Pedro Rivas Monroy
Desarticulación de la seguridad pública
El tema de la seguridad pública en el DF es un tanto recurrente, pues se le utiliza por el adversario político en cualquier momento a falta de mejores argumentos. Los investigadores que se han dedicado a estudiar el fenómeno de la delincuencia saben que iniciar cualquier discusión sobre ese tópico, con personas o instituciones poco avezada en la materia, implica abordar una serie de datos poco confiables, para empezar, la llamada cifra negra que en asuntos de criminalidad siempre está presente.
Hasta hoy el tema de la seguridad pública no ha podido escapar al debate meramente político, pues ninguna de las fracciones partidistas que componen la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) ha presentado algún proyecto serio al respecto, con ánimo de construir una alternativa de seguridad pública que beneficie a la ciudadanía. En este sentido, lo único que se recuerda es una propuesta, por parte de Acción Nacional, de crear un instituto de prevención del delito, órgano que podría ser de mucha ayuda, si se asume responsablemente.
La seguridad pública es un concepto que, a partir de la última etapa del gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, adquirió mucha relevancia. En ocasiones, el discurso oficial la confundía con la seguridad nacional, sobre todo cuando se trataba de justificar la presencia del Ejército mexicano en operaciones ajenas a su competencia.
La seguridad pública es una función de gobierno que tiene como propósito garantizar la convivencia pacífica de la sociedad. Esta tarea se lleva a cabo con base en una estructura que comprende cuatro grandes apartados: la prevención del delito, la procuración de justicia, la administración de la misma y la readaptación social. Estos cuatro rubros tiene que ser eficaces y eficientes como un sistema; es decir, aunque cada uno por separado implica una política con su propia lógica, deben funcionar de manera articulada.
En el caso del Distrito Federal, el jefe de Gobierno se reúne con su equipo de seguridad todas las mañanas, lo cual no ha dado malos resultados, pero tampoco ha recuperado un ambiente de seguridad perceptible para la población, por estar inmerso en la inmediatez. Es evidente que entre los titulares de las cuatro dependencias que componen el sistema de seguridad pública del DF no hay una coordinación institucional, producto de una política pública concertada, pensada y asimilada por cada uno de ellos.
No se está diciendo que las distintas dependencias no están operando, tampoco se sugiere que no hay una buena relación personal e institucional entre los titulares, lo que se debe esclarecer es que si se conjuntaran esfuerzos con estrategias sustentadas en políticas criminales claras, los resultados serían mejores. Algunas instancias que podrían cooperar en el mismo sentido, serían la Consejería Jurídica y la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF). La primera, estableciendo los temas que desde el Ejecutivo local se tienen como prioritarios y la segunda, traduciendo sus recomendaciones en evaluaciones para ir ajustando el sistema.
Las acciones encaminadas para capacitar a la policía con el objetivo de que tenga mayor capacidad de respuesta, o la discusión actual sobre si las instituciones bancarias tienen que garantizar la seguridad al interior de sus sucursales, no tendrán los resultados esperados si no se integran en un sistema de seguridad que lleve aparejadas operaciones de prevención que descongestionen los ambientes de las corporaciones policiacas y que propongan modificaciones procesales que faciliten una procuración e impartición de justicia expedita, así como decisiones encaminadas a una verdadera readaptación social. Esto sólo se alcanzará por medio del trabajo articulado entre la PGJDF, la SSP y la Dirección General de Readaptación Social y, además, con programas específicos de educación.
