Luis H. Alvarez, comisionado para la paz
La resolución, ingrediente adicional para mantener
zozobra en Chiapas
MIREYA CUELLAR Y GEORGINA SALDIERNA
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) que declaró improcedentes las controversias presentadas por
municipios contra la ley indígena "puede que sea, de momento, un
ingrediente adicional para mantener esta situación de cierta zozobra
que se vive en Chiapas", señaló ayer el comisionado para
la paz en Chiapas, Luis H. Alvarez.
Siempre
buscando no parecer tajante, el también panista y ex miembro de
la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) respondió
con un "pues tal vez no" a la pregunta de si la resolución del máximo
órgano del Poder Judicial ayuda a bajar la tensión que se
vive en estos momentos en el estado. El comisionado fue entrevistado ayer
momentos antes de que comenzara la reunión del consejo panista,
donde se discutió la proyección de principios de ese instituto
político.
Sobre la conveniencia de que se reabriera la discusión
sobre la ley y pudiera modificarse, el funcionario dijo que "sería
conveniente que los legisladores, tanto en el ámbito local como
en el federal, hicieran un análisis detenido y legislaran para poder
contribuir a un avance adicional".
-Es decir, ¿modificarla? -se le preguntó.
-En su caso, pero eso ya sería motivo de un análisis
muy detenido.
Consideró que "no necesariamente es algo que fácilmente
se pueda conseguir", pero es viable "algún consenso" en el Congreso.
Por lo pronto, dijo, "desde el ámbito de mis atribuciones
yo haré lo que esté a mi alcance para tratar de mediar y
contribuir a que esta situación se analice como debe ser".
-Si tuviera aquí a Marcos, ¿qué
le diría?
-Vamos platicando.
Recordó que todavía hay otras medidas que
deben ser instrumentadas. Por ejemplo, dijo, las legislaturas locales pueden
avanzar significativamente. Es más, "aun habiendo coincidencias
y habiéndose aprobado la iniciativa presentada ante el Congreso
federal, era necesario que en el ámbito estatal también se
siguieran analizando cada una de las particularidades que se dan en el
país".
No había elementos para anular reformas: Rodríguez
Prats
La decisión de la SCJN no ha sido recibida de la
misma manera por todos los panistas. Quizá porque es senador y,
por lo tanto, corresponsable del proceso legislativo que concluyó
en la ley indígena, Juan José Rodríguez Prats dijo
que la Corte no tenía elementos para anular una reforma que se hizo
conforme a derecho, pues se siguieron todos los procedimientos y ahí
está en el texto constitucional.
"Creo que todas las apelaciones y controversias que se
presentaron no tenían sustento. Es una decisión que ratifica
lo que se hizo en el Congreso. El Congreso hizo bien su trabajo. Hubiera
sido una grave irresponsabilidad de nuestra parte haber aprobado la iniciativa
tal como la había enviado el Ejecutivo federal."
Para el senador tabasqueño, la interpretación
de los acuerdos de San Andrés y posteriormente lo que se conoció
como la iniciativa de la Cocopa "tenían serias fallas", pero además,
en Chiapas, "desde hace mucho tiempo está totalmente superado el
problema. He estado en esa entidad y no veo que haya ese ambiente de confrontaciones
y violencia que prevalecía hasta finales de 2000".
-Pues porque está militarizado el estado ?le respondió
un reportero.
-Bueno, por alguna razón tenía que ser ?expresó
el legislador.
Si hubiéramos aprobado el acceso colectivo a los
recursos naturales, apuntó, entonces chiapanizamos un problema
en todo el país y eso sí hubiera sido muy grave.
Por su parte, la senadora María Luisa Calderón
manifestó que seguramente "don Luis está muy preocupado porque
no hay señales del EZLN", y reconoció que el comisionado
para la paz "tiene toda la razón cuando dice que la decisión
de la Corte no abona a la distensión del conflicto en Chiapas".
Sin embargo, aseveró que la responsabilidad de los poderes es distinta
y el Legislativo hizo un trabajo que ha sido evaluado positivamente por
el Judicial. La reforma, abundó, resuelve y propone una nueva manera
de relación entre las comunidades indias. La aplicación en
detalle de la norma tendrán que definirla los congresos estatales.
Para la senadora panista, una cosa es que el fallo sea
"una señal que al EZLN no le guste y otra la calidad del proceso
legislativo que la Corte ya calificó como bueno".
Sobre la posibilidad de que se reabra la discusión
del tema en el Congreso -una reforma de la reforma- dijo que "habría
que ver si una nueva modificación nos daría la certidumbre
de que eso acercaría las posturas y nos llevaría a la paz".