La suprema injusticia

No fue sorpresa el fallo contra los pueblos indios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Todo el proceso de las controversias constitucionales llevado a cabo por las autoridades indígenas estuvo impregnado por el racismo y la cobardía política de los ministros, que no se dignaron recibir testimonios orales ni tener contacto real con los representantes de esos pueblos. El máximo órgano del Poder Judicial optó por la vía fácil de declararse sin facultades para revisar reformas y adiciones a la Constitución ni al procedimiento que les da origen, conclusión a la que arribaron en sesiones semiclandestinas y esgrimiendo argumentos de formalismo jurídico que dan la medida de su estrechez de miras y del entramado de su complicidad en el crimen de Estado contra los pueblos indios.

La inminencia del dictamen de improcedencia de las controversias la dio Vicente Fox en su mensaje político del 1° de septiembre, cuando en el mejor estilo del autismo político zedillista evitó referirse al conflicto chiapaneco. Patético papel el del Presidente del cambio que a dos años de gestión no da cuenta a la nación de la realidad que viven los pueblos indios y, por el contrario, mal oculta su estrategia de contrainsurgencia que prolonga la impunidad a los paramilitares, con la conveniente cobertura antropológica del gobierno estatal que se esfuerza en encontrar explicaciones basadas en conflictos familiares e intracomunitarios.

La Corte cierra el cerco del Estado mexicano contra las autonomías indígenas. Si la SCJN no tiene atribuciones para pronunciarse sobre los órganos reformadores de la Constitución y la validez de sus procedimientos, y si la función de estos órganos es soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, significa que la República está secuestrada y el artículo 39 constitucional, que da la soberanía al pueblo, es letra muerta para los ministros.

Con todo, no se debe sobredimensionar o mal interpretar lo ocurrido. Era predecible el voto negativo contra los pueblos indios en la medida de que la SCJN no iba a enfrentarse con los otros dos poderes de la Unión, ya que todos comparten, como tales, los preceptos básicos de un Estado monoétnico, racista y basado en el igualitarismo asimilacionista.

No es conveniente ni deseable que frente a este hecho se afirme que la única salida es la violencia del pueblo, y en particular, de los pueblos indígenas. Primero porque esta tesis ha sido reiteradamente hecha un lado ante la estrategia de la conformación desde abajo de las autonomías de facto y la construcción incesante del sujeto autonómico. Las propias controversias dieron cuenta de la capacidad política de las organizaciones y autoridades indias. Durante todos estos años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Congreso Nacional Indígena y la sociedad civil han respondido a la violencia del Estado con la movilización y la intensificación del proceso autonómico. La violación al Convenio 169, a las leyes y a la Constitución ha sido de parte del gobierno, mientras la búsqueda de la paz, el diálogo y la defensa de los acuerdos de San Andrés han estado en el campo democrático-popular.

Hay cierto grado de estadolatría en considerar que toda práctica social debe pasar necesaria y forzosamente por la sanción gubernamental. Si el Estado mexicano no permite las autonomías, o impide su desarrollo pleno dentro de su marco jurídico, peor para el Estado mexicano. Más temprano que tarde los esfuerzos autonómicos tendrán que ser reconocidos en la Constitución pese a la traición de los tres poderes republicanos.

En este tema como en otros de los grandes problemas nacionales, la actual clase dirigente muestra su incapacidad y desinterés por representar el cambio verdadero y, por el contrario, busca afanosamente hacer realidad sus objetivos privatizadores, desnacionalizadores y de colaboracionismo con el proyecto neoliberal. Cada vez más, esa clase dirigente se convierte en un fardo para el desarrollo del país; en un poderoso obstáculo que impide una reforma de fondo de las caducas estructuras del Estado y la sociedad en México. La alternancia se dio, es cierto, pero hacia un rumbo marcado por el desastre que ocasiona seguir fielmente los dictados del capital transnacional.

Los mexicanos vivimos una situación de emergencia nacional en todos los órdenes. A más de dos años, Vicente Fox ha conducido su acción gubernamental a partir de una política de continuismo y profundización del modelo neoliberal, favoreciendo los intereses del gran capital, y dejando intacta la maquinaria clientelar y corporativa del antiguo régimen. No sólo no se ha observado un cambio en beneficio de la mayoría de la población, sino que incluso se han dado retrocesos notorios en materia de política exterior que han llevado a México a la claudicación y al entreguismo con respecto a Washington. Esta capitulación no es coyuntural sino estratégica. Se observa en la imposición del Plan Puebla-Panamá, en la política migratoria del actual gobierno mexicano como barrera de protección de las fronteras estadunidenses, en los acuerdos militares y policiacos entre ambos países, en el alineamiento internacional y, sobre todo, en la política privatizadora y de total apertura en favor del capital estadunidense.

Ante esta situación, debemos contar con nuestras propias fuerzas: organizando un poder popular alternativo; estableciendo las condiciones de unidad y pluralismo para la creación de un movimiento patriótico de resistencia nacional en el que ?entre muchas otras cuestiones trascendentes? las autonomías indígenas que rechazó la suprema injusticia se consideren prioritarias para la reconstrucción del país.