PEMEXGATE

Señala que la procuraduría primero debió agotar las diligencias respectivas

La defensa de Aldana y Romero denuncia a la PGR por haber solicitado el desafuero

Riesgo de que EU se apropie de los 42 millones de dólares depositados por el STPRM

GUSTAVO CASTILLO GARCIA Y ROSA ELVIRA VARGAS

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos (FEADSP) de la Procuraduría General de la República (PGR) recibió una denuncia de la defensa de los dirigentes del sindicato petrolero contra quien resulte responsable por haber solicitado al Congreso de la Unión el desafuero del diputado Carlos Romero Deschamps y el senador Ricardo Aldana Prieto, así como por haber solicitado órdenes de aprehensión contra dirigentes seccionales del gremnio sin antes haber agotado las diligencias de la averiguación previa 182/UEDO/2001.

Fuentes de la PGR revelaron que la denuncia fue promovida desde el día en que la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) solicitó el desafuero de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el pasado martes por la noche.

En círculos cercanos a la investigación se comentó que la premura con que procedió la PGR para solicitar tanto los juicios de procedencia como las órdenes de aprehensión tienen que ver con la fecha fatal del 19 de septiembre, cuando se decidirá si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se apropia de los más de 42 millones de dólares del STPRM que tiene congelados ante la presunción de que proceden de operaciones de lavado de dinero.

Cuatro agentes tras los dólares

Es fuerte la posibilidad de que al final ese dinero no regrese ni a las arcas del gobierno federal ni a las del sindicato petrolero, y en cambio se quede en Estados Unidos, ya que la PGR fundó la solicitud de esos fondos en argumentos falsos o incompletos. Planteó que en este caso ya existían las consignaciones y las órdenes de aprehensión correspondientes y que ya había personas prófugas de la justicia por este caso, y aseguró que el dinero se había obtenido por acciones de delincuencia organizada.

Ante ello, tanto el Departamento de Estado como el Departamento del Tesoro estadunidenses solicitaron a la PGR que hiciera llegar toda esa información, incluida la de aquellos que se encuentran sustraídos de la acción de la justicia, para colaborar en su búsqueda. Sin embargo, como esa información carecía de respaldo real, Estados Unidos tendría facultades legales para apropiarse de los fondos, y puso de fecha límite el próximo 19 de este mes para que las autoridades mexicanas acrediten que los recursos fueron obtenidos en actos ilícitos.

El dinero, depositado en un banco de Nueva York, está siendo disputado, en síntesis, por el sindicato petrolero, el gobierno de Estados Unidos, la empresa de ese país Arriba Limited y, por supuesto, el gobierno mexicano.

Es por ello que con los pasos que avanzó esta semana la PGR contra los líderes petroleros, más una carta del sindicato en la que da su anuencia para que los 42 millones de dólares regresen a México y aquí se resuelva su licitud, es que se pretende que Estados Unidos se dé por satisfecho y descongele los recursos.

Otras fuentes indicaron que entre los argumentos incluidos en los escritos de denuncia del sindicato se destaca que, al haberse girado dos citatorios contra Romero Deschamps y Ricardo Aldana, el Ministerio Público Federal solicitó al Congreso un juicio de procedencia sin para ello haber agotado todas las diligencias correspondientes a la averiguación previa.

De este modo, y de acuerdo con lo informado a La Jornada, la defensa de Aldana Prieto y Romero Deschamps señaló a la FEADSP que los derechos de los legisladores priístas "quedaron en total indefensión", porque supuestamente no existe ahora ninguna autoridad responsable ante la que deban comparecer y la instancia que los citó ya pidió su desafuero sin haber terminado sus indagatorias, y no hay juez al cual recurrir al no existir orden de aprehensión, además de que en el Congreso de la Unión tampoco se encuentra instalada la comisión que analizará el caso.

El pasado martes en la PGR se informó que la solicitud de desafuero se estaba preparando, pero que no se sabía con precisión si ésta se turnaría al Congreso en las próximas horas o días. Ese anuncio se hizo alrededor de las tres de la tarde, sin embargo pasadas las siete de la noche el procurador Rafael Macedo de la Concha envió, por conducto de la Presidencia de la República -desde Inglaterra-, un comunicado de prensa en el que informaba de la presentación de la solicitud de juicio de procedencia.

Esto explicaría, se mencionó en algunos círculos, las imprecisiones y apresuramientos que a todas luces contiene el documento que envió la PGR al Congreso, el cual consta de siete cuartillas y a las que se anexan 56 mil fojas con los que considera elementos probatorios de los ilícitos en que habrían incurrido los legisladores para quienes pide el desafuero constitucional.

Con este panorama, las fuentes consideraron que ni el secretario general ni el tesorero del STPRM comparecerán mañana sábado a las 10 de la mañana, como señala el citatorio del cual La Jornada dio cuenta desde el pasado martes, y en el cual se les advierte a los líderes petroleros que comparecerán en calidad de indiciados por su probable responsabilidad en los delitos de peculado, uso indebido de atribuciones, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Por otra parte, trascendió que, por órdenes de Carlos Romero Deschamps, los cinco dirigentes seccionales petroleros -contra los cuales la PGR ya solicitó órdenes de aprehensión por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, al juzgado decimotercero en materia penal-, serán defendidos por sus actuales abogados, Odette Mobarak y Juan Velázquez.

Aparentemente, ambos litigantes trabajan en la elaboración de las solicitudes de amparo que se promoverán de manera inmediata en caso de librarse las órdenes de aprehensión solicitadas por la PGR.

Estos mandamientos se emitirían contra Fernando Pacheco, dirigente de la sección 24 del STPRM con sede en Salamanca, Guanajuato; Ramón Hernández Toledo, dirigente de la sección 11 y ex diputado federal priísta en la pasada Legislatura; Leocadio Mendoza Olivares, secretario del interior de la dirigencia nacional del STPRM, y Pablo Pavón Viñales, presidente municipal de Minatitlán, Veracruz, y dirigente de la sección sindical de esa zona.