REFORMA INDIGENA

Estamos lastimados por la resolución, afirman alcaldes y representantes indígenas

Las controversias sí competen a la Corte

Los legisladores son autoridades y la Constitución establece el control de sus actos

VICTOR BALLINAS

Presidentes municipales indígenas de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, y representantes sociales y de bienes comunales manifestaron ayer que se sienten lastimados, indignados y ofendidos por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al determinar que son improcedentes las controversias constitucionales presentadas contra la reforma en materia de derechos y cultura indígenas. "Lo que nos hicieron es una burla", porque "a nuestra esperanza de justicia se respondió con cerrazón y autoritarismo", aseguraron.

En conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseveraron que, "con la declaración de improcedencia que emitió la SCJN, podemos decir que sólo admitió las controversias por cumplir el trámite, no para hacer un análisis de las mismas, sino para acallar nuestros justos reclamos ante los demás poderes del Estado.

"Por esa sencilla razón, los ministros de la Corte nunca quisieron escucharnos en las audiencias formales, limitándose a recibir por escrito los alegatos que presentamos", sostuvieron.

Edgar Cortez, director del Centro Pro Juárez, dijo: "estamos extrañados y no entendemos por qué la SCJN declaró improcedentes las controversias" y volvió a citar a audiencia a los municipios que se inconformaron por el rechazo de las pruebas presentadas. Esperamos que explique las razones del fallo, porque en sus respuestas no es clara y se nota un doble lenguaje. Ahora la Corte dice que los ministros volverán a analizar los expedientes, cuando debieron hacerlo antes de tomar una decisión."

Subrayaron que seguirán "la lucha por la vía pacífica. Hemos resistido 500 años y vamos a continuar en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos y el reconocimiento de nuestra autonomía".

Agregaron que incluso recurrirán "a las instancias internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero reconocemos que hay otros grupos y organizaciones más radicales y no sabemos cómo actuarán".

En respuesta a la determinación de la Corte, los indígenas aseveraron que "la Constitución sí establece un sistema de control de la constitucionalidad de los actos de todas las autoridades, sin excepción alguna, y quienes integran el órgano reformador son autoridades. Al momento en que participan en un proceso de reforma constitucional, lo hacen como autoridades y, por tanto, sus actos deben sujetarse a la ley y a la propia Constitución, por lo que sí se pueden revisar sus actos. Recordemos que la soberanía reside en el pueblo, no en el gobierno". Entonces, "la Suprema Corte sí es competente para conocer de estas controversias".

Asistieron a la conferencia los alcaldes Fermín Cruz, de Santa María Yavesia, Oaxaca; Celerino Bautista, de Tatahuicapan, Veracruz, y Jesús López, de Nicolás Ruiz, Chiapas, así como Antolín Aguilar, síndico municipal de San Agustín, Tlacotepec, Oaxaca; Ruperto Macedonio, alcalde único constitucional de Santa María Yavesia, Oaxaca; Adelfo Regino, de los Servicios del Pueblo Mixe; Domingo Díaz, representante de bienes comunales de Jalatepex, de Condoyoc Mixe; Herón Moreno, de la Red de Defensores Comunitarios de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y Edgar Cortez.

Cuestionaron: "ƑCómo juzgar si no escuchas a las personas que están reclamando justicia? ƑCómo hacer un juicio correcto y completo si no tienes todas las pruebas y te limitas a la lectura de los documentos? ƑCómo emitir una resolución si no tomas en consideración la realidad concreta?"

Así, aseguraron, "podemos decir que la declaración de improcedencia de las controversias constitucionales que emitió la Corte, no sólo está basada en la falta de conocimiento de la realidad de nuestros pueblos, sino que los ministros han hecho una interpretación restringida de las normas constitucionales, concretamente del artículo 105".

Insistieron en que están "sumamente extrañados", porque a pesar de que fue desechada la mayoría de las controversias, a los municipios que interpusieron recursos de reclamación por el desechamiento de pruebas y tenían audiencias los días 11 y 12 de septiembre, el martes pasado la Corte les notificó que éstas se realizarán los próximos 2 y 3 de octubre, para "realizar un análisis de las constancias que integran el expediente".