Miguel Concha
Derechos humanos y cumbre cultural
La Coalición Internacional Hábitat, que agrupa a alrededor de 450 organizaciones civiles y sociales en 80 países y lucha por el reconocimiento, la defensa y el cumplimiento del derecho a la vivienda, lamentó recientemente que en los documentos de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en Johannesburgo, Suráfrica, del 26 de agosto al 4 de septiembre próximos, se haya suprimido toda referencia a los derechos humanos y a las obligaciones legales correspondientes de los estados, e incluso a acuerdos internacionales prexistentes y anteriormente incorporados.
Para la coalición, las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo son los tres pilares que soportan los esfuerzos para construir un futuro sostenible, y los derechos civiles, económicos, culturales, políticos y sociales son las articulaciones que interdependiente y mutuamente los refuerzan y los mantienen a plomo. Por ello urge la reintroducción de los contenidos de derechos humanos en la declaración, el plan de acción y el marco institucional de la cumbre, pues de otra manera se estarían promoviendo los más inescrupulosos intereses, que buscan suplantar un proceso de desarrollo centrado en la persona, prometido hace 10 años en la cumbre de Río de Janeiro, y socavar la autoridad de los estados para proteger los derechos humanos y administrar justicia. Lograr las metas del desarrollo sostenible significa entonces no retroceder en las normas y compromisos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y es posible alcanzarlo si los gobiernos manifiestan la necesaria voluntad política para cumplirlos, y aseguran por tanto la participación de los sectores más afectados en la solución de los problemas del desarrollo y los dilemas ambientales.
Otras dos organizaciones internacionales, la Red de Información y Acción por el Derecho a Alimentarse (FIAN, por sus siglas en inglés), y La Vía Campesina, que agrupa movimientos campesinos de Europa, Asia y América Latina, acaban de denunciar que en los documentos preparatorios de la cumbre se inculpa a los campesinos sin tierra de ser los principales responsables de la deforestación, y no se responde eficazmente a la pregunta de cómo pueden éstos ver asegurado su derecho a la tierra y a alimentarse. Con datos extraídos de la situación de Brasil, las organizaciones mencionadas muestran cómo el agribusiness, especialmente las granjas y fincas grandes, y no las fincas pequeñas de los colonos, así como los grandes proyectos industriales, son los principales responsables del deterioro y la destrucción ecológicas, y explican cómo en el sistema económico actual la simple seguridad jurídica en la tenencia de la tierra no es suficiente para garantizar el derecho a la tierra y el manejo sostenible de los recursos naturales, como se sostiene en la Plataforma común sobre acceso a la tierra, promovida por la Coalición Popular para Erradicar el Hambre y la Pobreza. Dicho enfoque en efecto tiende a igualar derechos de tierras seguros con derechos de propiedad privada, y dada la fuerte tendencia de los mercados globales hacia la desregulación, la privatización y los mercados funcionales de tierras, que socavan la viabilidad económica de los pequeños agricultores, las políticas diseñadas para fortalecer los derechos de propiedad tienden a beneficiar principalmente a grandes empresarios agrícolas y pueden inducir ventas masivas de tierra para la producción en gran escala, mediante el uso intensivo de pesticidas y fertilizantes, aumentando su concentración, la migración rural-urbana y el incremento del deterioro ecológico. Los pueblos indígenas, por lo demás, han manejado durante generaciones sus ecosistemas de manera sostenible, sin conocer derechos formales de propiedad.
Las organizaciones mencionadas denuncian también que los diálogos preparatorios para la celebración de la cumbre parecen no tener ninguna influencia en sus resultados (es más, se habla que ya están acordados por los gobiernos en 70 por ciento), y que se han dado oídos sordos a las voces críticas contra la liberalización del comercio y las políticas de ajuste estructural en la agricultura, la minería y otros sectores. Piden que no se confíe en la persuasión moral y las condiciones financieras de las organizaciones internacionales como el Banco Mundial para colocar el tema de la tierra en las agendas nacionales, pues nunca han considerado las demandas de las organizaciones de pequeños agricultores y sin tierra en sus políticas agrícolas, y han fomentado la tendencia de los gobiernos de retirarse de la prestación de servicios de extensión agrícola (asistencia técnica, comercialización, etcétera) y descuidar sus obligaciones de garantizar el acceso a la tierra
