martes 27 de agosto de
2002 |
Editorial Política y educación |
Desde que inició el presente ciclo
escolar existe un conflicto en la escuela Secundaria Técnica
1, en el que un grupo de profesores y padres de familia
exige que sean expulsados del plantel los docentes que
militan en la organización Antorcha Campesina, afiliada
al Partido Revolucionario Institucional (PRI). La asociación labriega, por su parte, se ha defendido asegurando que es mentira que proteja a un grupo de maestros, y acusó a la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de promover una campaña de ataques contra los antorchistas. Independientemente de quién tenga la razón, es necesario asentar que las instituciones educativas no pueden ser arena de pugnas políticas ni mucho menos patrimonio de algún partido político o asociación de semejante naturaleza. Lo sucedido entre las décadas de los 70 y los 80 en la Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla es muestra de cómo cuando un partido político interfiere en un centro educativo se trastoca los sistemas de enseñanza, confundiéndose la discusión de las ideas políticas con el proselitismo abierto a favor de los intereses de determinadas élites de la política local. Es necesario que el gobierno del estado evite que se siga multiplicando este tipo de problemas y detecte, especialmente en el medio rural, las escuelas que son dominadas por grupos políticos que ningún interés genuino tienen en la educación. |