viernes 23 de agosto de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Tendría como propósito enjuiciar y castigar los actos de negligencia
Solicita el PT la integración de una comisión que investigue la actuación de tres jueces

Juan Luis Cruz Pérez n
Con el propósito de aclarar la actuación de las autoridades judiciales que autorizaron la liberación de siete secuestradores en los últimos 10 meses en el estado de Tlaxcala, así como proceder penal y administrativamente en contra de los responsables, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del estado solicitó la integración de una comisión especial de diputados que investigue si existió negligencia en la integración de las averiguaciones previas o bien, si la libertad se debió a corrupción de parte de los jueces.
El líder de este grupo parlamentario, Víctor Morales Acoltzi, sostuvo que es necesario que el Poder Legislativo, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política local, investigue las actuaciones de los jueces Flavio Flores Cervantes, quien liberó a Edith López Flores, involucrada en el plagio de Abelardo Meneses Curiel; así como a María Argelia Sánchez Muñoz, por excarcelar a Francisco Juárez Fernández, señalado como el cabecilla de la banda que secuestró a Abelardo Meneses Delgado; y a Rubén García Hernández, por exonerar a cinco de los integrantes de la organización criminal que privó de su libertad a Belarmino González.
En la propuesta que fue presentada en tribuna, el legislador petista dijo que en el marco de las atribuciones del Poder Legislativo, éste tendrá que iniciar la investigación correspondiente para determinar qué autoridad ha dejado de cumplir con la obligación que le imponen las propias leyes, que se establezca con certeza qué órgano de gobierno es el que ha fallado en detrimento de la sociedad, pues "no se puede permitir más atropellos en la impartición de justicia de la entidad, sobre todo porque entre jueces y el procurador Eduardo Medel Quiroz existen contradicciones respecto del origen que dio a la liberación de esos personajes" (sic).
Con este propósito, presentó un punto de acuerdo para que tanto el procurador como los jueces involucrados en estos asuntos informen al Congreso del estado el número de personas que han sido detenidas y consignadas por el delito de secuestro y posteriormente liberadas por los jueces de la entidad, los juzgados donde se radicó los procesos de la personas encarceladas por este delito y el nombre de las autoridades sobre las que pesa la sospecha de corrupción, además del sustento por el que se considera que su actuación no fue apegada a la legalidad. Otra demanda es que presenten las pruebas, razones y fundamentos legales para que hubieran decretado la libertad de las personas que fueron acusadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado como presuntos responsables de delitos de secuestro, si la libertad decretada fue absoluta o con las reservas de ley.