El gobierno insiste en que la PGR se inmiscuya en una negociación laboral, indican

Dirigentes petroleros se dicen perseguidos políticos

Clima de acoso y linchamiento, acusa el sindicato en cartas enviadas a Fox y la CNDH Pemex afirma que ya hizo un ofrecimiento de casi 9%; el gremio niega la versión

FABIOLA MARTINEZ

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se consideraron ''perseguidos políticos'', y afirmaron que el gobierno federal comenzó ''un embate de intenciones políticas'' contra este gremio y contra el movimiento obrero en general.

Según la versión del STPRM, Pemex no ha modificado su oferta de aumento de 5.5 por ciento directo al salario, mientras fuentes de la paraestatal aseguran que el ofrecimiento ya linda en 9 por ciento, 4.5 puntos más que la inflación prevista para este año.

A 18 días de que venza el emplazamiento a huelga en Pemex, las sesiones de negociación se encuentran suspendidas y se espera que se puedan restablecer el próximo martes, posiblemente en las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debido al clima de tensión entre las partes.

Las fuentes consultadas precisaron que a los 138 mil trabajadores de esta empresa se les ofrece un aumento de 7 por ciento directo al salario y entre 1.5 y dos puntos en prestaciones.

Los 36 secretarios seccionales del STPRM y el comité ejecutivo se reunieron ayer para delinear un plan defensivo. Ahora incluso mencionan que las autoridades no atienden los reclamos en materia de asignación de vivienda y modernización de los hospitales y flota petrolera.

Fernando Navarrete Pérez, secretario del Exterior y Propaganda del gremio, convocó anoche a una conferencia de prensa -en la que no se aceptaron preguntas de los reporteros- para afirmar que hasta el momento ''no ha habido una respuesta aceptable ni negociación alguna que modifique la postura inicial de la empresa y el gobierno''.

En dos documentos, uno dirigido al presidente Vicente Fox y otro a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el vocero del sindicato petrolero aseveró que existe una ''actitud de indiferencia de patrón y autoridades'', quienes ''han promovido un clima de acoso y linchamiento en contra del STPRM''.

El gobierno, ''confundiendo la tutela del derecho laboral, ha puesto en manos del Ministerio Público la calificación de la legalidad de las negociaciones laborales, solicitando como consecuencia de esto el desafuero de los legisladores petroleros''.

La Procuraduría General de la República investiga el presunto desvío de casi 2 mil millones pesos de Pemex al sindicato petrolero, que a su vez se habrían transferido a la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa.

La representación social pidió el martes al Congreso el desafuero del diputado Carlos Romero, líder del sindicato; del senador Ricardo Aldana, tesorero de la agrupación, y del diputado Jesús Olvera, para enfrentar acusaciones.

Según la dirigencia petrolera, el llamado Pemexgate y la administración de justicia son usados por el gobierno ''con propósitos de beneficio político".

Navarrete argumentó que los convenios con Pemex, que han derivado en una docena de órdenes de aprehensión contra ex directivos de la paraestatal y dirigentes sindicales, tienen validez, ''por lo que no están a discusión''.

''Resulta inconcebible que se insista en que el Ministerio Público se inmiscuya en una negociación obrero-patronal, y pretenda convertir selectivamente en un asunto penal lo que representa una negociación laboral'', dijo.