Propiciará una "redistribución" del territorio nacional, asegura González Casanova

El fallo de la Corte sobre la ley indígena favorece pretensiones del Puebla-Panamá

La decisión cierra la vía legal y deja el camino abierto a la violencia: Sánchez Vázquez

KARINA AVILES

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de declarar improcedentes las controversias constitucionales en contra de la ley indígena, tendrá consecuencias predecibles: una "redistribución" del territorio nacional que busca el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), de acuerdo con Pablo González Casanova, y dejar abierto el camino de la violencia al cerrar la vía legal, según Adolfo Sánchez Vázquez.

González Casanova, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que la resolución de la SCJN es un "polvorín para México, para Estados Unidos y para el mundo entero", al no reconocer los derechos de los pueblos indios, atacar las autonomías municipales y hacer pensar a la ciudadanía que la lucha dentro del derecho "no sirve para nada".

En entrevista vía telefónica, González Casanova destacó que "si le quitan sus derechos a los pueblos indios se van a convertir en delincuentes por el simple hecho de luchar por algo que les está prohibido".

Agregó: la decisión de la SCJN es un "nuevo golpe" a los derechos de los pueblos indios y a las autonomías municipales, y abrirá la puerta al sometimiento de los municipios autónomos de los pueblos indios y no indios, así como a la "redistribución" del territorio nacional que buscan el PPP y el ALCA en un proyecto de dominación de las viejas oligarquías.

La última instancia

Sin embargo, destacó: la decisión de la SCJN "no es la última. La última instancia es el pueblo de México". Por ello subrayó la necesidad de exhortar a las organizaciones de base y a todos los partidos políticos a luchar por los derechos colectivos y por las autonomías municipales, las cuales empiezan a cobrar cada vez más vida.

Al preguntársele si esta resolución representa un acto de beligerancia por parte del Estado, apuntó: "es más grave que eso. Se sigue practicando la ceguera de los colonialistas en contra de los colonizados, en la que no se incluyen para nada los derechos de los pueblos". Lo anterior, añadió, ocurre en el marco de un "gran atraso" de la sociedad política con respecto a la sociedad civil.

González Casanova recordó que la marcha indígena no fue cualquier cosa, pues salieron pueblos enteros a unirse en esa gran caravana que partió de San Cristóbal de las Casas hacia la ciudad de México. Sin embargo, lamentó, la sociedad política -organizaciones de gobierno y los partidos- "parecen estar ciegos".

Por otro lado, subrayó que dicha decisión sienta un precedente grave para el Estado mexicano y el proyecto democrático. Las reformas a la Constitución "van a poder hacerse con todo género de irregularidades", tal como ocurrió con la aprobación de las reformas en materia de derechos y cultura indígenas, publicadas el 14 de agosto del año pasado en el Diario Oficial de la Federación.

El autor de La democracia en México destacó la importancia de que la sociedad civil y las organizaciones de base del pueblo exijan a los partidos políticos dar prioridad nacional a los derechos de los pueblos indios y a las autonomías municipales. Manifestó que es necesario alcanzar esta prioridad "con una fuerte unión de la sociedad política a las demandas de la sociedad civil".

En ese sentido señaló que hay mucho por hacer: "¡vamos a organizarnos! ¡Vamos a tomar esto en serio!" Incluso, dijo, es posible replantear a los diputados de la actual legislatura, y no esperar a la siguiente, la importancia del reconocimiento de los derechos de los pueblos indios: "Luchar por el derecho a sus derechos será la base de la paz con democracia".

Por su parte, el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez consideró que la decisión de la SCJN "puede tener consecuencias graves, porque al cerrarse el camino legal queda abierto el camino de la violencia". Esperamos que esta última no sea la vía; sin embargo, la "posibilidad queda abierta".

El profesor emérito de la UNAM recalcó que la violencia surge cuando se cierran los caminos del diálogo, y manifestó que la resolución de la Corte, aunque puede interpretarse de muchas maneras, es evidente que no tiene el deseo de solucionar un problema tan importante.

Añadió que el costo de esta determinación no sólo la pagará el Estado, sino la sociedad y, sobre todo, los pueblos indígenas. Con esta decisión se "ha perdido una gran ocasión para ponerse en el camino de la solución a un problema tan grave para el país".

"Lamento muchísimo que la SCJN no haya tenido la sensibilidad necesaria para dar un fallo que busque contribuir a la solución" de un conflicto tan importante, finalizó.