Reconocen que los procedimientos actuales retardan la impartición de justicia

Buscarán procuradores agilizar reformas para instaurar juicios orales y eliminar los escritos

GUSTAVO CASTILLO GARCIA E ISRAEL DAVILA ENVIADO Y CORRESPONSAL

Ixtapan de la Sal, Mex. Procuradores y presidentes de tribunales de Justicia de todo el país acordaron que de manera lenta pero firme se instaurarán en México los juicios orales y se buscará desaparecer los procesos escritos -como actualmente se desarrollan-, pues consideraron que son un obstáculo para una justicia pronta y expedita.

"El procedimiento penal es actualmente lento, tortuoso, causa mucho daño, lesiona y retarda la impartición de justicia, y causa enorme daño a la víctima o al ofendido, por eso el procedimiento del juicio oral ya se planteó desde Cancún.

"Se están afinando los mecanismos para, lenta y paulatinamente, hacer los ajustes y las reformas legislativas en todas las entidades, con el propósito de sustituir el proceso clásico por uno oral, que sea más simple y sencillo, en el que la víctima tenga una intervención directa, permanente e independiente de la del Ministerio Público", afirmó el procurador de San Luis Potosí, José Luis Bravo Méndez.

En conferencia de prensa, señaló que los procuradores acordaron buscar la forma de "acelerar las reformas a la legislación".

Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sonora, Gonzalo Yescas, afirmó que "la justicia alternativa tiene más posibilidades que lo penal, pues también puede ser empleada en materia civil, mercantil y familiar.

"Es un reclamo que los procedimientos sean más rápidos, y el procedimiento escrito es un obstáculo para la rápida impartición de justicia; si no cambiamos nuestro procedimiento e introducimos formas como la oralidad, si no buscamos fórmulas, no vamos a avanzar en los requerimientos del país y no se dará cumplimiento a lo que establece el artículo 17 constitucional de justicia rápida y expedita."

Indicó que "España y la mayor parte de América Latina tiene la oralidad en sus procesos. La oralidad significa que hay mayor concentración en las actuaciones y todo el litigio se resuelve en una sola audiencia de pruebas, alegatos y sentencia".

Según él, "en México el juicio oral se aplica en materia agraria; esto no es ajeno a nosotros. Si un proceso (actualmente) nos lleva uno o dos años, la oralidad nos va a dar un proceso de seis meses. La justicia alternativa ya es una realidad".

Según los acuerdos de la tercera Reunión nacional de presidentes de tribunales superiores de Justicia y procuradores -de los cuales posee copia La Jornada-, fue el subprocurador de Guanajuato, Manuel Angel Hernández, quien propuso la oralidad en los juicios. Destacó en su intervención que en México hay quienes pugnan por la aplicación de un cambio sustancial en el proceso penal.

Lo secundó Celia Pérez Gordillo, procuradora de Quintana Roo, quien expresó que la adopción de este sistema de enjuiciamiento (que es aplicado, por ejemplo, en Estados Unidos) se debe adoptar "planteándose progresivamente, en primera instancia, reformas conducentes a la legislación, que hagan imperativas las enmiendas a las disposiciones correspondientes a la audiencia final del proceso penal (cuando se dicta sentencia), a efecto de transformar en forma gradual la justicia penal".

Nuevas facultades a jueces

En conferencia de prensa, en la que se dieron a conocer las conclusiones de este encuentro, el procurador potosino reveló que en esta reunión se planteó la "conveniencia de que se le den facultades a los jueces para que antes de que se dicte sentencia revisen cuidadosamente las conclusiones que presentan los agentes del Ministerio Público, sobre todo aquellas que presentan deficiencias en su presentación, y se tome la atribución de avisarle" al procurador de la entidad respectiva para que se corrijan las anomalías y los responsables de un ilícito no puedan obtener su libertad.

Según los acuerdos, Miguel Angel Cortés Ibarra, procurador de Sonora, propuso "promover reformas a los ordenamientos jurídicos para evitar la impunidad, mediante el establecimiento de dispositivos legales que permitan a un tribunal advertir que las conclusiones del Ministerio Público no reúnen los requisitos de ley, y que se establezca un plazo de 72 horas para que se dicte un auto (determinación) de calificación (positiva o negativa) de conclusiones".

Otros acuerdos fueron impulsar el establecimiento de instituciones de educación superior, que se denominarían escuela judicial ministerial, con el objetivo de fomentar la profesionalización integral para ministerios públicos y jueces.

Respecto a la conveniencia de establecer mecanismos de conciliación en los casos en que las partes de un litigio puedan llegar a un arreglo, esto quedó pendiente, pues aunque se discutió su utilidad no hubo consenso en cuanto a cómo poner en práctica esa figura jurídica y tampoco se llegó a un acuerdo en cuanto a si debe ser el Poder Judicial o las procuradurías quienes lo establezcan.

Además, se creó la Comisión Nacional de Reforma de Procuración y Administración de Justicia, la cual convocará a los presidentes de las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, así como a especialistas, con el propósito de elaborar reformas legislativas.