AGENDA
SABOTEAN DECRETO SOBRE TARIFAS ELECTRICAS: BRAVO MENA
Torreon, Coah., 11 de septiembre. El líder nacional
del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Felipe Bravo Mena, sostuvo
que hay una campaña perversa y de sabotaje para "atacar al PAN y
al presidente Vicente Fox" por el aumento en las tarifas de energía
eléctrica. Señaló que el pasado martes, el senador
Jorge Zermeño pidió al Ejecutivo ordene una investigación
para determinar "quién está malinterpretando el contenido
del decreto, porque en zonas de esta ciudad les están llegando los
cobros muy altos", comentó. Además, dijo, está la
evidencia de que el asunto de las tarifas eléctricas está
siendo utilizado con fines electorales. Bravo Mena reconoció que
el problema de los cobros exagerados en la energía eléctrica
existe en otras regiones del país, no es exclusivo de La Laguna,
por lo que "se trata de una estrategia nacional en perjuicio del PAN",
comentó. "No estamos acusando a nadie, pero necesitamos saber qué
está ocurriendo. Pudiera ser el personal de la CFE u otras personas.
Sólo estamos señalando el hecho de que las tarifas se están
aplicando indebidamente, que no van en el sentido del decreto". Sin embargo,
no dio fecha para tener resultados de la supuesta investigación
que se realizará para conocer quién está malinterpretando
el decreto presidencial.
FERNANDO LOPEZ PEREZ, CORRESPONSAL
EL IFE, INFILTRADO POR AMIGOS DE FOX: JAIME CARDENAS
El consejero electoral Jaime Cárdenas consideró
ayer que los Amigos de Fox están infiltrados en el IFE, pues señaló
que tiene sospechas de que ''algún abogado'' del Instituto Federal
Electoral fue quien elaboró la impugnación que presentó
Rito Padilla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En tanto, en la reunión que sostuvo ayer la Comisión de Fiscalización
del instituto, por mayoría este órgano determinó enviar
su respuesta al TEPJF en el sentido de que Padilla no tiene bases para
promover el incidente de aclaración de sentencia con respecto a
las investigaciones de los Amigos de Fox. Sobre la presunta participación
de juristas del IFE en este caso, Cárdenas dijo que no tiene pruebas,
pero está claro que quien elaboró el escrito de Padilla ''es
una persona versada en derecho electoral'', porque tiene conocimiento de
la jurisprudencia en la materia, que un abogado común y corriente
no maneja. Las suspicacias en torno a la participación de funcionarios
del instituto en las investigaciones de los Amigos de Fox se deben a que
el director jurídico, Fernando Agis Bitar, trabajó en la
oficina de la Presidencia de la República. A su salida de la reunión,
Cárdenas señaló que el escrito que enviará
el IFE al tribunal consigna que Padilla no fue parte en el juicio que se
promovió ante el TEPJF y que, por lo tanto, no tiene legitimación
procesal alguna.
POSICIONES ENCONTRADAS EN LA COCOPA
La Comisión de Concordia y Pacificación
(Cocopa) continuó ayer con la discusión sobre la postura
de ese organismo, luego del fallo de la Suprema Corte que dejó firme
la reforma indígena, pero los legisladores no llegaron a un acuerdo
y la negociación continuará en los próximos días.
Hay dos posiciones encontradas, la del PRD, PT y parte de los legisladores
del PRI, quienes consideran que la Cocopa debe asumir su responsabilidad
y proponer la reforma de la reforma, es decir, las modificaciones a la
cuestionada legislación indígena, con base en las críticas
y cuestionamientos formulados por el EZLN y otros grupos y movimientos
étnicos del país. En el otro extremo, un grupo de legisladores
proponen que la comisión formule un llamado al Ejército Zapatista
y al gobierno federal, a fin de que regresen a la mesa del diálogo.
Ello motivó ayer una fuerte discusión, ya que los perredistas
-entre ellos Demetrio Sodi- advirtieron que tal llamado no tendría
efecto alguno, toda vez que los zapatistas no van a regresar a la negociación
mientras no se modifique la reforma indígena con cambios que garanticen
el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, para hacer efectivos
los derechos de autonomía y libre determinación de los pueblos
y comunidades indígenas. Tales diferencias impidieron el acuerdo
en la Cocopa y la elaboración de un documento que se esperaba estuviera
listo ayer.
DISIDENTES DE LA CNC EXIGEN A MADRAZO ACCION INMEDIATA
El grupo disidente de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), encabezado por Nabor Ojeda Delgado, exigió a la
dirigencia nacional del PRI que actúe de inmediato para resolver
el conflicto en el sector campesino de ese partido. "Roberto Madrazo Pintado
ya debe tomar la decisión de frenar el choque de trenes, y Heladio
Ramírez López debe dejar de hacer berrinches y sentarse a
dialogar", puntualizó. Este movimiento "no es tan pequeño
como algunos creen. Allí está el respaldo de los campesinos
de Veracruz, Colima, Chiapas, Gómez Palacio, Morelos, Yucatán
y Zacatecas, quienes han manifestado que Ramírez López carece
de autoridad moral y de representatividad para dirigir el sector campesino",
expuso. Agregó que el pasado fin de semana entregó a Madrazo
Pintado su propuesta para que como presidente del PRI convoque a la unidad
de los cenecistas y determine el proceso para "retornar a la legalidad
en la CNC". El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF falló
a favor de la dirigencia que encabeza Heladio Ramírez López.
PELIGRA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA POR CULPA DEL GOBIERNO:
CIOAC
El gobierno federal privilegia la importación de
granos y oleaginosas, y como resultado de su política están
en riesgo más de 3 millones de campesinos y la seguridad alimentaria
del país, apuntó el dirigente de la Central Independiente
de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Federico Ovalle Vaquera,
en el seminario Las políticas agrícolas en América
del Norte: Impactos de la Ley Agrícola de Estados Unidos. En ese
foro organizado por la Unión Nacional de Organizaciones Campesinas
Autónomas, Federico Ovalle insistió en la urgencia de proteger
el mercado interno, organizar el proceso de industrialización de
la producción agropecuaria, eliminar las ayudas directas e indirectas
a las exportaciones y proteger a los productores. La ley agrícola
de Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio atacan la propiedad campesina.