Las autoridades estatales
negaron que la salida del reo haya sido producto del
tráfico de influencia. Sin embargo, el expediente sobre
el estado de salud de García Maldonado fue extraviado
por el nosocomio, y la presunta enfermedad que los
doctores particulares alegaron que padecía el interno no
pudo ser constatada por el juez que lo tiene a su
disposición.
Fuentes de la Secretaría de Gobernación dieron a
conocer que en la tarde- noche de ayer Armando García
fue sometido a una valoración médica -sin precisar el
lugar donde se practicó- mediante la cual se pudo saber
que dicho sujeto sí había sufrido un problema de salud,
pero ya había sido superado, por lo que estaba en
condiciones de ser trasladado nuevamente al penal.
Las anomalías
Cerca de las 16 horas, el juez cuarto de defensa
social, Armando Pérez Acevedo, arribó al hospital
Betania para dictar auto de formal prisión, con derecho
a fianza, a García Maldonado y analizar la posibilidad
de que fuera trasladado de nueva cuenta al Centro de
Readaptación Social de Puebla. Policías municipales
vigilaban al detenido.
Al entrar a la habitación 417 de ese nosocomio, y
solicitar a los médicos el expediente del detenido, a
fin de que los médicos que lo acompañaban evaluaran el
estado de salud del acusado, los médicos particulares le
informaron que los documentos los tenía el director de
la institución, Fernando Osorio García, quien, por
cierto, también se negó a dar información a los medios
de comunicación sobre la enfermedad del reo, y ordenó a
los guardias de seguridad privada que impidieran la
entrada al hospital a varios reporteros.
Pese a que el juez insistió en que necesitaba el
expediente del enfermo para determinar si era posible
regresarlo al Cereso, personal a cargo de Fernando Montes
Gómez, director de supervisión de establecimiento de
Readaptación de la Secretaría de Gobernación, ordenó
que fuera trasladado al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado de Puebla (Issstep), para practicarle
los estudios necesarios.
Por su parte, los abogados defensores del acusado negaron
que su cliente pretendiera darse a la fuga como lo
aseveró la parte ofendida; es decir, los representantes
de la Constructora Veracruzana y Poblana, a quien el
detenido presuntamente defraudó con 38 millones de
pesos. La parte defensora informó que el estado de salud
de su cliente era de cuidado, por lo que no podía ser
trasladado al penal de San Miguel. Inclusive, solicitaron
un amparo federal para impedir que regresara a la
cárcel.
Después de dos horas de haber arribado al hospital, el
juez dio a conocer que le dictó auto de formal prisión
con derecho a fianza, la cual se fijó en 10 millones de
pesos.
La dirección de comunicación social del Cereso de San
Miguel, reiteró que, previo dictamen médico, el
responsable del penal, Marco Antonio Jiménez Aguilar,
autorizó la salida del acusado, pues Eufemio Armando
García presentó "problemas cardiacos" que no
podían ser atendidos en el lugar.
Negaron que el reo esté recibiendo un trato especial, y
explicaron que la salida fue autorizada porque el
reglamento del centro penitenciario faculta al director
para "permitir que todo interno que no pueda ser
atendido en las instalaciones, ante la falta de
estructura, sea trasladado a un hospital para evitar
poner en riesgo su vida"; esta situación,
advirtieron, no implica que el ahora enfermo se sustraiga
de la acción de la justicia, pues está vigilado por
personal de seguridad pública.
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