Afirman saber que para resistirse al proyecto primero deben enfrentar a Gordillo
En Oaxaca no pasará el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, advierten maestros
La represión en la entidad aumentó cuando Jonguitud empezó a perder el control, dicen
BLANCHE PETRICH ENVIADA
Oaxaca, Oax. El magisterio oaxaqueño, que cuenta con una de las pocas secciones totalmente fuera del control de la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adelanta que en esta entidad "no pasará" el llamado Compromiso Social por la Calidad de la Educación, firmado por el gobierno del presidente Vicente Fox y la cúpula de la poderosa organización gremial; tampoco se abrirá una sola de las 50 escuelas piloto de ese proyecto que el gobierno busca establecer en cada estado de la República.
Para poder resistir los proyectos oficiales, que califican de "antesala de la privatización de la educación pública", saben que primero tendrán que enfrentar a la secretaria general del PRI, Elba Esther Gordillo, vieja enemiga política de la sección 22 del SNTE, a quien atribuyen haber "amarrado" las alianzas necesarias para la firma del pacto y consideran la "cacique real" del sindicato de maestros.
Esta sección estatal del magisterio conoce bien la biografía de la ex dirigente del SNTE. Cuando la estrella del cacique sindical Carlos Jonguitud Barrios empezó a declinar, a finales de los años 70, desafiado por la insurgencia magisterial en esta entidad, fue la maestra comiteca quien se hizo cargo de "controlar" a los disidentes. El resultado fue sangriento. En ningún otro estado se sufrieron los embates de la represión como en Oaxaca.
Por eso, como en ningún otro estado, la sección 22 tiene una Comisión Ministerial de Derechos Humanos, en la cual se lleva cuenta de los asesinatos y las agresiones.
También, de manera singular, es la única sección que consiguió hace 10 años que el gobernador en turno, Heladio Ramírez, nombrara una fiscalía especial para casos de represión en el magisterio. Los profesores oaxaqueños lograron incluso que el fiscal saliera de las filas del propio sindicato.
La fiscalía especial
El actual fiscal, Florencio García Estrada, brinda una panorámica de esta historia en cifras. La instancia tiene radicados 197
casos. De ellos, sólo 15 por ciento son por delitos del fuero común. El resto son homicidios consecuencia de la persecución política. La mayoría de las indagaciones son por asesinato. Hay cinco expedientes de maestros desaparecidos. De este cúmulo de causas judiciales, se han logrado procesar 29 expedientes. Hay 40 detenidos, muchos de ellos identificados como pistoleros. Y hay una lista de 62 más, también identificados, en vías de ser ejecutadas las respectivas órdenes de aprehensión.
Pero lejos de considerar que con estos avances se ha roto la secuencia de impunidad, a García Estrada y sus compañeros de la fiscalía les parece que la mano de la justicia está aún muy lejos de alcanzar a los promotores de estos crímenes. Y culpan de ellos al gobierno de Murat.
"Nuestro trabajo es bloqueado constantemente por las autoridades estatales y no se dan recursos para trabajar. En parte, es comprensible: el sistema no nos va a dar armas para que desmontemos todo un mecanismo delictivo en donde en el fondo lo que vamos a encontrar es a ellos mismos."
José Luis García Zárate, zapoteco del Istmo, coordinador de la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (Comadh), agrega que "en los hechos" al gobernador Murat no le interesa la lucha por estas garantías.
"No hay relación entre lo que dice y lo que hace. La prueba es que no ha querido cumplir ni una de las resoluciones que se han emitido en los casos de los compañeros desaparecidos: Víctor Pineda, Modesto Patolzin, Cenobio Fito López Reyes, Felicia Silva Ramos Cruz, Silvia Fernández Aquino, Flavio Maldonado Ruiz. Sus autoridades no han ejecutado las órdenes de aprehensión que se le han solicitado. Pero a pesar de este muro que nos levantan, vamos a seguir. Sabemos que es arduo."
Y han seguido por el camino que muchas otras organizaciones y víctimas han encontrado cuando en sus estados y en México se cierran las vías de la justicia. En este caso, ya son dos los expedientes de maestros desaparecidos que se han presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: los casos de Víctor Pineda y Modesto Patolzin.
La represión más fuerte
La forma en que el veterano cacique abrió en una entrevista reciente con los reporteros Rosa Elvira Vargas y Jenaro Villamil (La Jornada, 25 de agosto de 2002) la caja de Pandora y puso a su antigua discípula en la línea de fuego, al acusarla de estar implicada en el asesinato del maestro Misael Núñez Acosta, puso a la sección 22 ante la necesidad de revisar y poner en perspectiva su propia historia.
Para ello, Alejando Leal, mixteco, convocó en el conocido local de la sección 22 de Armenta y López, en esta ciudad, a varios miembros del Comité Ejecutivo, a los integrantes de la Comisión Magisterial de Derechos Humanos, al fiscal y a varios de los agentes del Ministerio Público de esta instancia especial y a familiares de víctimas a conversar con La Jornada.
En su mayoría, los congregados son jóvenes; no vivieron los años en que la corriente jonguitudista, Vanguardia Revolucionaria, zanjaba sus diferencias con los maestros disidentes mandando a sicarios a venadearlos. Es el caso del propio secretario general, un profesor mixteco que vivió la insurgencia magisterial aún como estudiante normalista.
"Pero sí -dice con naturalidad- aquí en Oaxaca la represión fue un poquito más fuerte que en otros lados. Lo peor vino cuando Jonguitud empezó a perder el control. Todos los actos represivos tuvieron un común denominador: fueron orquestados por el gobierno y la cúpula del sindicato y ejecutado por pistoleros financiados por Vanguardia Revolucionaria."
Todo se valía para este grupo, con tal de mantener la estructura hegemónica. El maestro Sadot Sosa Domínguez afirma que la docilidad de los maestros a la línea vanguardista era aparente. En el fondo había mucho cansancio por tanta corrupción y tantas arbitrariedades. En ese contexto, el primero de mayo de 1980, por alguna razón que más tenía que ver con pugnas políticas individuales que con causas de interés de los profesores, la sección oaxaqueña ordenó a sus agremiados asistir a la marcha del Día del Trabajo enarbolando una serie de reivindicaciones laborales. Después continuó la movilización. Con el tiempo, la directiva se arregló con los políticos y ordenó a los mentores regresar a las aulas, pero éstos no atendieron la orden.
"No nos regresamos. Les dijimos: 'pues a lo que venimos, Ƒdónde está la respuesta a nuestras demandas?'" Así fueron desconocidos los líderes David López Mayrén y Fernando Maldonado López. Fue el principio del fin de Vanguardia.
De ahí empezaron a salir comités democráticos, hasta que no quedaron más que algunos resquicios de jonguitudistas en oficinas paralelas. Ahí fue donde se orquestó la represión.
