Antonio Medina

La advertencia que lanzó el director del IMSS, Santiago Levy, en su informe del 29 de junio pasado, sobre la "inviabilidad financiera" de esa institución, ya está afectando a la población derechohabiente. Tan sólo en Yucatán, 235 personas con VIH/sida fueron desincorporadas del Seguro Social, por lo que dejarán de recibir atención y medicamentos. En todo el país, 1,119 derechohabientes con VIH/sida han dejado de ser atendidos por el IMSS, a raíz de la revisión de las disposiciones de ley que lleva a cabo esa institución con el propósito de "sanear" su situación.

La desincorporación obedece a que ha dejado de aplicarse el acuerdo 11924/75, emanado de una sesión del Consejo Técnico en 1975, a las personas VIH positivas que han dejado de cotizar al IMSS por despido o pérdida del trabajo. Dicho acuerdo establecía prórrogas a los trabajadores que padecieran "enfermedades venéreas, tuberculosis y fiebre reumática", y que hubieran sido "retirados de la nómina por su patrón", para que el IMSS continuara proporcionándoles atención médica hasta su curación, estabilidad o rehabilitación, o en su defecto, hasta su deceso. Pero ahora, las autoridades de esa institución afirman que el acuerdo referido no aplica más para el sida "ya que esta enfermedad en la actualidad no se considera una enfermedad venérea", según comentó a Letra S Jesús Diez de Bonilla, director de Atención a Derechohabientes del IMSS.

Desincorporar para cuidar los centavos

El pasado 2 de julio, los derechohabientes con VIH/sida, beneficiados por el acuerdo mencionado, se encontraron con la sorpresa de que el IMSS ya no les daría atención médica. Esta acción inició luego de que el 14 de mayo de este año, tras cuatro años de conceder prórrogas de servicios, la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS informó, en un documento de circulación interna, la cancelación de dichas prórrogas, argumentando lo establecido en los artículos 91 y 92 de la Ley del Seguro Social, donde la institución médica sólo está obligada a seguir otorgando los servicios de salud por 52 semanas más al derechohabiente que ha dejado de cotizar, o por el doble si el asegurado continúa enfermo.

En la entrevista con Letra S, Diez de Bonilla argumentó que el IMSS tuvo una "actitud generosa" al darles durante varios años los medicamentos a los pacientes con VIH sin tener derecho a la seguridad social. Pero ahora, señaló, "ya no puede estar sunsidiándolos". Y fue enfático al señalar que "en este momento el IMSS está en una situación en la que debe cuidar los centavos". Por tanto, añadió, "a quienes tenemos que atender nosotros es a quien nos paga. Somos una institución de seguridad social, no de asistencia social."

Esta desincorporación masiva, representará una fuerte presión para la Secretaría de Salud, que tendrá que absorber esa demanda. Pero la Ssa no está en condiciones de hacerlo, el doctor David Gáber Osorno, director del Programa de VIH/Sida de Yucatán, informó a Letra S que no hay la capacidad de enfrentar esta emergencia, ya que no se pueden sumar los 235 pacientes desincorporados del IMSS en Yucatán a los 300 que ya se atienden: "puesto que estamos a mitad de año y el presupuesto ya está programado hasta diciembre".

Gáber Osorno criticó que el IMSS decidiera dejar de dar ese servicio, sin antes haberse comunicado con la Secretaría de Salud.

Según datos de la Secretaría de Salud (Ssa), suman 1,119 las personas con VIH/sida desincorporadas del IMSS en todo el país. Por lo que la doctora Patricia Uribe, directora del Censida, propuso, el pasado 21 de agosto en la presentación del Módulo Legislativo sobre VIH y Sida en la Cámara de Diputados, conseguir 90 millones de pesos para que las instituciones de seguridad social otorguen el servicio hasta diciembre y que la Secretaría de Salud absorba (a quienes vayan a ser desincorporados) a partir del año próximo". Entrevistada por Letra S, manifestó que "el gobierno ha afrontado el problema (de la desincorporación) de manera institucional y no de manera sectorial". Por lo que consideró prudente que "se elabore una estrategia integrada entre todas las instituciones de salud".

Finalmente, en la reunión del pasado 2 de septiembre del Conasida, el secretario de Salud, Julio Frenk, en respuesta a los representantes de las organizaciones civiles dio como alternativa a los pacientes desincorporados, acogerse al régimen voluntario de derechos del Seguro Social siempre y cuando no hayan dejado de cotizar al Seguro Social más de un año. Para los demás pacientes, se acordó que la Ssa buscará un presupuesto específico, que será definido el próximo año.