El IPAB podría reducirlos del costo fiscal del rescate
Los banqueros inflaron pérdidas por casi 37 mil millones de pesos
Incluyeron de forma indebida intereses moratorios
ANTONIO CASTELLANOS
A las irregularidades que se presentaron con la compra de bancos mediante créditos cruzados, sin garantía y con pocas posibilidades de recuperación, los banqueros sumaron pérdidas ilegales. Inflaron créditos en cartera vencida por casi 37 mil millones de pesos. Indebidamente sumaron intereses moratorios y otros conceptos como reservas y esquemas de incentivos.
Por los intereses moratorios Banamex, Bancomer y Bital trasladaron al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) 12 mil 299 millones de pesos. Los cargos moratorios sólo se permitían en tres meses, a partir de que el acreditado caía en cartera vencida. Sin embargo, los banqueros sumaron todo el periodo hasta entregar el crédito al Fobaproa, según documentos a los que tuvo acceso La Jornada.
En los tres casos, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) está en posibilidad legal de regresar esos pasivos para que los asuman los bancos, porque no estuvo pactado que cargaran los intereses moratorios, que incluso correspondían a acreditados a los que no exigieron las garantías necesarias para recuperar los créditos. Así, también se reduciría el costo fiscal del rescate bancario.
A esto hay que sumar que los pagarés que tienen en su poder BBVA Bancomer, Banamex, Bital y Banco Mercantil del Norte ascendieron a 198 mil 417 millones de pesos al último día de junio. Por esos títulos los bancos devengaron 6 mil 900 millones de pesos, sólo en el primer semestre del presente año. El mayor pagaré lo detenta BBVA Bancomer con un total de 198 mil 417 millones de pesos.
En segundo lugar está Banamex con 72 mil 587 millones, seguido por Bital con 27 mil 47. En todos los casos tendrán que ser revisados los créditos que tienen en el Fobaproa para que puedan ser canjeados por títulos del IPAB.
En la medida en que tales financiamientos se efectuaban sin recursos o bien la única garantía eran las mismas acciones, surgieron dudas del auditor canadiense Michael Mackey respecto a su cobrabilidad. Todo ello se debió a la falta de una vigilancia estricta a la forma en que se dio la privatización de las instituciones. Un caso se menciona de la siguiente forma, sin mencionar al banco involucrado:
"En el caso de un banco, conforme con la información recibida de la CNBV, en 1991 un grupo de compradores adquirió ciento por ciento de las acciones del banco de manos del gobierno federal a un precio aproximado de 800 millones de pesos.
"Posteriormente la CNBV determinó que los créditos que ascendían a 600 millones de pesos habían sido emitidos por el banco a 714 accionistas para la adquisición de las acciones y que tales documentos eran dados en prenda como garantía colateral. De acuerdo con la CNBV ésta fue una práctica bancaria inadecuada que ahora está prohibida por la ley.
"En 1993, un grupo de accionistas de este primer banco adquirió un bloque de acciones de manos de un grupo que era propietario de otro banco a un precio que se aproximaba a los mil 600 millones.
"Los productos de la venta se aplicaron en su mayor parte contra los saldos de créditos pendientes por mil 300 millones que los vendedores debían a ese banco en particular. Más adelante la CNBV determinó que los créditos otorgados por diversos bancos los utilizaba el grupo adquirente para financiar la adquisición de las acciones del grupo."
De acuerdo con los documentos que ahora son revisados, los créditos en esta categoría habían sido otorgados sobre la base de la relación de estos individuos con los bancos y por lo general se otorgaban sin garantía alguna.
