Prevén crisis si el gobierno no alienta al sector

En 2003, EU comprará 300 mil toneladas de azúcar mexicana

MATILDE PEREZ U.

Estados Unidos aceptó duplicar las importaciones de azúcar mexicana, de tal forma que para 2003 serán de 300 mil tonelada, y después se ampliará la cuota anual en 25 por ciento no acumulable hasta 2008; con ello se cumpliría con el acuerdo del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) para ese producto.

Esta es una carta intención que podría formalizar en breve la Secretaría de Economía con Estados Unidos, informó el diputado Fidel Herrera Beltrán a los dirigentes estatales y del comité directivo de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Productores Rurales (UNC-CNPR).

Sin embargo, el senador priísta por Veracruz manifestó su preocupación porque a la fecha sí existe el excedente de 300 mil toneladas para vender a Estados Unidos, pero si el gobierno federal sigue negando el financiamiento para la siembra de caña de azúcar, frena las inversiones para modernizar las fábricas y no paga a los cañeros por los subproductos, habrá una crisis.

Ante los participantes en la 18 asamblea general ordinaria de la UNC-CNPR, Herrera Beltrán explicó que en la zafra que recién terminó se logró una producción de 4.9 millones de toneladas de azúcar y un consumo -por el ordenamiento del mercado interno- de 4.6 millones de toneladas del dulce, pero podría haber una baja en la producción para la próxima zafra si el gobierno "sigue escatimando los créditos".

A esa astringencia financiera hay que sumar la inexplicable actitud gubernamental de admitir que la empresa refresquera Argos, con sede en Chihuahua, importe de Centroamérica 80 mil toneladas de azúcar mediante el Programa de Importación Temporal para la Rexportación (Pitex), a pesar de que sabe que las bebidas refrescantes se consumen en el país.

"No permitiremos que el gobierno siga atentando contra la industria azucarera nacional, los industriales que quieran seguir importando azúcar debe pagar el impuesto de 2 mil 700 pesos por tonelada. No aplicar ese cobro es poner en peligro logros obtenidos en un año, a partir de la expropiación de 27 ingenios", abundó.

Herrera Beltrán pidió a los integrantes de la UNC-CNPR continuar "rompiendo sus cochinitos" para demostrar al gobierno que la industria azucarera es rentable y así rechazar cualquier intento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de tratar de cerrar alguno de los ingenios expropiados, como lo dijo Roberto Newell, director general del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) en algunos medios de información. Ahora Newell asegura que no dijo eso, expresó el legislador a los cañeros.

Como legislador se comprometió a sumar el consenso de los priístas para frenar cualquier intento del gobierno de cerrar algún ingenio y pugnar por la apertura de más agroindustrias del azúcar y ampliar la zonas de cultivo.

Antes, el presidente de la UNC-CNPR, Carlos Blackaller Ayala, destacó que la agroindustria azucarera se mantiene en pie, y muestra de ello es que el país pasó de ser deficitario en la producción del dulce -en la década de los 90 se producían 3.5 millones de toneladas- a tener ahora un excedente de 300 mil toneladas; la productividad por hectárea es ya de ocho toneladas. A pesar de los tiempos difíciles se ha hecho un esfuerzo para mantener los empleos y dar seguridad a más de 2.5 millones de familias que dependen de la producción de caña de azúcar.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Manlio Fabio Beltrones, se comprometió a trabajar para impedir que los ingenios vuelvan a "ser botín de los capitales, que regresen a manos de los industriales abusivos que defraudaron a los productores".

Durante la asamblea de la UNC-CNPR también se informó que el titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga Arroyo, aceptó entregar el ingenio La Concepción -una vez que se inicie el proceso de reprivatización de los ingenios expropiados- a los cañeros de la UNC-CNPR y de la Confederación Nacional Campesina, quienes participan en la administración de esa agroindustria.