de la Nutrición, consideran que 10 por ciento de dosis fallidas ''puede ser suficiente para que el tratamiento deje de funcionar''.

El acuerdo 11 mil 924 del Seguro Social, que data de 1975, estipula: ''los enfermos de tuberculosis, enfermedades venéreas y fiebre reumática que están sometidos a tratamiento y durante el mismo termine la vigencia de sus derechos, se les continúe impartiendo la atención médica hasta su total curación''. Esta disposición se extendió a las personas seropositivas que durante varios años recibieron tratamiento, a pesar de que ya no eran derechohabientes.

Información proporcionada por Notiese indica que la Secretaría de Salud ha señalado que, por el momento, la institución no está en capacidad de recibir a los ex derechohabientes del IMSS que padecen de VIH-sida, debido a que carece de presupuesto para adquirir los medicamentos respectivos.

En días pasados, una notificación del Censida, organismo encabezado por Griselda Hernández, indicó que aquellas personas que hubieran perdido el Seguro Social tenían hasta 52 semanas para continuar con el tratamiento, sólo si tenían menos de un año cotizando en la institución.

La medida es considerada por los miembros del frente criminal y violatoria del derecho a la salud estipulada en la Constitución. Al quedar marginado este elevado número de pacientes, la gran mayoría provenientes de entidades federativas, como Yucatán, donde han protestado desde hace varias semanas por el desabasto de medicamentos, muchos de ellos están en riesgo de perder los avances de su tratamiento, ya que no cuentan con los recursos suficientes para autofinanciar su atención, que en promedio cuesta entre 10 mil y 14 mil pesos mensuales.

En días pasados, la doctora Carmen Soler, directora del Programa de Sida del Gobierno del Distrito Federal, subrayó que en la capital la clínica Condesa está captando entre cuatro y cinco personas por semana que fueron desincorporadas del Seguro Social.

En el contexto de un seminario organizado por la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Química, Soler advirtió que existe un mercado negro de antirretrovirales, en el que algunos pacientes han caído por falta de acceso a las instituciones de seguridad social y salud pública.

En otras entidades no se cuentan con los recursos ni con las clínicas especializadas para atender a las personas seropositivas que han perdido la atención pública.