Audiencias en la ALDF
Debe analizarse el costo del consejo de información
GABRIELA ROMERO Y RAUL LLANOS
El consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Javier Santiago Castillo, propuso que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) sea la instancia responsable de resolver las controversias relacionadas con cualquier violación al derecho de acceso a la información pública. Esto implicaría reformar el artículo 122 constitucional, ya que en la actualidad ese órgano se limita a resolver los conflictos entre particulares y la administración pública.
Al participar en el ciclo de audiencias que realiza la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa en materia del derecho a la información pública, Santiago pidió a los diputados reflexionar sobre el costo financiero que implica la creación del Consejo de Información del Distrito Federal. Mientras, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, precisó que el desafío no está en la integración de dicho consejo, sino que "no genere burocracia ineficiente".
Aseveró que se debe tener claro que la información es de los ciudadanos, no de la autoridad, por lo que es obligación de los gobiernos garantizar el acceso de los particulares a la información.
En tanto, Santiago Castillo advirtió que obligar a los administradores de la información a hacer uso de los instrumentos tecnológicos disponibles para facilitar el acceso, puede "desembocar en un sistema complejo que implique costos significativos para el erario. Por lo tanto, se debe considerar un diseño mediante el que todas las entidades públicas de la ciudad privilegien el acceso de los ciudadanos a la información pública, evitando que se enfrenten a una pesada burocracia y a la falta de soluciones oportunas".
En reuniones de trabajo por separado con diputados locales, Alvarez Icaza y Santiago Castillo se expresaron a favor de una legislación en la materia. "Pero es importante tomar en cuenta el tipo de ley que queremos para la ciudad de México, desde una perspectiva basada en los derechos humanos", acotó el ombudsman.
El diputado perredista Gilberto Ensástiga admitió que se tendrá que evaluar el problema de los recursos.
